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Gas: el Gobierno autorizó aumentos de hasta 20% a partir de marzo

23 febrero, 2022

El Gobierno autorizó hoy un aumento de entre 19% y 20% en las tarifas de gas para usuarios residenciales a partir de marzo, y de hasta 15% para las pequeñas y medianas empresas. Se trata de un “recálculo tarifario con vigencia durante marzo de 2022”, según el Decreto 91/2022, publicado en el Boletín Oficial.

La decisión alcanza a usuarios de las distribuidoras Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Gasnor, Gas Cuyana, Gas del Centro, Litoral Gas, Gas NEA, Metrogas y Naturgy BAN. También, a Transportadora Gas del Sur (TGS) y Transportadora Gas del Norte (TGN).

Ese Decreto autoriza un incremento de ingresos de 60% para las empresas transportistas y del 36% para las distribuidoras. Según lo dispuesto, se aplicarán distintos ajustes por categoría de usuario y cargo.

Así, para usuarios residenciales, el cargo será del 36%; en el caso del servicio general P, que son aquellos destinados a usos no domésticos en donde el cliente no tiene una cantidad contractual mínima, la suba será del 35%, al igual que para el Gas Natural Comprimido (GNC).

Para grandes usuarios, el cargo será del 70%; para subdistribuidores, del 10% y para el servicio general G -para usos no domésticos, en donde el cliente ha celebrado un contrato de servicio de distribución y/o transporte de gas con una cantidad contractual mínima- 50%.

La suba de tarifas apunta a disminuir los subsidios que el Estado Nacional destina al sector energético, y es uno de los puntos que forma parte del acuerdo con el FMI.

El incremento autorizado este miércoles se vincula con los resultados de la audiencia pública sobre las tarifas de gas que se realizó a mediados de enero último. En esa oportunidad, las distribuidoras propusieron un ajuste del 35% para los usuarios residenciales.

El Poder Ejecutivo recordó que por medio del Decreto N° 1020/20, en el marco de la emergencia pública declarada por la Ley N° 27.541, se determinó el inicio de la renegociación de las tarifas correspondientes a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural.

Esa normativa previó la realización de Acuerdos Transitorios de Renegociación como una “adecuada solución de coyuntura en beneficio de los usuarios y las usuarias, así como de las licenciatarias”, de acuerdo con el texto oficial.

El Gobierno aseguró que en las adecuaciones transitorias tarifarias que correspondan “se deberá propender en este período de transición y emergencia sanitaria a garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios”.

Un documento de la Secretaría de Energía divulgado en la audiencia pública detalló que el Estado absorbe el 70,9% del costo del gas, mientras los usuarios, el 29,1% restante.

También consideró que el Estado debería limitarse a financiar el 44,4% de la factura en marzo de este año y entre 47 y 49% para julio, en comparación con la tarifa del mismo mes de 2021.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: AumentosEconomñíaGasTARIFAS
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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