El creciente comercio de certificados truchos con resultados negativos para COVID en Encarnación (Paraguay), sigue generando preocupación a las autoridades sanitarias argentinas.
Días pasados, el propio ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón, explicó a PRIMERA EDICIÓN las dificultades que se presentan en el control sanitario del puente internacional San Roque González de Santa Cruz para determinar que se trata efectivamente de un laboratorio real y no apócrifo.
Esta vez, la fiscal paraguaya Lorena Castelvi, con el apoyo de funcionarios del Ministerio Público y efectivos de la División de Delitos Económicos de la Policía Nacional, allanó una librería ubicada en el barrio encarnaceno de Pacú Cuá, a pocos metros del puesto de Aduanas y Migraciones en la cabecera del viaducto que une Itapúa con Posadas.
“Encontramos entre cuatro y cinco certificados ya impresos con fecha de hoy (por ayer 3 de diciembre) y en la computadora que estaba abierta se encontraba el documento con el formato. A pedido, se cambiaba la fecha, el nombre, y salía con el membrete de la Séptima Región Sanitaria y el Ministerio de Salud de la Nación”, confirmó la fiscal Castelvi a los medios de prensa.
Al ser preguntaba sobre el costo que cobraba la librería, explicó que “según la denuncia ellos los ofrecían por la suma de 10 mil guaraníes cada uno, por la validez de un día, eso indica que para la semana otorgaban varios a las personas que pasan periódicamente”.
La funcionaria judicial contó: “Incauté un celular de la señora que ofertaba y la computadora. Esos instrumentos nos van a dar información sobre los clientes”.
De acuerdo a las documentaciones que obran en el expediente judicial, quien sería la propietaria del comercio venía ofreciendo en grupos de venta de las redes sociales su “servicio” de certificación trucha. La promocionaba por la celeridad: “¿Necesitás certificado de hisopado? Te preparamos al instante. Información confidencial” y adjuntaba su número de Whatsapp.
De acuerdo a la periodista Rocío Gómez, corresponsal del canal GEN, la mujer podría recibir una pena de cinco años de cárcel por producción de documentos falsos.
Recordó a su vez que “el test de COVID es gratuito en el Hospital Regional de Encarnación pero se debe pedir turno y hay espera. Por eso mucha gente optaba por hacer el papel en la librería para no esperar”.
Desde la apertura de los corredores sanitarios seguros que habilitó la Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina- fue el primer operativo judicial conocido hasta el momento, tendiente a combatir la producción de esta documentación con membrete oficial sanitario paraguayo que, luego, era presentado en el paso fronterizo entre Posadas y Encarnación.
