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En Iguazú reclaman falta de atención para trastornos del neurodesarrollo

30 noviembre, 2021

El próximo 4 de diciembre habrá una concentración de padres de niños, adolescentes y adultos con Trastornos del Espectro Autista (TEA). Más allá de ser partes de una jornada de visibilización a nivel nacional, reclaman la falta de profesionales en Puerto Iguazú para el diagnóstico y tratamiento de trastornos del neurodesarrollo.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN desde el grupo de Familias TEA de Iguazú, Rosana Ramírez compartió que “somos unas 30 familias de chicos, jóvenes y adultos con autismo”.

El próximo sábado 4 de diciembre desde las 19 horas “estamos por hacer una caminata hasta la plaza San Martín de Puerto Iguazú, para visibilizar este tema, con los colores azules y carteles alusivos”.

En cuanto a la realidad que viven estas familias de la ciudad de las cataratas, precisó que “hay una Ley que cubre los derechos de las personas con discapacidad, pero la verdad es que nos pisotean”.

Recordó además que “hace poco en Misiones se aprobó también una Ley sobre autismo, donde se establece que los hospitales públicos deben brindar una cobertura, tanto en diagnóstico como en tratamiento. Sin embargo, en el Hospital de Iguazú no hay neurólogo infantil, por tanto hay que ir hasta Posadas, donde hay sólo dos”.

Ramírez aseguró que “es muy difícil para una familia del interior viajar con un niño con discapacidad hasta Posadas y luego esperar hasta tener un turno para ser atendidos”.

Por este motivo, “hicimos varias notas para pedir profesionales en el hospital, porque se necesita fonoaudiólogos, psicólogos, terapia vocacional, neurólogo infantil y psiquiatras. También, para un diagnóstico en autismo los pediatras necesitan una capacitación especial”.

Como parte de su experiencia, contó que “desde que recibimos el diagnóstico de nuestros hijos tenemos que hacer el certificado de discapacidad para que las obras sociales nos cubran las terapias de rehabilitación. Así que es una lucha con trámites y burocracia”.

El drama con las obras sociales

A la hora de acceder a la cobertura por obras sociales, Rosana Ramírez explicó que muchas “trabajan por reintegro para las terapias, pero te piden varios papeles para ser aprobados. Además, sucede que a veces van cambiando los requisitos y no avisan a los afiliados a tiempo para estar listos con todos los trámites”.

Como madre y parte de Familias TEA de Iguazú, compartió que “nuestros hijos requieren demasiada atención y varias madres tiene que dejar sus trabajos para dedicarse únicamente a sus hijos. Con un solo sueldo en el hogar se encuentran con tratamientos que en promedio están en 40 mil pesos por mes en rehabilitación. Por eso, es muy difícil al no contar con obras sociales”.

Asimismo, Ramírez detalló que “hay mucha desinformación a la hora de pedir requisitos para la cobertura en obras sociales. Una mamá de Iguazú tiene mellizos y se pasó casi todo el año sin maestra integradora porque no le están pagando. También exigen títulos con especialidad y en Iguazú, no tenemos una cantidad de profesionales disponibles para cubrir la demanda”.

Desde lo terapéutico, remarcó que “los niveles de apoyo son diferentes según las edades, porque los niños más pequeños necesitan una mayor estimulación y a medida que crecen van modificando su terapia”. Recordó que “el autismo es algo crónico, de todo la vida, con un apoyo constante y con una Ley que nos ampara”.

A nivel educativo, Rosana Ramírez “algunas escuelas están más preparadas y depende de los docentes. También se piensa que deben concurrir a escuela especial, pero es una creencia antigua porque ahora vamos por la inclusión en discapacidad”, agregó.

Con la pandemia, comentó que “se reforzaron las necesidades y fortalezas. Por un lado, hubo una contención familiar en niños que haciendo la tarea en sus casas donde avanzaron más que en la escuela, porque el padre buscaba la forma de estimularlo. Entre las faltas, algunas terapias se cortaron y para los pequeños hubo varios retrocesos. Además, se vivieron crisis por estar encerrados”.

 

Años de reclamos para generar una inclusión

Entre las experiencias locales, desde la agrupación Iguazú Despierta y deja Huella, Andrea Fuentes Schwab lleva años militando sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y las patologías del nuerodesarrollo: “Lamentablemente estos diagnósticos se dan a edad temprana y a veces hay familias que no tienen conocimiento para poder darse cuenta que su hijo tiene una diferencia con respecto a los demás”, detalló a PRIMERA EDICIÓN.

Además, sostuvo que “los pediatras, tanto en Iguazú como en general en la provincia, no están capacitados”.

En 10 años, aseguró que “al menos en información se cambió un poco, porque se conoce que es el TDAH. También, fueron apareciendo cada vez más niños y hasta adultos, como fue en mi caso, que hace unos meses recibí un diagnóstico. Al acompañar a mi hija fui descubriendo lo mismo que siempre me pasó, aunque en mi época se hablaba menos de este tema y el contexto familias era muy diferente a la hora de expresarse. El TDAH, por lo general suele ser algo hereditario”, agregó.

En las capacitaciones brindadas, indicó que “mucha gente participó, pero lamentablemente no tantos profesionales de la salud. Después de 10 años, el médico me sigue preguntando como se escribe la sigla del trastorno de mi hija. Al principio los docentes se hicieron eco de esta problemática, pero muy pocos participan de capacitaciones que no tienen puntuación”.

Sobre la ley, Fuentes Schwab dijo que “hay un montón de cosas que no se están cumpliendo. Establece que debe tratarse en los hospitales públicos, lo cual es difícil por la demanda que existe, además que atiende otras patologías. Los chicos que no tienen obra social no tienen la posibilidad de recibir un tratamiento”.

En estos años, detalló que “los papás de Iguazú teníamos que aprender cuáles profesionales trataban esto (por el TDAH). Había que viajar hasta Posadas, seis horas de ida y otras seis de vuelta, esperar por atención y todo pagado por cada familia”.

Tags: atenciónfaltaPuerto Iguazútrastornos del neurodesarrollo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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