Los dos firmantes del acuerdo de paz que terminó con buena parte del conflicto interno en Colombia, el expresidente Juan Manuel Santos y exjefe insurgente Rodrigo Londoño, coincidieron hoy con el mandatario Iván Duque y el titular de la ONU, Antonio Guterres, en un acto en el que celebraron el Quinto aniversario del histórico entendimiento y se comprometieron a redoblar los esfuerzos por la paz.
En lados opuestos hace cinco años, Santos –Premio Nobel de la Paz por impulsar los acuerdos- y Duque, a menudo contendientes dialécticos a través de los medios, se dieron un apretón de manos cargado de simbolismo.
El encuentro fue en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que juzga los peores crímenes de un conflicto que en medio siglo dejó 9 millones de víctimas entre muertos, mutilados, secuestrados y desaparecidos, y se escucharon también algunas voces de víctimas del conflicto.
“Insistimos en pedir perdón a las víctimas de nuestras acciones durante el conflicto; la comprensión de su dolor crece a diario en nosotros y nos llena de aflicción y de vergüenza”, dijo Londoño, alias Timochenko, el excomandante de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) convertidas ahora en el partido legal Comunes.
Londoño renovó el compromiso de la mayoría de los 13.000 hombres y mujeres que se mantienen fieles a los acuerdos de paz tras entregar los fusiles, y pese a la violencia que sufren los excombatientes, con cerca de 300 asesinados desde 2016.
“Nada ni nadie podrá minar nuestra convicción de que el camino emprendido es el correcto”, sostuvo Londoño.
Santos, a su turno, juzgó “positivo” el balance de los cinco años de implementación del acuerdo, porque “el tren de la paz que tantos y tantas han querido descarrilar o detener sigue su curso, sigue avanzando”.
Tuvo un párrafo especial para Duque, otrora fuerte opositor al entendimiento como su partido, Centro Democrático: “El presidente se montó en el tren de la paz como lo hemos visto con mucha satisfacción últimamente”, destacó Santos.
“¿Quién hubiera creído que exactamente cinco años después de la firma en el teatro Colón estaríamos sentados en la misma mesa, en la misma sala, el secretario general de la ONU, el presidente de la República, el excomandante de las FARC, hoy presidente del partido Comunes, y este servidor?”, se preguntó el Premio Nobel.
Duque, después, reclamó una “verdad total” y “no adaptada” para las víctimas, y consideró que en la construcción de la paz hay que enviar mensajes claros a quienes quieren arrebatar la tranquilidad al país.
Ante versiones de que buscaría retomar las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la única guerrilla orgánica vigente en el país, repasó que cuando se intentaron acuerdos el grupo armado respondió con más crímenes y violencia.
“El mensaje que le hemos dado al ELN es coherente: alcanzar la paz requiere un compromiso que no sea de palabra. Eso implica no más secuestrados, ni crímenes”, afirmó el jefe de Estado, para quien “pretender hablar de paz mientras se asesina y secuestra es una burla a la Colombia que busca la paz todos los días”.
Y sentenció: “La paz con legalidad es una realidad y avanza porque queremos una mejor sociedad”, reportó el sitio del diario El Nuevo Siglo.
Reveló el mandatario que antes del 7 de agosto de 2022, cuando debe entregar el mando a quien gane las elecciones de marzo, estará terminado e inaugurado el Museo de la Memoria Histórica de Colombia. Y concluyó: “La paz con legalidad es una realidad y avanza porque queremos una mejor sociedad”.
El trabajoso acuerdo con las FARC, después de años de negociaciones en La Habana, redujo el nivel de violencia en el país pero no frenó el conflicto por completo, porque el narcotráfico y la minería ilegal alimentan a nuevas o antiguas fuerzas que, según estimaciones independientes, reúnen a unos 10.000 combatientes.
En puntos alejados de las grandes capitales fueron asesinados excombatientes, indígenas y activistas de derechos humanos.
Sobre ese punto pareció ir Guterres cuando volvió a advertir sobre los “riesgos para la paz” que encarnan “los grupos armados en conexión con el narcotráfico” y cuando reclamó “revertir esta tendencia concentrando todos los esfuerzos en los lugares en donde la violencia es más intensa”.
La JEP prepara las primeras sentencias contra el antiguo mando rebelde por más de 21.000 secuestros, pero también juzga a militares por unas 6.400 ejecuciones de civiles que fueron presentados como caídos en combate, los llamados “falsos positivos”, para inflar sus resultados en la lucha contra la guerrilla.
El titular de la JEP, Eduardo Cifuentes, afirmó que “pese a las críticas equivocadas de algún sector” la tarea de este cuerpo creado especialmente “ha sido efectiva”.
“Las imputaciones y las sentencias, en los próximos años ofrecerán la verdad que demanda el país y las víctimas. Nunca más se podrá aspirar a llegar al poder por la violencia. Nunca más se podrá pisotear la dignidad humana desde el Estado o por fuera del Estado. El miedo a la verdad, que ya con la JEP no es un peregrino errante, todavía nutre a algunos detractores de esta institución”, subrayó Cifuentes, según el diario El Tiempo.
El acuerdo de paz establece que quienes confiesen sus crímenes, reparen a sus víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia podrán recibir penas alternativas a la cárcel. De lo contrario, se exponen a penas de hasta 20 años.
Mientras, el diario El Tiempo citó a un funcionario de la Casa Blanca para confirmar la decisión de Estados Unidos de sacar a las FARC de la lista de organizaciones terroristas –ayer era una chance-, pero incluir a partir de ahora a dos grupos de la disidencia, que no se sometieron a los términos del acuerdo de paz, Nueva Marquetalia (encabezado por Iván Márquez) y la facción que lidera el guerrillero Gentil Duarte.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
