El concejal de Santa Ana, Luis Enrique “Pato” Silva, presentó tres denuncias en la Fiscalía de Instrucción N°3 de Posadas, contra el intendente municipal santanero Pablo Castro, la Secretaria de Acción Social y el Contador municipal por la probable comisión de delitos contra la administración pública.
La primera denuncia está relacionada con “el dictado de resoluciones u órdenes contrarias a la ley provincial XV-N°5 Orgánica de Municipalidades, teniendo en cuenta que el Concejo de Santa Ana había recibido un proyecto para autorizar una intervención artística en las pirámides de la plazoleta boulevard de la avenida San Martín, por un monto de $669.300”. Pese a que el mismo no fue aprobado, las obras se llevaron delante de forma irregular.
Consultado por PRIMERA EDICIÓN, el edil denunciante Luis Silva comentó: “Esto no fue aprobado por el Concejo, pero igual avanzaron con las obras, por eso hacemos la denuncia sobre algo que se está haciendo con fondos municipales”.
“El Intendente no puede ordenar o resolver que se realice obra alguna en el monumento citado, por estársele vedado el mismo sin la previa intervención y aprobación del Concejo Deliberante de la localidad de Santa Ana”, afirmó.
En la segunda denuncia se apuntó a que el Ejecutivo municipal de Santa Ana “no estaría publicando los balances trimestrales, ordenanzas impositivas, y la memoria y el balance financiero anual”.
Al respecto, Silva dijo que “es documentación que nunca presentan”, pese a que “el Intendente tiene la obligación de publicar y fijar ejemplares de los balances trimestrales y el Balance del ejercicio financiero en las oficinas públicas”.
Y recordó que “cuando me apersone con un grupo de diputados y concejales del frente político al cual pertenezco, a fin de solicitar información y para que exhiba los comprobantes de gastos del ejercicio presupuestario 2020, fuimos literalmente echados mediante el uso de la violencia del edificio Municipal”, en relación al escandaloso episodio ocurrido en julio pasado.
Mientras que en la tercera denuncia se cuestionó que Castro habría nombrado en el municipio, como responsable de la Secretaría de Acción Social, a Mariela Scholles; y como encargado de la Contabilidad municipal a César Ferreira, quienes “no tendrían los requisitos legales establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual establece que los funcionarios deben poseer título universitario y estar matriculados en el colegio profesional correspondiente”.
“Fueron nombrados a dedo personas no profesionales y que no tienen matrículas”, expresó y agregó que “el propio Tribunal de Cuentas de la provincia, en la aprobación de la rendición del ejercicio presupuestario 2019 del municipio de Santa Ana, plasmó que el señor Ferreira no cumpliría con los requisitos establecidos para el ejercicio de la función que desempeña, motivo por el cual formuló una sanción con reparos sustanciales y formales en donde Castro tuvo que pagar una multa”.
Sobre las expectativas, el concejal indicó que “tengo toda la fe puesta para que las denuncias avancen y estamos esperando a ver qué pasa con todo esto”. Además, recordó que “llevo dos años de gestión, y el Balance nunca lo presentaron. Hicimos varios pedidos, con notas y reiteración de notas que nunca fueron contestadas. Por eso nos vemos obligados a presentar las denuncias correspondientes”.
Mientras que, a modo general, criticó a la Intendencia porque “están mal acostumbrados, ellos trabajaron así toda la vida y nunca ningún concejal les pidió rendición de cuentas. Hoy nos ajustamos a la ley y eso molesta bastante”.
“En algún momento pedimos una comisión investigadora y tampoco dieron curso a eso. Desde diciembre venimos avisando que vamos a denunciar si no presentan los papeles, y nunca presentaron nada. A veces mandan el libro completo, pero sin explicar nada sobre lo que se dice ahí, porque esa no es la realidad, nosotros queremos ver los comprobantes de pago para saber en qué se gastó el dinero del pueblo”, criticó.
“Son todas maniobras oscuras, no hay certezas de nada porque no presentan la información necesaria”, finalizó.
Conflicto con hechos violentos
Cabe recordar que en julio pasado se vivieron momentos de tensión en Santa Ana cuando concejales y diputados opositores fueron expulsados a empujones del edificio municipal. Esto se debió al pedido realizado por el edil local, Luis Enrique Silva, para acceder a información relacionada al Balance Municipal 2020, solicitud que, según denunció, fue rechazado por sus pares oficialistas y el intendente Pablo Rosalino Castro.
Como consecuencia, en agosto, los tres concejales renovadores que responden al intendente Castro aprobaron una insólita resolución en la que multaron al edil del frente Cambiemos con 6.000 pesos. En ese momento, el “sancionado” Silva indicó que la medida “no tiene sustento jurídico”.
