Santa Ana: escándalo derivó en una denuncia penal contra el intendente Castro y funcionarios

VIOLENCIA. Por la angosta puerta de la Municipalidad sacaron a los opositores.

Momentos de tensión se vivieron en Santa Ana cuando concejales y diputados opositores fueron expulsados a empujones del edificio municipal. Esto se debió al pedido realizado por el edil local, Luis Enrique Silva, para acceder a información relacionada al Balance Municipal 2020, solicitud que, según denunció, fue rechazado por sus pares oficialistas y el intendente Pablo Rosalino Castro.

Sobre la tensa situación, entrevistado por PRIMERA EDICIÓN, Silva contó que “fuimos a pedir las documentaciones del Balance 2020. Llegamos al Municipio con diputados de la provincia, concejales de otros municipios, y vecinos que me acompañaban”.

“Lo que hice fue pedir la documentación y la respuesta fue una negativa rotunda, me respondieron que tengo que ir al Tribunal de Cuentas a solicitar eso. El Intendente me dijo que mi pedido no correspondía”, relató y agregó: “Cuando nos retirábamos para hacer una exposición en la comisaría sobre que no me quisieron entregar las documentaciones para revisar, nos encontramos con unas 50 ó 60 personas dentro del lugar, detrás mío salió el intendente que habló y nos acusó de macristas, y la gente empezó a gritarnos, nos empujaron y nos sacaron a todos de mala manera. Lo único que queríamos era ver las documentaciones”.

Al mismo tiempo opinó que “es algo muy triste que pase esto en nuestra localidad. Con el accionar de ellos retrocedimos a los tiempos de matones y patotas”.

“Fui a reclamar los derechos que me corresponden como concejal para informar a la comunidad sobre los actos de gobierno, que para eso me eligió el pueblo. Hice la exposición en la comisaría y ahora veremos cómo sigue esta cuestión”, completó.

Conflicto anticipado

El concejal Silva también señaló que “anteriormente se hizo el mismo pedido por nota y la documentación no fue presentada”.

En el mismo sentido recordó que “hace tiempo llamaron a una sesión especial para aprobar la Memoria y Balance Presupuestario, en ese momento pedí que se presenten el contador y el tesorero municipal con las documentaciones para que den la explicación técnica y comprueben con las boletas de gastos. Ellos vinieron pero no trajeron las documentaciones, entonces se pasó a un cuarto intermedio”.

Sin embargo, “esa misma tarde llamaron a una nueva reunión debido a que el Intendente quería comprar una máquina”.

“Pero para mi sorpresa en ese momento el presidente del Concejo puso a consideración la Memoria y Balance, y la mayoría votó a favor de la aprobación”, describió.

“Pedí la impugnación por nota de todo lo que ocurrió, no me contestaron. El lunes pasado tuvimos sesión, pusieron a consideración mi pedido de impugnación que fue rechazado por la mayoría”, recapituló.

Finalmente amplió que “la sorpresa mayor es que ese día aprobaron el balance, pero recién una semana después se sentaron los cuatro concejales renovadores a revisar toda la documentación. O sea que aprobaron todo sin mirar antes. Hicieron todo el procedimiento al revés”.

ENFRENTADOS. La tensión comenzó a elevarse dentro del edificio municipal, luego de unas breves palabras brindadas por el Intendente.

Denuncia penal

El escándalo dentro de la Municipalidad de Santa Ana derivó en denuncias penales. Al respecto, consultado por FM 89.3 de las Misiones, el abogado Alejandro Bornet, aseguró que “se ha realizado una denuncia penal en la comisaría de Santa Ana por la probable comisión de los delitos de lesiones leves, amenazas e instigación a la violencia”.

“Uno de los hechos más graves y preocupante es que se ha ejercido violencia contra la diputada electa (Micaela) González Coria”, consideró.

En relación a quiénes serían los apuntados, indicó: “Para la denuncia hemos identificado a la secretaria de Acción Social del Municipio, Mariela Soler; también un funcionario público de nombre Morales que está encargado de Obras Públicas; y distintas personas que conforman la planta orgánica de la Municipalidad”.

Finalmente, remarcó que “estos actos, específicamente en lo que concierne a la materia penal con el delito de instigación a la violencia, fueron maniobras direccionadas por funcionarios de la Municipalidad encabezados en este caso por el intendente Castro”. Motivo por el cual la denuncia también fue dirigida al jefe comunal de la localidad.