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“Prefiero que me juzgue el portero de un edificio que un juez”

16 octubre, 2021
EN LA MIRA. Se multiplican las críticas contra la Justicia, de parte de abogados, y puntualmente contra el STJ.

El funcionamiento de la Justicia se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de las numerosas críticas que se multiplicaron en los últimos días. Y el hecho de que nadie de ese Poder salga a responder ni defender la situación, posiblemente, demuestre que mucho de lo que se dijo es verdad.

Primero fueron los abogados Rodrigo Bacigalupi y Fernando Orbe, y ahora fue el turno del penalista Eduardo Paredes, quien dialogó con FM 89.3 Santa María de las Misiones y brindó sus apreciaciones sobre la situación.

Recordó que “desde el ‘83 nunca hubo una discusión profunda sobre una reforma para adecuar al modelo original, por ejemplo, en cuestiones penales, el modelo acusatorio. Con eso no se van a resolver todos los problemas, pero se va a empoderar a gente en una de las agencias del Estado más oscuras”.

Y dijo que “en 2014 había un proyecto de Código Procesal Federal que incorporaba el juicio por jurado, que sacaba mucho poder a los jueces federales y pasaba todo a los fiscales”, agregando que “finalmente (Mauricio) Macri cuando asume, con DNU, lo pone en suspenso” y también mencionó que “hubo mucho lobby de los jueces de Comodoro Py para que no cambie nada”.

Paredes sostuvo que ahora “el Gobierno nacional crea juzgados pero es una gran burocracia con sueldos muy altos y un servicio muy pobre. Los jueces condenan en materia penal de forma rutinaria, burocrática, con pocas pruebas, no hay niveles de revisión”.

 

EDUARDO PAREDES. Abogado penalista y docente universitario.

Si a mí me acusaran de un delito yo preferiría que me juzgue el portero de un edificio que un juez profesional, salvo alguna excepción, porque es una gran burocracia”, dijo tajante.

 

 

 

 

 

Agregó: “En eso coincido con Bacigalupi acerca de que no hay empatía por la estructura burocrática. No es sólo en Misiones porque es similar lo que pasa a nivel nacional. Toda esa estructura carísima, con sueldos altísimos, debe ser discutida”. Y comparó, por ejemplo, la situación de Misiones con Neuquén: “Si Neuquén tiene un 7% (de presos sin condena) con proceso acusatorio, porqué Misiones tiene 50%. Porque no hay una política coordinada, en definitiva, no va a cambiar si no hay una decisión política de que cambie”.

 

Consejo de la Magistratura

El penalista también opinó que “en lo penal el Consejo de la Magistratura (de Misiones) no ha mejorado nada. Después de 20 años tenemos la misma tasa de gente condenada sin prueba y sin revisión de lo que han hecho”.

Recordó “el caso Cristina Vázquez, la chica murió, dos veces anuló la Corte (la condena) y el Superior Tribunal de Justicia de Misiones lo confirmó, no se dio ninguna explicación”.

Indicó que “en prisión preventiva más de la mitad de los presos no tiene condena, tienen años tirados en cárceles sin sentido, las cárceles deberían ser cómodas, para los condenados”, y esto ocurre “porque no hay una política que tiene que bajar del Superior Tribunal, coordinando con Ministerio de Gobierno, las estrategias a mediano plazo”.

Remarcó que el Consejo de la Magistratura “no ha funcionado por los resultados que tiene, pero tampoco se definió un modelo de juez. Se traen profesores que toman un examen que no supera un examen de grado, después es decisión política del gobernador de elegir a quién quieren”.

Sobre el proceso de selección de jueces, consideró que “es preferible volver a la nominación a dedo porque no se sabe qué modelo judicial queremos, un modelo con pocos presos, como el noruego, muy civilizado o queremos organismos verticalizado con las cárceles saturadas, son preguntas políticas, qué queremos hacer, para qué, qué modelo queremos”.

“Son preguntas políticas antes de (crear) cualquier Consejo de la Magistratura y que define el modelo. Esta pregunta no se hizo y no creo que se vaya a hacer”, explicó.

 

No interesa a la política

El abogado opinó que el tema de mejorar la Justicia no le interesa al poder político: “a nivel nacional hay una discusión pero en la provincia este tema evidentemente no interesa, no se discute”.

Explicó que “al poder político le interesa tener un Poder Judicial y un fuero penal cercano porque tiene la idea de que puede convertirse en un arma de persecución”.

“El fuero penal no es operativo contra el poder sino contra gente vulnerable, es una regla universal. Si uno con poder se pelea con otro con poder, la justicia puede operar sobre uno de los dos” dijo y puso como ejemplo los procesos judiciales que atraviesan los dos expresidentes, Cristina Fernández y Mauricio Macri.

“Eso hace que ellos terminen por construir un Poder Judicial burocrático, verticalizado y cercano, para manejar y establecer operadores con la idea de que no sea un problema. En ninguna parte del mundo es un problema para la clase política”, reflexionó.

Y advirtió que “el problema lo tiene el ciudadano de a pie que cae en esa burocracia. Es ahí donde no interesa políticamente. En la provincia no hay un norte teórico, no saben a dónde van”.

“Hay que deconstruir esto, pero políticamente no interesa, se pretende un Poder con presupuesto bajo, cercano, verticalizado, tener cercanía con el Superior Tribunal, estamos en las antípodas de un modelo libre, eso no interesa políticamente”, enfatizó Paredes.

Y en términos electorales tampoco interesa, y contó por qué: “Hay 1.700 presos, si uno suma abogados y familiares serán 20 mil personas, eso no mueve la aguja política para nada”.

 

El Superior Tribunal de Justicia

El penalista Eduardo Paredes enfatizó que “el responsable de no tener una política clara en prisión preventiva es el STJ, no tiene norte, no está discutido, es un órgano burocrático, no hay una definición política de qué se quiere hacer con este poder”.

Sobre cómo se podría cambiar el rumbo y mejorar el servicio de justicia, sostuvo que “hay prácticas internas en las burocracias que no se cambian, las prisiones preventivas no terminan nunca. Pero acá se debe dar una discusión política amplia para cambiar este modelo de jueces, pasar a un proceso acusatorio, empoderar a la gente, reformular la estructura de legislación de procedimiento”.

 

Si uno mira nuestro Superior Tribunal, con todo el respeto a los que están ahí, no se puede ver una gran trayectoria académica en algunos”, remató.

 

Tags: CríticasEduardo ParedesFM 89.3MisionesPoder Judicial
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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