En pocas semanas los argentinos volveremos a las urnas para las elecciones de medio término y las Primarias abonaron un terreno de tensiones de cara a la siguiente contienda electoral. Con el resultado puesto, el Gobierno nacional debió operar un cambio de prioridades urgente y puso a la inflación entre sus prioridades absolutas. Lo anecdótico y trágico a la vez es que sucede justo cuando se romperá la inercia de desaceleración (mínima) de los precios que se venía manifestando en los últimos tres meses. Y es que desde ahora la espiral vuelve a ser ascendente. Por lo tanto, está claro que el Gobierno en particular y los argentinos en general no la tendrán fácil en cuanto a los precios.
También es irónico que la escalada inflacionaria suceda cuando están vigentes nada menos que dieciocho programas de controles de precios a lo largo y ancho de todo el país. A estas alturas del mandato ya cabe el cuestionamiento, porque es inusual que poniendo en práctica tantos mecanismos de control de precios el IPC apunte a cerrar el año más cerca del 50% que del 25%, por arrojar un índice bajo en lo que a inflaciones argentinas se refiere.
Los especialistas señalan que la inflación núcleo (la medición que no tiene en cuenta a los precios regulados y los que tienen variaciones estacionales) continúa por encima del índice general, lo que deja al descubierto que las tensiones inflacionarias lejos están de disiparse. Así las cosas, toda la maquinaria gubernamental puesta al servicio de mantener a raya a los precios, como mucho, hizo que los índices de precios de mayo junio y julio estuvieran apenas por encima del 3% y que el de agosto descendiera al 2,5%. Pero esa inercia ya se disipó y septiembre cerró recalentado.
Los desequilibrios y las enormes distorsiones de la estructura económica argentina no se resolverán con programas de controles de precios ni nada parecido. La discusión de fondo sigue sin darse.
