El juez de Ejecución Penal Federal de Posadas, Manuel Alberto Jesús Moreira, denunció a las autoridades (en Misiones) de la Dirección Nacional de Migraciones ante la posible comisión del delito de “desobediencia judicial” por no hacer efectivas al menos seis órdenes de expulsión de ciudadanos paraguayos cuyas condenas por delitos federales ya cumplieron el plazo necesario previsto por la ley 25.871.
La presentación ante la Fiscalía Federal de primera instancia se concretó el martes y Moreira (también camarista integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas) acompañó el pedido con los documentos que probarían que “hasta la fecha, no se hicieron efectivas las disposiciones de extrañamiento de los condenados que han cumplido su mitad de condena”. Se trata de los pedidos de expulsión realizados por seis paraguayos que forman parte de los 21 detenidos por delitos federales alojados en un pabellón de la Unidad Penitenciaria 1 de Loreto que se encuentran en huelga de hambre desde el lunes por planteos similares.
El pedido de investigación judicial efectuado por el juez Moreira alcanzaría a las funciones de Martín Braulio Sancho, delegado de la Dirección Nacional De Migraciones delegación “Posadas” y de asesores y directores de la dirección Asuntos Jurídicos y del departamento Extranjeros Judicializados, del mismo organismo dependiente del Ministerio del Interior.
De acuerdo a fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, los pedidos de los defensores oficiales Claudio Augusto Amarante y Eugenio Nicolás Bolotner, titular y coordinador de la Unidad de Control de Ejecución de las Penas Privativas de la Justicia Federal en Posadas, respectivamente, apuntan a que estos seis ciudadanos paraguayos deben ser expulsados porque ya fueron aprobados oportunamente por el juez Moreira y remitidas las órdenes para que se cumplieran a las autoridades migratorias en reiteradas oportunidades. Hasta con pedidos de carácter de “Reiteración-Muy urgente” en agosto y septiembre de este año.
Todas las requisitorias fueron respondidas por la Dirección Migraciones de manera idéntica: “No se ha dictado acto administrativo en relación al extrañamiento (…) encontrándose las mencionadas actuaciones en el departamento Extranjeros Judicializados de este organismo a fin de evaluar los antecedentes penales del nombrado y determinar procedimiento legal a seguir”.
La posible dilación que reclama el Juzgado Federal de Ejecución Penal se contextualiza con “la huelga de hambre iniciada en la Unidad Penal I de Loreto del SPP en reclamo del derecho de expulsión del país juntamente con la repercusión social que generó la medida dispuesta por los internos”. También estima que la demora profundiza la saturación de la capacidad de alojamiento de las cárceles en la provincia.
Trámites completos
El reclamo de los seis condenados federales tendría cumplido todos los trámites respectivos ante Ejecución Penal. Por ejemplo los requisitos de la mitad de la pena transcurrida y el rechazo a la ciudadanía argentina (en el caso de los nacionalizados).
Todos los actos administrativos planteados por los defensores públicos federales y la decisión del juez de Ejecución Penal fueron remitidos a la Dirección de Migraciones, por lo que resulta aún más sorprendente la demora cuando era habitual que la diligencia se cumpliera rápidamente y se concretaran las expulsiones de los condenados por los pasos fronterizos habituales, en la mayoría de los casos, por el puente Posadas-Encarnación.
En los seis casos que fueron reclamados, las condenas corresponden a delitos por violar la ley 23.737 o de drogas y la 22.415 de infracciones al denominado Código Aduanero. Todos con penas de cuatro años de prisión cuya mitad ya se cumplió este año, por lo que el pedido o beneficio de expulsión los contempla, con las exigencias de la ley respectiva (25.871) de no reingresar a la Argentina hasta que la sentencia se cumpla por completo.
Protestas que continúan
Internos con condena de la Unidad Penitenciaria I de Loreto iniciaron el lunes una huelga de hambre en reclamo de celeridad en sus situaciones judiciales. De los 26 que iniciaron la protesta ayer la mantenían 21, entre ellos los seis condenados paraguayos con la expulsión autorizada por el juez de Ejecución Penal, Manuel Moreira.
El reclamo apunta también a la supuesta lentitud en la resolución de sus pedidos de beneficios como: prisiones domiciliarias, libertades condicionales y períodos de prueba, entre otros.
Situación similar con detenidos de la Justicia provincial se replica en la UP-7 de Puerto Rico del SPP, donde son 14 los detenidos que se manifiestan con la no ingesta de alimentos sólidos.
