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Dólar e inflación, brechas notables

23 septiembre, 2021

Con la difusión por parte del INDEC de las tasas de variación del promedio de precios al por mayor y del costo de la construcción en agosto se completó el amplio menú de indicadores necesarios para poder sacar una clara fotografía de las brechas que se han ampliado en los últimos 12 meses, no sólo en el terreno cambiario, sino entre las diferentes mediciones de inflación, y determinar las expectativas que generan tanto para el corto como el mediano plazo.

En el plano cambiario, la ausencia de un plan económico que impide abordar un rápido y buen acuerdo para la renegociación de los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional lo complica todo.

Tras haber logrado el ministro de Economía, Martín Guzmán, un entendimiento con los acreedores privados en moneda extranjera en agosto de 2020, llevó a ampliar la distancia entre el precio del dólar Bolsa o MEP con el mayorista que rige para el intercambio comercial de 70% en aquel momento a casi 82% un año después; se estiró de 83% a 88% en el segmento libre o marginal, mientras se mantuvo en poco más de 75% en el contado con liquidación fuera del país.

 

Devaluación

Brechas notables también se advierten no sólo en el ritmo de variación de los principales tipos de cambio, sino también en los índices de inflación, tanto entre los grandes agregados a nivel consumidor, mayoristas y costo de la construcción, como en el interior de los subíndices que los integran.

En el caso del aumento del dólar oficial mayorista que fija diariamente en forma discrecional la mesa de cambios del Banco Central con la variación de la tasa de inflación (IPC Consumidor Indec) en los últimos doce meses acumuló un rezago de 20 puntos porcentuales.

Esto lleva a pensar que se está frente a un significativo atraso cambiario que en algún momento se tendrá que corregir, con el consecuente efecto contractivo sobre la capacidad de compra de los ingresos habituales de la población, y también sobre las decisiones de actividad de las empresas por su impacto sobre los costos de producción y de importación.

Los rezagados son menores en los tipos de cambios alternativos por efecto de los crecientes controles que imponen las acciones conjuntas del Banco Central, Comisión Nacional de Valores y la AFIP, pero de igual forma presionan sobre el resto de los precios de la economía.

 

Cambios en los precios relativos

En los últimos 12 meses, hasta agosto el INDEC midió una suba del 51,4% en el IPC; 60,5% en el Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) y 66,2% en el Índice del Costo de la Construcción (ICC). Si bien entre esos índices no existe una correspondencia directa, que determine que uno anticipe al otro, en particular del canal mayorista al consumidor.

Esto es porque se construyen con metodologías diferentes y además el primero tiende a reflejar una parte de los costos de las empresas, y en el segundo la variación del valor de una canasta fija de consumo de los hogares, la cual incluye bienes y servicios públicos y privados.

Sin embargo, en períodos largos las tasas de variación tienden a converger, en particular en los momentos en que no están afectados por regulaciones de la Secretaría de Comercio Interior.

 

Aumenta la presión

De ahí que en algún momento del tiempo, probablemente en 2022, porque es un año que no estará condicionado por la proximidad de las elecciones nacionales, el Gobierno tome medidas que contribuyan a cerrar esas brechas.

En particular porque en los grandes componentes de esos índices generales de precios se han acumulado notables diferencias que generan presiones para que tiendan a achicarse.

En el IPC, mientras que el índice general aumentó desde agosto 2020 hasta igual mes del corriente año 51,4% -se afirmó por tercer mes consecutivo por arriba del umbral del 50%-, la inflación núcleo se aceleró a 55,5% y amplió la distancia con el conjunto de los regulados a más de 18 puntos porcentuales -subieron 37,2%-.

También entre los mayoristas, se elevaron en promedio 60,5% en los últimos 12 meses hasta agosto. El INDEC registró enormes distancias entre sus componentes: Primarios 56,8%; Industriales 62,4%; Importados 56,1%; y Energía Eléctrica 48,7%.

En este último caso, el Ministerio de Economía anticipó que el objetivo para el próximo año es recortar los subsidios en las tarifas, en particular a los sectores menos vulnerables entre los que se incluyen las empresas.

El índice del Costo de Construcción no fue la excepción. Mientras el promedio subió 66,2%; los materiales se encarecieron 78,4%; y los salarios se elevaron 55,5%.

 

Presión sobre las reservas

Semejante ampliación de la brecha en el amplio menú de tipos de cambios que se derivan de los controles y restricciones al comercio exterior; como entre las variaciones de los diferentes índices de precios, al consumidor y al productor, tienen consecuencias negativas sobre la economía en su conjunto.

Así lo manifiestan la sostenida caída de las reservas en divisas del Banco Central, el mayor ritmo de aumento de las importaciones que las exportaciones, pese a que la actividad agregada no logra hilvanar dos trimestres consecutivos con crecimiento desde niveles aún muy bajo, como informó el Indec – el PBI se contrajo 1,4% en el segundo respecto del primero-, y en el deterioro de las expectativas de los empresarios y consumidores para el corto y mediano plazo, porque impide una adecuada planificación de la producción y de los gastos.

 

“Hay crisis social”

Hay un nivel de pobreza que supera el 45%, porcentajes de desempleo de dos dígitos, informalidad laboral de 35 puntos y los salarios de los trabajadores formales privados están en torno a los $60.000, es decir, por debajo de la línea de indigencia de una familia tipo en la ciudad metropolitana. “Tenemos el patrón distributivo más regresivo desde el año 2002, ya que el 50% de los ingresos se lo apropia el 20% más rico, y el 20% más pobre le toca el 4%. Con todos los datos que se conocen, te das cuenta de cuál fue el cuadro social en que Argentina enfrentó las PASO. Hay una crisis social”, detalló el lunes el director de la consultora Equis, Artemio López.

Tags: #economíaArgentinaBrechasConsumoDólarInflacióningresosJubiladostrabajadores
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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