Cuando se barajaba ayer que dejaría de ser un misterio su paradero y se presentaría a defender su pedido de habeas corpus para no ser buscado ni encarcelado por desobediencia judicial, el exdiputado provincial y exintendente de Almafuerte, Pedro Darío Pietrowski volvió a optar por la rebeldía y esta vez su “faltazo” fue a la audiencia que su abogado había solicitado para que la juez Marcela Leiva analice el recurso de habeas corpus que presentó esta semana.
Su ausencia de ayer fue la cuarta negativa a una orden judicial. Las tres primeras correspondieron a las citaciones a debate oral como acusado del delito de “amenazas”. Las dos primeras adujo presión alta y COVID-19, respectivamente. La tercera, su nuevo abogado, Ricardo Skanata, sostuvo que ya estaba vencido el plazo para juzgarlo porque consideraban prescripta la causa, iniciada en 2018 por la exesposa del exjefe comunal.
Ayer a las 9, la jueza Correccional y de Menores 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Marcela Leiva aguardó a Pietrowski para la audiencia de habeas corpus. Su presentación y explicación podrían haber sido aceptadas y hasta habría continuado en libertad su espera por la apelación que presentó ante el Superior Tribunal de Justicia su defensa.
La primera citación para ser juzgado fue el 18 de abril de este año y presentó un certificado médico por padecer un cuadro de hipertensión. El segundo fue el jueves 3 de junio, pero nuevamente el único ausente fue el acusado. Esta vez fue test positivo de COVID-19. La tercera fecha indicaba tajante que sería buscado por la fuerza pública. Pero tampoco concurrió, fue su defensor el único que acudió (al igual que ayer) para anunciar que habían recurrido al Superior Tribunal de Justicia porque consideran que no puede ser llamado nuevamente a debate porque el delito prescribió.
Tres años después…
El 4 de agosto de 2018, Celia Mabel Smiak (45) ingresó desesperada a la comisaría de Leandro N. Alem para buscar resguardo para ella y sus tres hijos y denunciar a su expareja, Pedro Pietrowski por amenazas de muerte.
Durante veinte años Pietrowski fue alcalde de Almafuerte y en 2019 fue derrotado por su denunciante a su intento por volver al poder de la localidad de alrededor de 1.500 habitantes. Su expareja aseguró que fue amenazada de muerte en reiteradas ocasiones y que ya no alcanzaba la restricción de hogar judicial, dormía en una habitación de la casa de su padre.
De acuerdo al auto de elevación a juicio de la fiscal de Instrucción 5 de Alem, María Gisela Casafus de Castro, Pietrowski a medida que sus hijos crecían aumentaba el maltrato hacia su esposa.Cuando ella decidió romper el vínculo, las amenazas fueron de muerte y reiteradas.
Entre ellas se destacó de la denuncia: “Te voy a eliminar (…) No tengo problemas en quedar bajo la sombra (preso) (…) Si no lo hago yo lo va a hacer otra persona pero vos me vas a suplicar por la vida”.
El amedrentamiento aumentó cuando Smiak decidió iniciar su campaña política para llegar a jefa comunal. A tal punto habría llevado el padecimiento el encartado que la víctima y sus tres hijos debieron mudarse y vivir al límite del terror ante la posibilidad que Pietrowski cumpliera con sus amenazas.
Según afirma la acusación, la situación de miedo continuó hasta que en 2019 una medida cautelar del fuero Civil y Familia le prohibió acercarse al exhogar conyugal. Una hija del encartado, oportunamente declaró y coincidió con su madre: “Cuando mi papá maltrataba y amenazaba a mi mamá, ella corría al baño y cerraba con llave (…) Un vez mi madre estaba en la camioneta y llegó él (Pietrowski en otro vehículo) y la encimó, chocó y la amenazó con un cuchillo”.
Otra de las víctimas, entonces menor de edad, resaltó que Pietrowski “la amenazaba a mi madre con cortarle la cabeza con un cuchillo, que si no le pasaba el terreno y la casa a su nombre la iba a matar”.
La causa llegó a debate oral por el delito de “amenazas”, artículo 149 Bis del Código Penal Argentino, norma indica que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas”.
En el segundo párrafo del mismo artículo se remarca que “será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.
