Pedro Darío Pietrowski, exintendente de Almafuerte y exdiputado provincial, por tercera vez en cuatro meses no se presentó a juicio oral acusado de amenazar de muerte a su exesposa y de desobedecer además las medidas de prohibición de acercamiento a la víctima.
La primera reacción al tercer faltazo a una citación del juez Correccional y de Menores 2, César Raúl Jiménez, fue el inmediato pedido de detención tanto por el magistrado que debe juzgarlo como también de la fiscal María Laura Álvarez.
Para la Justicia desde ayer, poco minutos después de las 9, Pietrowski de 51 años es considerado prófugo y su estado de rebeldía sólo podría modificarse una vez que se entregue en una comisaría o dependencia judicial, o sea atrapado por efectivos de las fuerzas de seguridad alertadas, principalmente las de la jurisdicción de su domicilio en Leandro N. Alem correspondientes a la Unidad Regional VI.
Ricardo Skanata, su abogado defensor, acudió ayer minutos antes del horario de inicio pautado para el debate en la sala de audiencias de los juzgados de menores de la avenida Centenario, pero no precisamente para esperar al encartado sino para presentar una apelación a la citación a debate y un planteo de juicio abreviado o a prueba, una condena que contenga el mínimo establecido por el Código Penal Argentino y una probable probation.
La casación presentada sería rechazada, según fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, y en esta instancia tampoco esta negativa podría ser recurrida en queja ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones.
El defensor de Pietrowski sostiene que la notificación de la tercera citación a juicio oral al exdiputado provincial renovador no estaba completa, sólo indicaba los aspectos resolutorios y no los fundamentos. Voces especializadas en estos trámites, consultadas por este Diario, coincidieron en que no es necesario un amplio documento para el llamado y que el expediente con la acusación completa y auto de elevación a juicio está en el Juzgado Correccional y de Menores 2 precisamente para que pudiera ser consultado por el letrado de parte, incluso durante las dos semanas pasadas de feria de invierno.
La primera de las llamadas (y ausencias) a Pietrowski por las causas iniciadas en 2018 y 2019 fue el jueves 18 de abril. Se ausentó sin aviso y apenas pocas horas antes del inicio de la audiencia, sus defensores comunicaron a la fiscal Álvarez el rechazo a un acuerdo de suspensión de juicio abreviado de un año de prisión en suspenso y una probation por el delito de “amenazas” (artículo 149 Bis del CPA).
No se presentó al debate y dos días después notificó, de manera digital, un certificado médico afectado por un cuadro de hipertensión arterial. Evitó el arresto y se fijó nueva fecha de juicio para el jueves 3 de junio a las 8.
Pero volvió a sorprender su salud afectada, esta vez habría tenido síntomas y su presunto examen anunció que dio positivo de COVID-19.
Se reorganizaron las agendas de debates y subrogaciones y se abrió la ventana para ayer 27 de julio como tercera chance de juzgamiento. Esta vez con la salvedad de que si no concurría sería detenido de inmediato y trasladado al banquillo de los acusados.
Pero no dio señal alguna de paradero, salvo la presentación de su abogado del planteo de apelación. La única versión sobre dónde se encontraría el exjefe comunal apuntó a Corrientes, pero sin localidad, ciudad o punto cardinal de la vecina provincia. La investigación y acusación contra el exintendente de Almafuerte lleva casi cuatro años.
El 4 de agosto de 2018, Celia Mabel Smiak (45) su exesposa ingresó desesperada a la comisaría de Leandro N. Alem por ayuda para ella y sus tres hijos, pero también para denunciar a Pietrowski por las amenazas de muerte que habría proferido.
Dos décadas de poder
Durante veinte años Pietrowski fue alcalde de Almafuerte y en 2019 fue derrotado por su denunciante a su intento por volver al poder de la localidad de 1.500 habitantes.
Smiak lo denunció por reiteradas amenazas de muerte, tantas fueron que ya no alcanzaba la restricción de hogar judicial, ella dormía en una habitación de la casa de su padre junto a los tres adolescentes, dos menores de edad por entonces.
En la elevación a juicio de la fiscal de Instrucción de Alem, María Gisela Casafus, se indica que Pietrowski a medida que sus hijos crecieron aumentó el maltrato hacia la madre. Cuando ella decidió romper el vínculo, las amenazas fueron de muerte y reiteradas. Entre ellas se destacó de la denuncia: “Te voy a eliminar (…) No tengo problemas en quedar bajo la sombra (preso) (…) Si no lo hago yo, lo va a hacer otra persona pero vos me vas a suplicar por la vida”.
Cuando Smiak decidió iniciar su campaña a jefa comunal la violencia fue al extremo y la víctima y sus tres hijos debieron mudarse ante la posibilidad de que Pietrowski cumpliera con sus amenazas.
Una de sus hijas declaró como víctima y coincidió con su madre en el literal “calvario” al que fueron sometidas. “Cuando mi papá maltrataba y amenazaba a mi mamá, ella corría al baño y cerraba con llave (…) Una vez mi madre estaba en la camioneta y llegó él (Pietrowski en otro vehículo) y la encimó, chocó y la amenazó con un cuchillo”.
Otra hija, entonces menor de edad, resaltó que “amenazaba a mi madre con cortarle la cabeza con un cuchillo, que si no le pasaba el terreno y la casa a su nombre la iba a matar”.
Plazos y acusación
De acuerdo a los plazos de prescripción para una acusación penal en la provincia, el próximo 7 y 9 de agosto serían fechas de vencimiento para las dos causas que enfrenta Pietrowski. Surge la duda ahora de manera directa hacia si la consideración prófugo y rebelde ante la ley le jugaría a favor o en contra. Una vez que el juez Jiménez rechace la apelación que presentó ayer y prosiga el delito que estaría cometiendo desde ayer, se pronostica que apenas sea detenido se recurrirá a una nueva fecha de juicio, y que esta vez sí llegará en patrullero a defenderse en juicio oral y público, ya sin excusas y conforme a la igualdad que exige la ley.
El exintendente llegó a juicio acusado por el delito de “amenazas”, previsto y penado por el artículo 149 Bis del Código Penal Argentino. La norma indica que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas”. Pero en el segundo párrafo del mismo artículo se remarca que “será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.
