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Actualizarán el mínimo no imponible de Ganancias

28 agosto, 2021

El Gobierno dispondrá en lo que resta del año un nuevo ajuste del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a la Cuarta Categoría, aplicado a los salarios de los empleados en relación de dependencia, aunque aún resta definir el nuevo monto que reemplazará a los $150.000 mensuales vigentes, así como su fecha de aplicación.

Este último punto es uno de los más controvertidos de la modificación anunciada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, si se tiene en cuenta que en la última adecuación pasaron tres meses desde la sanción de la ley hasta la reglamentación de la AFIP y su puesta en ejecución.

En su reciente intervención en el Congreso ante la Comisión Bicameral de la Deuda, Guzmán aseguró que “el mínimo no imponible de Ganancias se va a estar actualizando este año porque la variación del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) es diferente al que estaba en el presupuesto”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa -que fue el principal impulsor de la suba del mínimo no imponible plasmada en la ley 27.617- había señalado que la actualización se concretaría en septiembre, con un propósito de elevar el piso en un 20%, de los $150.000 actuales a $180.000.

En lo que hace al salario neto, se pasaría de un piso de $124.500 a uno de $149.400, siempre que el ajuste sea el propuesto por Massa.

Tanto el monto como la fecha de puesta en ejecución aún no fueron resueltos por Economía, pero fuentes oficiales confían en que, de haber diferencias con la propuesta de Massa, serían mínimas.

Por lo pronto, en su mensaje en el Congreso Guzmán no dio precisiones sobre el eventual nuevo monto y sólo anticipó que la modificación del mínimo no imponible “se hará este año”.

La ley 27.617 que fijo el piso de Ganancias a la Cuarta Categoría en $150.000 mensuales fue sancionada el 8 de abril, publicada trece días después en el Boletín Oficial y reglamentada el 25 de mayo mediante el decreto 336/21.

Al ser un impuesto de liquidación anual, las demoras en su aplicación -que comenzó en el segundo semestre- implicaron diseñar un cronograma de reintegros que tendrían que volverse a adecuar una vez que se establezca el nuevo mínimo no imponible.

Guzmán sostuvo en el Congreso que el ajuste “es algo que se hará este año para que los trabajadores que se beneficiaron de la ley que cambió Ganancias de personas humanas puedan disfrutar de este beneficio y solo paguen las personas que son parte de la población objetivo y se les genere un alivio a millones de trabajadores y trabajadoras del país”.

Por su parte, Massa buscó tranquilizar a la franja de asalariados que, por incrementos de haberes en los acuerdos paritarios, podrían ser alcanzados por el impuesto o por descuentos mayores a los que se le venían aplicado.

Al respecto, sostuvo que “cada trabajador que tenga suba en la paritaria no debe tener miedo a la paritaria, porque va a tener al Estado protegiéndolo de vuelta”, señalando al respecto que será “en septiembre” cuando se determine la nueva actualización del mínimo no imponible.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: #economíaGananciasImpositivasMínimo no imponible
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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