El Gobierno vive argumentando que tiene como herencia la deuda que tomó Cambiemos en su gestión, pero como es costumbre, se trata de un tema que es el caballito de batalla de los presidentes populistas y de los dirigentes de la izquierda. Nunca se detienen a pensar que esa deuda pública es hija del déficit fiscal.
Si la Administración Central incurre en déficit en sus finanzas la forma de resolverlo es mediante la baja del gasto público. Pero nunca lo hace, opta por otros caminos: aumentar la carga tributaria, emitir moneda o tomar más deuda externa o interna con la colocación de bonos y nuevos créditos de organismos internacionales.
El actual gobierno muestra como un logro de su gestión que la deuda que toma es en pesos. Pero eso, lejos de constituir una fortaleza, responde a que como es poco creíble en el mundo ya nadie le quiere prestar. No tiene acceso al mercado financiero internacional. Sólo consigue tomar deuda en pesos en forma cuasi compulsiva en el mercado interno, además de aumentar impuestos.
Por otro lado, tomar deuda en pesos como si fuera un beneficio respecto a la colocación de bonos en dólares es un disparate conceptual. Es cierto que el Estado no puede emitir dólares si, llegado el momento de los vencimientos, no dispone de las divisas para pagar y no tiene acceso al mercado voluntario de deuda. Pero que coloque más deuda en pesos no quiere decir que sí so sí el Estado vaya a pagar y si la paga, la paga un tercero.
Suponiendo que vence deuda en pesos y el Tesoro no generó excedentes de caja para hacer frente a esos vencimientos. Y que el Estado no caerá en default porque el BCRA puede emitir moneda y así cancelar el compromiso en moneda nacional. Sin embargo, eso implicaría aplicar el impuesto inflacionario a trabajadores y jubilados, por el efecto de esa expansión monetaria sobre el conjunto de los precios de la economía.
La evidencia empírica de las últimas décadas muestra que cuando la Administración Central no puede pagar la deuda contraída en pesos, termina confiscando ahorros, como ocurrió en diciembre de 1989.
Entonces, como el gobierno no tenía forma de pagar los depósitos indisponibles de aquellos años, equivalentes a las Leliq actuales, confiscó los depósitos bancarios de los ahorristas con el famoso Plan Bonex que convirtió las colocaciones a un promedio de 7 a 30 días de plazo en títulos en dólares a 10 años de plazo.
El gran riesgo que sigue acumulándose con la política económica del Gobierno, no es solamente que la deuda pública aumentó en USD 30.595 millones desde que asumió Alberto Fernández, sino que además multiplicó por 4 en pesos, o por 2 en el equivalente en dólares la generada con la colocación de instrumentos de regulación monetaria, como son las Leliq y Pases del Banco Central con el sistema financiero que heredó de la presidencia de Mauricio Macri.
Si la cuenta se hace en dólares al tipo de cambio oficial, la deuda del BCRA aumentó en el equivalente a USD 20.628 millones, lo cual sumado a los USD 30.595 millones de deuda de la Administración Central supera los USD 51.000 millones.
Durante la era Macri la deuda pública creció a una velocidad promedio de USD 1.387 millones por mes; en tanto en los primeros 20 meses de gobierno de Alberto Fernández se ha venido expandiendo a un ritmo de USD 2.561 millones por mes.
Pero no solo el actual gobierno aumentó los impuestos y viene tomando deuda pública a un ritmo más veloz que al ritmo que tomó Macri, sino que, además, tiene la tasa de inflación promedio mensual más alta que la que tuvo lugar durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y también de Mauricio Macri, aunque en este último caso la aceleración de la suba de los precios se originó, entre otras cosas, en el ajuste de las atrasadas tarifas de los servicios públicos, las cuales ahora se vuelven a postergar, como ancla de la inflación.
La realidad muestra una inflación más baja en los dos períodos de Cristina Fernández de Kirchner, pero aclaremos que en el segundo período presidencial los controles de precios, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y el atraso del tipo de cambio real, actuaron como ancla insostenible en el tiempo.
En definitiva, los primeros 20 meses de presidencia de Alberto Fernández se caracterizaron por el aumento de los impuestos; el incremento del impuesto inflacionario y, la aceleración del ritmo de endeudamiento, respecto del gobierno precedente.
“Destaco que en estas comparaciones no consideré la deuda que dejó la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner por la venta de dólar futuro a un precio sensiblemente al de mercado; los holdouts, las derivadas del Plan Gas y Energía; y con el Ciadi, que significaron unos USD 31.000 millones que recibió en herencia el presidente Macri”, indicó el especialista Roberto Chachanosky en una nota publicada en el portal Infobae.
“Todo esto puedo decirlo con total libertad de conciencia porque fui muy crítico de la gestión de Mauricio Macri por su famoso gradualismo, y porque creo que es innegable que Alberto Fernández hizo un destrozo mucho mayor de la economía en su conjunto en estos primeros 20 meses de gobierno, más allá del factor exógeno de la crisis sanitaria”, argumentó.
Momento de reacomodar
En un año que en términos económicos estuvo signado por la excepcionalidad, tanto por el impacto de la pandemia como por el acceso a recursos inesperados, el Gobierno recibió esta semana el último gran ingreso extraordinario de dólares, imprescindible para evitar turbulencias mayúsculas en la economía.
Se trata del giro del Fondo Monetario por USD 4.334 millones, que evitará el default con el propio organismo.
Después de eso, será cuestión de cruzar el desierto. La expectativa de lo que llegará en 2022 es prácticamente unánime: el ajuste que se evitó este año gracias a los “anabólicos” irrepetibles que permitieron surfear los últimos meses, con alta inflación y una amplia brecha cambiaria.
Fuente: Agencias de Noticias y Medios Digitales
