La bajante histórica del río Paraná tiene en vilo a varias provincias argentinas ya que, además de afectar las exportaciones, impacta en las ciudades que no pueden albergar el líquido vital para su consumo, riego y demás. Y a pesar que Nación decretó la “emergencia hídrica”, las soluciones no parecen estar cerca.
Por eso, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para la creación de una Comisión Administradora del Río Paraná, compuesta por las seis provincias que comparten su curso en el país, para institucionalizar un ámbito de ejecución de políticas ambientales, económicas y sociales.
La iniciativa establece además la formación del Consejo de Participación Comunitaria Ribereña y un Fondo de Compensación Ambiental para atender la situación de las poblaciones ribereñas que atraviesa el río Paraná, ante la bajante histórica.
El martes, esa situación motivó una reunión del Consejo Federal de Gestión del Riesgo y Protección Civil, donde se definieron líneas de acción ante la “compleja situación”, que incluyen alertas tempranas, mapas dinámicos y datos de organismos científicos, informó el Ministerio de Seguridad.
El organismo se reunió en Paraná con la participación del jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y autoridades de las carteras de Ambiente y de las provincias afectadas, entre otros.
Coordinar políticas y acciones para el cuidado y uso del río
La impulsora del proyecto, la diputada nacional Blanca Osuna (Frente de Todos-Entre Ríos), sostuvo que “la dimensión y el impacto geopolítico del Paraná justifican plenamente un organismo donde las provincias, que tienen por la Constitución Nacional el dominio del río, coordinen junto a la Nación las políticas y acciones necesarias para su cuidado y uso“.
Para la diputada, el río Paraná “es una de las principales reservas de agua dulce del mundo, con un significativo caudal, una gran extensión de su área tributaria y una longitud de su curso, que lo ubica entre los más importantes del mundo, siendo un recurso estratégico, natural, social, económico y cultural para nuestro país”.
Osuna puso de relieve además que estas leyes, “plantean un trabajo articulado, con enfoques solidarios con lo humano, lo ambiental, lo comunitario y lo cultural, en el compromiso por nuestra biodiversidad, sus habitantes y las futuras generaciones”.
“Es fundamental, con todos los actores, institucionalizar un organismo que tenga competencia sobre el Río y su borde costero, que es un bien natural, diverso y trascendente para la vida cotidiana y el desarrollo de nuestras comunidades, para establecer condiciones para el uso sustentable, con el resguardo de nuestro ecosistema”, puntualizó Osuna.
Fuente: Agencia de Noticias Télam.
