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Avanza el proyecto de una nueva ley audiovisual abierta e inclusiva

4 agosto, 2021
ley audiovisual abierta e inclusiva
ley audiovisual abierta e inclusiva
INCLUSIVO Y FEDERAL. Avanza el proyecto para una nueva ley audiovisual.

Impulsada por el Espacio Audiovisual Nacional (EAN) y con la participación de entidades de distintas provincias, se realizó un borrador en el que se incluye el fomento del cine independiente, un gravamen del 10 por ciento para las nuevas plataformas, además de la incorporación del cupo laboral trans, cambios en la conducción y representatividad del futuro Instituto Nacional de Artes Audiovisuales (INAA), entre otras medidas que aún están expuestas a debate.

A partir de un trabajo colectivo que se nutre de todo lo positivo que tiene la Ley de Cine vigente, más lo aprendido durante 27 años en los que se generaron problemas operativos para su aplicación, desde el EAN se está trabajando en la redacción de una nueva ley para el sector, que se adapte a los nuevos paradigmas tecnológicos que plantea la comunicación y la comercialización global.

A través del diálogo, debatiendo y generando distintas ideas, desde ese Espacio se convoca a quienes estén dentro de la actividad, y que aún no participan activamente de esta iniciativa, para aportar su valiosa experiencia y atender las necesidades de todas las entidades y grupos.

Luego de dos encuentros realizados con entidades representativas de las distintas provincias se establecieron puntos en común para avanzar en lo que será la nueva Ley Audiovisual.

Entre los puntos principales se acordó que el área de competencia del Instituto estará en la órbita del Ministerio de Cultura (se lo saca del área de la Jefatura de Gabinete como se planteó en la primera versión que se basó en una visión, fundamentada; pero que no tuvo consenso general).

El estatus jerárquico del INAA fue reconsiderado y se ubicará como un “ente público no estatal”, y no como ente autárquico, también se decidió incorporar al directorio dos nuevos representantes de la especialidad Guión.

Por otra parte se amplían las funciones del directorio, el que tendrá mayor incidencia en el control de las políticas y acciones que emanen del Presidente y del Vicepresidente.

 

Una propuesta inclusiva, federal y abierta al debate

En cuanto a las políticas de género, en el Espacio se escucharon las voces del sector y se amplió su alcance incorporando al anteproyecto la Ley 27.636 sobre el cupo trans que fuera sancionada recientemente.

Respecto de los gravámenes previstos para las plataformas OTT (siglas en inglés de over-thetop), y plataformas de comercialización de videojuegos se prevé un impuesto equivalente al 10% aplicable sobre el precio básico de toda exhibición, difusión o puesta a disposición de producciones audiovisuales en cualquier tipo de salas, medios, servicios de libre transmisión (OTT), plataformas digitales de cualquier naturaleza y cualquiera sea el ámbito donde se realicen.

Habrá una total articulación de esta Ley con la 25.119 de la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional (CINAIN), creada en 1999, para la recuperación y restauración del patrimonio audiovisual nacional así como la incorporación al INAA, la función de promover la formación de audiencias.

Quedarán resguardados los derechos de los y las trabajadoras/es del actual INCAA para que su incorporación al nuevo Instituto no vulnere ninguno de sus derechos adquiridos. Se estableció un plazo de 99 años para todos los tributos que genere esta ley, a fin de garantizar que el Fondo de Fomento esté protegido de futuras decisiones políticas arbitrarias.

Aún resta evaluar los cambios sobre los criterios de representatividad para las entidades que llevarán adelante la conducción del futuro Instituto Nacional de Artes Audiovisuales y las nuevas propuestas para la reasignación porcentual de los fondos en función de los distintos formatos y soportes del nuevo paradigma audiovisual, redefiniendo el Costo Medio para cada uno de ellos.

En lo que atañe al cine independiente, se llevarán adelante nuevas propuestas para la promoción, fomento y protección del mismo así como la distribución de estas obras y la protección de las salas de cine hoy existentes, mediante la creación de cuotas de pantallas especiales que logren dar visibilidad y protección en todos los medios de exhibición.

Todas las propuestas de los diferentes sectores fueron incluidas; pero su cantidad y complejidad hace que aún permanezcan pendientes significativos temas para una próxima versión. Entre ellos, lo fundamental, es construir una ley que sea verdaderamente federal y que responda a las demandas de un sector de la industria que fue relegado históricamente por la Ley 17.741. A ese efecto, se está trabajando en un nuevo esquema de coparticipación para la distribución de recursos en todo el ámbito federal.

Para alcanzar esa meta, se está coordinando un tercer encuentro con un gran número de entidades representativas de todo el país.

El anteproyecto redactado hasta la fecha se puede consultar en www.espacioaudiovisualnacional.org

Tags: Artes AudiovisualesCineEspacio Audiovisual Nacional (EAN)INAALey audiovisual
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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