Cuando semanas atrás el Gobierno nacional marcó un punto de inflexión en su siempre latente pelea con el sector del campo al limitar las exportaciones de carne, se buscaba moderar los aumentos para el mercado interno para que más argentinos pudieran acceder al producto nacional.
La medida no sólo puso en pie de guerra al campo, que ahora se prepara para una larga y dura lucha con el poder político, sino que además lejos estuvo de cumplir su objetivo.
De hecho, tras el cierre de las exportaciones de carne vacuna decretado el 20 de mayo y que se extendió por treinta días -posteriormente se estableció la prohibición para doce cortes-, distintas consultoras de consumo afirmaron que en junio los precios aumentaron hasta 4,3% y por encima del resto de los alimentos, un nivel visiblemente superior a la inflación de ese mes que rondaría el 3%.
Focus Market, por ejemplo, estimó que durante junio la carne tuvo un aumento del 3,5%, desacelerándose respecto de mayo, pero aún por encima del resto de los alimentos. De acuerdo a la consultora de consumo masivo, en términos interanuales el incremento es del 74%, un nivel ostensiblemente mayor al IPC del mismo período.
Así las cosas, y tal y como se advirtió en esta columna y lo hicieron cientos de especialistas en todo el país, la decisión del Gobierno de prohibir temporalmente las exportaciones de carne vacuna y luego limitarlas a la mitad fue una actitud más bien visceral cuyos efectos lejos estuvieron de resolver la inercia inflacionaria, o facilitar el acceso a los cortes de carne nacionales de los sectores más humildes.
De hecho, muchas de las decisiones que se tomaron en el último año, algunas de ellas con muchos meses de meditación y estudio, terminaron estallando por no proyectarse en el contexto.
La anterior regulación respecto al Monotributo es posiblemente la mayor muestra de desfachatez legislativa. Seis meses de demora para un compendio de regulaciones y deudas retroactivas que fueron descartadas tras gruesas críticas y una reunión.
