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El Gobierno estudia aplicar la vacuna Sinopharm a niños y adolescentes

6 julio, 2021

Ante la ausencia de vacunas pediátricas para prevenir el coronavirus, el Gobierno nacional está analizando la aprobación de la vacuna china de Sinopharm para comenzar con la inmunización de niños, niñas y adolescentes en el marco del Plan Nacional de Vacunación.

El Poder Ejecutivo ya solicitó que se avance con el estudio de la documentación que reúne los análisis clínicos sobre la seguridad y eficacia de la vacuna en los menores de edad de 3 a 17 años.

Quiénes siguen de cerca el tema en el Gabinete nacional saben que “en China la usan” con los niños. “Esa información está llegando a la ANMAT, que tiene que autorizarla y recomendarlo luego el Ministerio de Salud”, señaló una alta fuente de la Casa Rosada a Infobae.

El viernes pasado, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que establece un marco legal para la compra de vacunas de los laboratorios Pfizer, Moderna y Janssen (Johnson & Johnson).

Tal como establece la letra de la decisión, el objetivo del DNU apunta a crear una herramienta para “generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 con inclusión de la protección de los niños y adolescentes”. La resolución presidencial apunta a resolver esa carencia.

Aunque el Poder Ejecutivo avanza aceleradamente con la distribución de dosis para los adultos, hasta el momento sigue pendiente la adquisición de vacunas pediátricas. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, indicó en declaraciones radiales tanto “Moderna como Pfizer tienen ensayos clínicos para menores de 12 años y refuerzos”.

El DNU habilita al Gobierno para avanzar en tres posibilidades para recibir este tipo de vacunas: los convenios bilaterales con los laboratorios estadounidenses; el mecanismo Covax -de la Organización de las Naciones Unidas)- y la oportunidad de donación a través de diferentes vías, como la ofrecida por parte del gobierno de Estados Unidos a la región.

Sin embargo, el desembarco de dosis del laboratorio Pfizer todavía no está cerrado. Ya resueltas las trabas legales a partir del DNU, las negociaciones con la empresa norteamericana siguen su curso y se desconocen si un eventual acuerdo serpa satisfactorio en detalles importantes, como la cantidad de las dosis previstas o plazos de entrega.

Por eso, la ministra de Salud baraja alternativas no solo para resolver “en lo inmediato” el stock de vacunas para los niños, sino que está mirando en el “mediano y largo plazo”, apuntó Vizzotti en diálogo con radio Mitre.

En ese esquema entran la posible aprobación de las vacunas Sinopharm para los menores de edad. En los próximos meses, desde China llegarán 24 millones de vacunas de ese laboratorio. Por lo que se conoce, es el mayor cargamento previsto en el mediano plazo de parte del Gobierno nacional.

Este martes, las figuras claves del Gabinete nacional en la negociación y legalización de las vacunas concurrirán al Congreso Nacional. La ministra Carla Vizzoti asistirá junto a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, para defender en la comisión bicameral de trámite legislativo la decisión de la Casa Rosada de modificar la Ley de vacunas para adquirir vacunas contra el coronavirus desde Estados Unidos.

El texto elimina varios de los reparos legales que planteaban los laboratorios al marco normativo, como la causal de “negligencia” como atributo de responsabilidad del proveedor y reemplaza los términos “maniobras fraudulentas y conductas maliciosas” por “conductas dolosas”, entre otros puntos.

En la instancia legislativa, el Gobierno enfrentará a la oposición de Juntos por el Cambio y ensayará argumentos para defender el giro sorpresivo en la negociación con las empresas norteamericanas.

Fuente: Medios Digitales

Tags: Coronavirus Covid-19vacuna contra el coronavirusVacuna Sinopharm
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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