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Se cumplen 30 años del crimen de Walter Bulacio

26 abril, 2021

Un festival de rock en el Parque Centenario realizado a principios de mayo de 1991 sirvió para impulsar la investigación del crimen de Walter Bulacio, del que este lunes se cumplen 30 años, luego de que su padre subió al escenario a pedir testigos y así se obtuvieron declaraciones de unos 100 jóvenes, incluidos los que habían sido detenidos por la Policía Federal junto a la víctima.

Este festival, que contó con varios artistas de la época, se llevó a cabo días después del recital del 19 de abril de aquel año que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dieron en el microestadio del entonces club Obras Sanitarias y al que Bulacio asistió como parte del público joven que seguía a esta mítica banda.

Ese día, a la salida de dicho show, Bulacio fue detenido y trasladado a la comisaría 35a. y murió una semana más tarde a raíz de las heridas sufridas durante su detención.

La familia Bulacio rápidamente comenzó a pedir justicia por Walter, y fue su padre, Víctor, quien se acercó a la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), una organización emblema de la lucha contra la violencia y la represión del Estado que se terminó de conformar tras el crimen del adolescente.

María del Carmen Verdú, abogada de la familia Bulacio y fundadora de Correpi, aseguró a Télam que el festival realizado en Parque Centenario fue “clave” para ubicar a testigos de las torturas que recibió Walter y avanzar en la causa.

“Durante el festival subimos al escenario entre banda y banda para pedir que quienes hubieran estado en Obras se acercaran el lunes siguiente a la puerta del palacio de tribunales para que los pudiéramos ofrecer como testigos. Así los hechos los reconstruimos relativamente rápido, con las declaraciones de cerca de cien pibes y pibas, incluidos los que estuvieron detenidos“, recordó.

A partir de esos testimonios, entre otras pruebas, el 28 de mayo de aquel año, el comisario Miguel Ángel Espósito, titular de la seccional 35a. del barrio de Núñez y quien estuvo a cargo del operativo policial en la noche que fue detenido Bulacio, fue procesado por los delitos de “privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

 

Los testimonios

Durante siete meses se tomaron aproximadamente 200 declaraciones y la causa se mantuvo en “secreto de sumario”, tras lo cual Espósito fue sobreseído.

“Todos los testimonios de los testigos fueron muy fuertes: uno de los chicos contó que (los policías) le hicieron ‘puentecito chino’; otro que le cortaron el pelo; un chico mostró los golpes que todavía se veían en su panza y pierna y otro contó cómo trató de escapar de la ventana del colectivo en donde lo subieron y lo corrieron y lo molieron a palos“, relató Verdú.

Entre las declaraciones más sorprendentes -recordó la letrada- está la de un joven que aseguró que cuando detuvieron a una chica, ella dijo que “era la sobrina del comisario Espósito, entonces la dejaron ir y le dieron la entrada que le sacaron a otro chico”.

Mientras que una de las testimoniales más importantes del juicio fue la de un joven que afirmó haber visto a Bulacio a bordo del micro tras ser detenido y haber escuchado en la comisaría a dos policías hablar sobre él.

“(Un testigo) se acordó de Walter escondido al fondo del colectivo. Cuando (en la comisaría) pidió ir al baño escuchó, mientras orinaba, a un policía diciéndole a otro ‘dejalo, es muy pibe para cogérselo’. Este testigo resumió la naturalización del hecho diciendo ‘me quedé tranqui y me tiré al piso a dormir'”, sostuvo Verdú.

 

La denuncia ante la CIDH

Con los años hubo una larga serie de presentaciones en distintas etapas del proceso judicial, entre ellas, la denuncia de la familia Bulacio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en septiembre de 2003 condenó a la Argentina a indemnizar a su familia y a “concluir la investigación” y “sancionar a los responsables” del hecho, luego que el Estado admitiese su responsabilidad en la muerte del joven.

En base al fallo de la CIDH, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió continuar con el proceso judicial que finalmente llegó a juicio oral en 2013, cuando el excomisario Espósito fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29 porteño a la pena de tres años y medio de prisión en suspenso, por lo que no fue detenido.

Por su parte, al morir el padre de Walter, la lucha por el pedido de justicia continuó por parte de María Ramona Armas de Bulacio, abuela de Walter, quien estuvo al frente de diversas manifestaciones y homenajes hasta su fallecimiento, en octubre de 2014.

 

El recuerdo del Indio para Walter

Por su parte, el “Indio” Solari, al cumplirse una década del crimen, en un recital de Los Redonditos de Ricota en Montevideo le dedicó unas palabras a Walter en la previa de las canciones “Juguetes perdidos” y “Nuestro amo juega al esclavo”, y en los últimos shows de su etapa solista, en las ciudades de Tandil y Olavarría, mostró una imagen del adolescente con el pedido de justicia.

A su vez, el pasado lunes, el cantante publicó una foto en sus redes sociales con una ilustración de la cara de Bulacio realizada por un artista local y la frase “Pensando en vos siempre…”.

 

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Una publicación compartida de Indio Solari Oficial (@indiosolarioficial)

Por último, Verdú aseguró que “la detención, tortura y muerte de Walter puso sobre la mesa el tema de las detenciones arbitrarias, la tortura y el gatillo fácil, al calor de manifestaciones juveniles multitudinarias que sacudieron el escenario de desmovilización de la época y trajeron al escenario nacional las luchas que veníamos desarrollando en las barriadas populares. Nació un grito colectivo: “Yo sabía que a Walter lo mató la policía” que perdura hoy, tres décadas después”.

Fuente: agencia de noticias Telam

Tags: AniversarioCrimen de BulacioEfemérides
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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