Argentina, como buena parte del mundo, está llena de contradicciones. Pero se diferencia del resto en el ritmo y la magnitud en el que esas contradicciones se dejan ver.
Hace dos décadas el país declaraba el default más grande del que se tenga memoria y, lejos de tomar distancia, vuelve ahora sobre sus pasos. Y es que luego del pésimo paso de Mauricio Macri y su negocio con el Fondo Monetario Internacional, el país quedó atado a un préstamo que lo obliga a desembolsar casi 40.000 millones de dólares en tan sólo dos años, a todas luces un sinsentido tratándose del país del que se trata.
Ahora bien, con las cartas ya echadas, el ministro Martín Guzmán inició esta semana un raid por Europa con el objetivo de reunir los apoyos de los principales miembros del organismo y lograr luz verde para un programa acorde a lo que precisa Argentina.
Su pedido está condicionado al apoyo político que, sin embargo, no se advierte del todo en la alianza gobernante.
Paralelamente otra paradoja se instala en los tiempos en los que debe desarrollarse el acuerdo, porque está claro que al país le urge cerrar un acuerdo para dedicarse a la macro, pero hacerlo implica también aceptar medidas que se transforman en verdaderos impulsos piantavotos de cara a las elecciones.
Argentina advierte y reclama un tratamiento especial, estirar los plazos un cerrar un acuerdo a veinte años rompiendo con los estatutos del Fondo que prevén plazos máximos de diez años.
Y finalmente, y quizás lo más paradójico en esta cuestión, es que todo ocurre al mismo tiempo que el Gobierno impulsa una investigación judicial contra el macrismo por la monumental deuda contraída, las condiciones pactadas y el destino de los fondos… una demanda que, de progresar, podría complicar incluso a varios funcionarios del organismo multilateral.
