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Investigan a tres empresas por presunto engaño a los consumidores

8 abril, 2021
El Gobierno investiga a tres empresas por presunto engaño a los consumidores

El Gobierno investiga a tres empresas por presunto engaño a los consumidores

La Secretaría de Comercio Interior de la Nación imputó a las firmas Mondelēz, Bagley (del Grupo Arcor) y PepsiCo por presuntas infracciones que refieren a la comercialización de productos con rótulos prácticamente idénticos a otros ya existentes en las góndolas, que se venden a precios diferentes, se informó oficialmente hoy.

La metodología que utilizaron estas empresas al modificar mínimamente una propiedad o el contenido neto de algunos de sus productos, para luego poder incrementar sustancialmente sus precios, puede representar un incumplimiento de los principios básicos de la Ley de Defensa del Consumidor (Nº 24.240), dijo Comercio Interior en un comunicado.

Las autoridades explicaron que por un lado no se estaría informando de manera cierta, clara, y detallada las diferencias existentes entre bienes de igual categoría, marca y sabor.

Por otro lado, estas prácticas “pueden confundir al consumidor sobre la naturaleza del producto y sus principales características, motivando al error, y promoviendo la adquisición de un bien no deseado“.

Respecto del comportamiento de Mondelēz, se observó que la empresa ofrece las galletitas “Pepitos” en dos presentaciones cuyos rótulos resultan similares y engañosos, según el comunicado oficial.

Ambos paquetes se comercializan bajo el nombre “Pepitos Original”, utilizando idéntico envoltorio en cuanto a color, diseño y frases. Sin embargo, existe la diferencia de 1 gramo en el peso neto (118 gramos y 119 gramos) y un incremento de más del 50% en el precio final. También, en el rótulo del envase de 119 gramos, se lee la leyenda “Con chispas Cadbury”.

Independientemente de que esta cualidad exista y sea efectivamente el diferencial entre ambos productos, la misma podría no advertirse frente a la multiplicidad de estímulos que contienen los rótulos.

En el caso de Bagley, sucede algo similar con las galletitas “Sonrisas”: la marca presenta dos versiones prácticamente idénticas con una diferencia de 10 gramos en su contenido neto, y un precio de venta 30% más alto.

Por último, se encontró una actitud equivalente en la empresa PepsiCo, ya que en las góndolas de los comercios conviven dos versiones de palitos salados (Pehuamar) con una diferencia de 6 gramos en su peso neto y de aproximadamente el 15% de suba en el precio final.

Mediante estas acciones, la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) pretende “modificar prácticas sistemáticas que vulneran los derechos de las y los consumidores y, asimismo, proteger las relaciones de consumo“, se informó.

Si bien todavía se encuentra en instancia de imputación, en el caso de que efectivamente se acrediten las conductas advertidas, las multas para cada una de las empresas puede ascender a un máximo de $550.000.000 (Decreto Nº 274/19).

Tras haber identificado la proliferación de este tipo de prácticas, a través de la resolución 283/2021, la Secretaría de Comercio Interior creó el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SIFIRE).

Se trata de una medida estructural que busca evitar que existan múltiples presentaciones de un mismo producto con mínimas diferencias a otros ya comercializados, en rubros y categorías de consumo masivo como alimentos, perfumería, cuidado personal, aseo y limpieza del hogar.

Al examinar previamente los rótulos y las etiquetas de los productos, se evitan ventajas comerciales, se impide la existencia de vacíos informativos y se previene la inclusión de mensajes con expresiones ambiguas o incompletas que induzcan a una decisión de compra equivocada o inconsciente.

Fuente: NA

Tags: Defensa al ConsumidorPrecios al ConsumidorSecretaría de Comercio Interior
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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