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Advierten que el abastecimiento de garrafas está en riesgo

27 marzo, 2021
Imagen ilustrativa

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Operadores y distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) advirtieron que el suministro de garrafas para el próximo invierno está en riesgo, a raíz de que el sector sufre una “debilidad como nunca antes”.

El aumento de los costos y su impacto en la rentabilidad de las empresas es lo que preocupa a los empresarios de la actividad, que anunciaron que se movilizarán el martes próximo en la Ciudad de Buenos Aires, ante “la difícil situación económica que atraviesa el sector y la falta de respuesta de la Secretaría de Energía”.

Ante esta situación, comenzarán un “plan de lucha con el fin de exigir que se cumpla con la ley 26.020, reconociéndose los mayores costos del sector y una adecuada rentabilidad”, señaló la cámara empresarial Codigas. Esa ley estableció, en 2005, el marco regulatorio para la industria y comercialización de GLP.

Para los empresarios, la medida de fuerza se fundamenta después de “haberse agotado todas las instancias tendientes a encontrar una solución que nos permita seguir abasteciendo a los sectores más vulnerables del país”.

“El sector se encuentra en una seria crisis terminal, a la que ha llegado luego de un proceso inflacionario desde la creación del Programa Hogar que asciende a casi un 550% contra un reconocimiento de los costos del sector del 220%”, señaló el presidente de Codigas, Ricardo Azar.

El dirigente explicó que “este proceso sufrido durante el quinquenio 2015-2020, coloca a los asociados frente al inicio de una temporada 2021 con una debilidad como nunca antes hemos estado y que pone en peligro el suministro regular, confiable y económico al que propende la ley 26.020”.

El GLP abastece a más del 40% de los hogares del país, que son los que utilizan el gas envasado: son unos 5 millones de viviendas.

“El complejo cuadro de situación en el que nos encontramos, hace que debamos visibilizarlo y buscar alternativas que tiendan a que nuestros asociados puedan seguir desarrollando su actividad comercial por un lado y por el otro que los usuarios puedan contar con el aprovisionamiento de la energía necesaria para satisfacer sus necesidades diarias”, enfatizó la entidad empresaria.

Y advirtió que “se han tornado de cumplimiento imposible los precios del Programa Hogar”.

A través de ese Programa, el Estado nacional otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural.

El monto mensual del subsidio es fijado por la Secretaría de Energía y abarca a no solo a personas que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no se encuentren conectados a la red de distribución domiciliaria de gas, sino también a comedores, merenderos, clubes de barrio, centros de atención infantil y centros comunitarios de todo el país, que utilizan gas licuado envasado.

Codigas advirtió que “el proceso inflacionario y la falta de su reconocimiento en el costo de las garrafas por parte del Estado nacional, hace imposible sostener la actividad de las PyME que conformamos el sector”.

La entidad explicó que en octubre de 2020 se actualizó “magramente” el margen para la distribución, por debajo del proceso inflacionario.

Ese reconocimiento se “diluyó”, según los empresarios, ya que debieron afrontar dos escalas del ajuste paritario del año pasado, seis aumentos de combustibles y 14,83% de inflación.

La pérdida por garrafa comercializada es de aproximadamente cien pesos más impuestos, y el retraso de las inversiones necesario para seguir comercializando la garrafa “es sideral: se requieren solamente para camiones de reparto una inversión de 2 mil millones de pesos para 2021”, alertó la Cámara.

Y aseguró que desde la Secretaría de Energía se han comprometido a trazar un sendero de precios que mitigue el desfasaje provocado desde 2015, como así también buscar una solución a la carga impositiva provincial y una alternativa de créditos blandos para el sector.

“Desde Codigas exhortamos a las autoridades a dar una urgente respuesta respecto el reconocimiento de costos, y la búsqueda de la rentabilidad para el sector, ya que peligra el abastecimiento formal de la garrafa, deslindando la responsabilidad de sus asociados en tal caso”, indicó.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: CODIGASGarrafasGasReclamos
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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