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Delitos rurales: productores enviarán petitorio al Gobernador con los reclamos

26 noviembre, 2020
INDIGNADOS. Los productores autoconvocados contra el delito rural y vecinos de Eldorado realizaron ayer una asamblea en las afueras de la UR III para manifestar su descontento por el plantazo de las autoridades provinciales. Foto: gentileza K. Welter. 

En la sede la Unidad Regional III de Eldorado se desarrolló la convocatoria de productores de la Zona Norte de Misiones, con el objetivo de plantear las problemáticas que enfrentan por la creciente ola de delitos rurales.

Se presentó el jefe de la Policía de Misiones, Zenón Cabrera, y los jueces presentes (juez de Instrucción de Eldorado, Roberto Saldaña, y la jueza en lo Correccional y de Menores, Marisa Esther Aquino).

El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, no se hizo presente ya que se encuentra encabezando el operativo de combate de los incendios.

Sin embargo, la presencia de las demás autoridades no fue suficiente para los convocantes. “Creo que cuando falta un interlocutor, las reuniones no se tienen que dar”, expresó a PRIMERA EDICIÓN, Sergio Dellapierre, uno de los convocantes y dirigente de secaderos de yerba del norte, quien se retiró del lugar.

“Espero otra oportunidad, donde quieran y cuando quieran. Yo confío en que el Gobierno de la provincia realizará cosas importantes. Di la cara ante mucha gente para organizar esta reunión y me parece que esto no es lo correcto. Hace años estamos padeciendo estos males, tenemos que hacer algo”, sentenció.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores Foresto Ganaderos de Misiones, Valentín Kurtz, afirmó a este Diario que al no contarse con Pérez ayer, “después nos dijeron que iba a venir el subsecretario (de Seguridad y Justicia, Ariel Marinoni) pero nunca llegaron”.

Marinoni estuvo en Eldorado pero encabezando una extensa reunión con intendentes de la zona por las usurpaciones e incendios rurales. (Ver abajo).

“La idea era avanzar en estos temas que vamos a tratar personalmente con el Gobernador. La usurpación de las propiedades a través de títulos falsos, intrusiones de tierras fiscales y privadas, abigeatos, robo de yerba mate y robo de herramientas. Queremos ponerle un fin a esto”, detalló.

Kurtz indicó también que “hay organizaciones que falsifican títulos” y sostuvo que “los incendios son prácticamente intencionales y están relacionados con las intrusiones”.

En consecuencia, los productores presentes realizaron una asamblea en las afueras de la dependencia policial y acordaron no entregar el petitorio que redactaron para la ocasión. Además, acordaron que se juntarán firmas de afectados por los hechos de inseguridad y lo enviarán directamente al Gobernador.

Problemáticas

Entre los temas a tratar estaban la usurpación de propiedades y los títulos falos; el tiempo que demandan los juicios mientras tanto los usurpadores ejecutan el desmonte y el apeo de las plantaciones forestales ocasionando problemas económicos y desastres ecológicos. El abigeato, roturas de portones, alambrados, muerte de animales e inseguridad. También el robo de yerba mate que ocasiona daños en las plantas y el robo de las herramientas de trabajo. A su vez plantearon el exceso de requisitos para los denunciantes.

No fue suficiente
Para los productores convocantes del encuentro, la presencia de Zenón Cabrera (jefe de Policía) y dos magistrados que son los responsables jurídicos ante los desalojos no fue suficiente para realizar los planteos.

Pedido al Concejo
El presidente del Concejo Deliberante de Eldorado, Jorge López, se presentó en la reunión de ayer por iniciativa propia para escuchar a los productores presentes. Los planteos podrían tener su ingreso en el Concejo.

Inseguridad en los barrios

De la convocatoria de ayer en Eldorado, participaron presidentes de distintos barrios de la ciudad para expresar también su preocupación por la inseguridad.

“No fuimos convocados pero vinimos igual, queremos que nos escuchen porque estamos tocando el fondo en los barrios. Queremos ver qué posibilidades tenemos para que nos den más ayuda”, comentó a PRIMERA EDICIÓN el presidente del barrio Avanti de Eldorado, Ramón Solis. En este sentido, remarcó que falta personal policial en la localidad. “Queremos que recorran los barrios, necesitamos que caminen por las calles. Tenemos pocos agentes policiales”, dijo.

 

Coordinan acciones entre Gobierno e intendentes para frenar intrusiones
PREOCUPACIÓN. Los intendentes creen que hay algunos actores “comunes” en varios municipios que se dedican a la intrusión de tierras como negocio.

El subsecretario de Coordinación de Gabinete, Daniel Belher, explicó a PRIMERA EDICIÓN que se organizó una reunión para conocer “de boca de los intendentes cuáles son las problemáticas y si son nuevas o de vieja data”. El tema central fue la intrusión y otro tipo de delitos rurales. “La mayoría de los intendentes dijo que son problemas de vieja data, inmuebles que vienen intrusados, sin solución, aunque hubo algún hecho nuevo como Wanda”, señaló y explicó que “desde el Gobierno provincial ratificamos la defensa de la propiedad privada pero sin dejar de preocuparnos por la gente que tiene problemas habitacionales, sin justificar la intrusión”.

Acciones a desarrollar

Se acordó llevar adelante una serie de acciones entre la Policía provincial y los intendentes para buscar solución a los problemas.

“La Policía suele estar al tanto antes o tiene el dato de que están por intrusar un terreno, entonces lo que se acordó es actuar antes de que se establezca la intrusión, preventivamente, logrando desarticular la maniobra”, indicó el subsecretario.

También se acordó en que los municipios deben avanzar en la idea de consolidar un banco de tierras. “Cada intendente deberá ver algún espacio para comprar y lotear, con un precio social, para darle solución a la gente que necesita un espacio”, dijo Belher.

Un loteo realizado por la Municipalidad, según el funcionario, sería mucho más económico que uno efectuado por una inmobiliaria: “además se evita la formación de villas”, agregó. “Con estas dos acciones se pueden evitar las intrusiones, se le brinda una solución a la gente que está necesitando terreno y se le brinda tranquilidad a los propietarios de terrenos privados”, sostuvo.

Tags: abigeatoEldoradoProductoresReclamos
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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