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Productos más caros y faltantes: 12 años de “aduana paralela”

22 noviembre, 2020

En Misiones se festejó la reciente sanción del presupuesto nacional que habilita al Presidente a crear Áreas Aduaneras Especiales. Una esperanza para los empresarios privados misioneros de bajar la alta presión fiscal que los ahoga.

Mientras se espera ese decreto de Fernández, la Agencia Tributaria de Misiones (ATM, exDGR) no ha mostrado una iniciativa para poner su parte en la misión de llegar a una provincia “libre de impuestos”.

Tampoco se propuso revisar su polémico control de ingreso a Misiones, que tantas críticas sigue generando: la “aduana paralela” que cumplió 12 años de existencia.

 

Un pago a cuenta compulsivo

El 18 de diciembre de 2007, al inicio del primer mandato de Maurice Closs, se publicó el Decreto 2913/07, que habilitó a la Dirección General de Rentas establecer un Régimen de “Pago a Cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”, respecto a los bienes que ingresen a Misiones para su compraventa; o remisiones entre fábricas o sucursales; o entregas en depósito o en consignación; así como a la prestación del servicio de transporte de cargas originados acá.

La alícuota fue del 2,38% sobre el valor bruto de la operación, y del 3,4% para los no inscriptos.

El 9 de enero de 2008, hace más de doce años, la Dirección Provincial de Rentas puso en funcionamiento la llamada “aduana paralela” en los ingresos a Misiones por las rutas 12 y 14 que, en realidad, se trata de un puesto de control donde se cobra un anticipo del impuesto sobre IIBB.

Los primeros meses fueron caóticos, debido a los requisitos que establecía el nuevo mecanismo, con airadas protestas de comerciantes y empresarios locales, como así también una serie de conflictos con los distribuidores que querían ingresar productos y se negaban a tributar por adelantado a Misiones.

Mediante la Resolución 56/07, la exDGR comenzó a exigir allí un pago a cuenta –en efectivo- que debían efectuar los choferes de los camiones. Muchos de ellos quedaron retenidos por largo tiempo o debieron firmar un acta de interdicción para poder seguir viaje.

Pasaron los años y el comercio formal se encontró con proveedores que dejaron de mandar productos provocando faltantes en algunos rubros, los dejaban en Corrientes para no pasar por la “aduana paralela”; y otros pagaron el anticipo pero recargando ese monto al valor de las mercaderías

A doce años de ese cambio rotundo del funcionamiento del comercio local, PRIMERA EDICIÓN consultó a referentes que analizaron el panorama actual.

 

No afectó a los formales

El expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Carlos María Beigbeder consideró que “el comercio formal no fue perjudicado, hemos tenido algunas diferencias con algunos proveedores que se han retirado de la provincia pero en líneas generales no nos ha perjudicado”.

El empresario dijo que el efecto más fuerte es que “encarece los precios porque muchas empresas trasladan esa retención, porque no la pueden desgravar, y queda como costo extra. En muchos casos ese costo extra termina siendo un motivo de incremento de precios a todos los misioneros. Es decir que somos una provincia más cara”.

Beigbeder también explicó que se genera un problema financiero: “porque vos anticipás y es difícil descontarte ese anticipo”. “Pero en líneas generales después de 12 años de este anticipo estamos todos acostumbrados, no hay nada nuevo, no hay sobresaltos”, sostuvo

 

Régimen nefasto

El más crítico al respecto de las mal llamadas “aduanas paralelas” fue Luis Pastori, contador y diputado nacional opositor.

Dijo que “esta nueva ´vuelta de tuerca´ a la enorme presión fiscal que impone Misiones a sus contribuyentes, atravesó los dos mandatos de Closs, el de Passalacqua y continúa bajo el gobierno de Herrera Ahuad, generando graves distorsiones en el proceso de comercialización de mercaderías y servicios, a través de los controles fiscales en ruta en el Paraje Centinela en la ruta 14, el Arco por ruta 12, Estación Apóstoles y Azara por ruta 2, ya que generan consecuencias parecidas a las fronterizas”.

Pastori remarcó que “el Dr. Gonzalo Puente dice que ‘la norma crea una presunción con efectos tributarios ampliando la potestad del fisco y anticipando la percepción de un impuesto en el cual todavía no se ha generado el hecho imponible”.

“A su vez, se crea un responsable sustituto -el transportista-, o en su defecto, se podría llegar a detener o demorar la mercadería a ingresar a la provincia, sustentándose en la falta de pago de un impuesto cuyo hecho imponible aún no se ha configurado, esto último corroborado por la resolución general que prevé la interdicción y/o el secuestro de la mercadería, además de cuantiosas multas’”, advirtió el legislador de JxC.

Finalmente, Pastori advirtió que “cuando se reclama a la Nación -y está bien que se lo haga- la disminución de la carga impositiva para Misiones, los gobernantes locales debieran primero preguntarse ¿y por casa como andamos? Y derogar de un plumazo un régimen distorsivo, nefasto, que atenta contra el desarrollo económico de la provincia, expulsa inversiones, atenta contra la generación de empleo y, finalmente, encarece todos los productos que consumimos en Misiones”.

 

Generadora de precios más altos

El exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM, Raúl Karaben, sintetizó a este Diario los doce años de la “aduana paralela” en que “los productos de Misiones terminan siendo más caros que en otras provincias porque este costo adicional lo terminan pagando comerciantes y consumidores”.

Además dijo que “a los que nos venden en la provincia, les suele generar saldos a favor y normalmente -si tienen que vender en Misiones- saben que le tienen que cargar el adicional del impuesto. Cargan 5% porque se venden a Misiones. Ese es un problema real”. “Por otro lado, hay empresas que han decidido no vender a Misiones con lo cual deben recurrir a segundas marcas y otras alternativas porque hay industrias que en su provincia están exentas”, explicó.

Karaben indicó: “Si bien es real que esto significa una recaudación adicional, también es cierto que un contribuyente que está en Misiones tiene que soportar la RG 56 de pago a cuenta, el régimen bancario, el de tarjetas de crédito… cuando mirás el conjunto de operaciones, este contribuyente de Misiones termina alcanzado tres veces por algún régimen de percepción. Y los saldos de los contribuyentes terminan siendo muy significativos”.

Respecto a las multas que durante un tiempo se aplicaban en el control rutero, Karaben explicó que “la actual gestión de los controles es mucho más coherente que las autoridades anteriores. Son más razonables porque antes por cualquier pavada te cobraban multas”.

Por último, coincidió con Beigbeder en que “la preocupación pasa por la parte financiera: al haber tantos regímenes de retención y percepción se provoca una asfixia financiera a las empresas que tienen saldos a favor, estaría buena que en esta época de crisis se pudiera disminuir rápido los saldos a favor”.

Tags: aduana paralelacontrolRentas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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