Salir a la vía pública, entrar a un comercio o trabajar en un lugar con atención al público sin el obligatorio barbijo es pasible de multas para las personas y las empresas como también hasta la clausura de los locales comerciales. Organizar una fiesta de cumpleaños puede dejar a la persona con multa y una causa judicial.
Pero tener una lancha, cargarla con varias personas, bebidas alcohólicas y trasladar el festejo a orillas de la Isla del Medio parece no tener limitaciones ni obligación de cumplir con las normas que impone a una gran mayoría el DNU del presidente Alberto Fernández en la pandemia.
Al igual que sucedió con los fines de semana descontrolados en el Club de Río (San Ignacio), el hecho del viernes se conoció gracias a las fotos y videos subidos por los propios participantes (aunque parezca curioso, al que infringe las reglas parece gustarle la idea de mostrar que pudo hacerlo mediante Instagram).
Allí no hubo distanciamiento social: hubo aglomeración, bebidas alcohólicas (que sin dudas fueron trasladadas en las embarcaciones), cuando para el resto no es posible sentarse a observar el mismo río Paraná desde la costanera posadeña.
Fuentes de la Prefectura Naval consultadas por PRIMERA EDICIÓN aseguraron que las embarcaciones y las personas se ubicaron en un tramo de la isla con jurisdicción del Paraguay, para justificar que no podían actuar.
Sin embargo, no explicaron cómo hicieron para salir de la zona costera en esa cantidad, con bebidas a bordo y llegar al lugar sin controles. Tampoco la razón por la cual no solicitaron colaboración de la Armada paraguaya, ya que habrían ingresado a territorio extranjero sin autorización.
En el Gobierno provincial aseguran que el control costero pertenece a las fuerzas federales. Tal y como sucedió con el Club de Río, la “billetera mata COVID” se volvió a imponer sobre las instituciones, mientras el resto de los ciudadanos se ve limitado en sus derechos (incluso de trabajar, como ocurre con parte del turismo o los eventos sociales), entendiendo el contexto sanitario extraordinario que afecta al mundo.
Esos mismos ciudadanos son los que deben observar cómo las restricciones y protocolos rigen para los de menor capacidad económica, porque no pueden comprar una lancha y escapar de las multas y sanciones.
No pasa nada, el pésimo mensaje
Cualquier kiosko o comercio que hubiera infringido mínimamente los protocolos sanitarios habría sido clausurado. El Club de Río se llenó de gente y embarcaciones a mediados de octubre y hubo apenas un “tirón de orejas” para sus propietarios, que siguieron facturando.
Las lanchas que protagonizaron la polémica, habían partido en su mayoría del club Pira Pytá. Hubo socios que pidieron la intervención de la comisión de disciplina, pero nada pasó. Exactamente el mismo mensaje para empresas como para infractores.
Los ministros Oscar Alarcón (Salud) y Marcelo Pérez (Gobierno) dictaron una resolución por la cual sólo pueden salir embarcaciones de tres lugares: Club Pira Pytá, Guardería Náutica Leo y Guardería Marcos Kanner. No parece ser tan difícil para la Prefectura o la Policía determinar quiénes incumplen las reglas.
Porque los navegantes deben avisar antes de partir a dónde van, quiénes van, hora estimada de regreso, además de controlar el consumo de bebidas, documentación, salvavidas, entre otros elementos.
Pero habitualmente son políticos, empresarios, personas influyentes o familiares de ellos. En ese mensaje de “no pasa nada”, se mira a otro lado o hay excusas legales, como si lanchas y tripulantes hubieran caído del cielo en paracaídas, sin atravesar aguas argentinas o sin volver a Misiones.
Son, sin dudas, malas señales para los que se cuidan y protegen a los demás con sus actos de responsabilidad.
