En medio de crecientes cuestionamientos por la proliferación de fiestas clandestinas en la provincia y la ineficacia de los controles para evitarlas, la Justicia Federal de Oberá tiene en sus manos los expedientes para determinar responsabilidades e incumplimientos de los protocolos por COVID-19 al propietario de un yate, quien es investigado como el dueño de la embarcación donde presuntamente se realizó una fiesta clandestina tras echar amarres en el Club de Río el pasado fin de semana.
Asimismo, al dueño del complejo turístico de San Ignacio también se le labró un acta de infracción por no poder hacer cumplir el protocolo que presentó en su momento ante la Provincia para prestar servicios de turismo interno en el predio.
El caso del yate había tomado trascendencia provincial en los últimos días a raíz de las imágenes que exponían la masiva asistencia a un evento que se organizó a bordo de una embarcación el fin de semana pasado.
“Se colaboró con Prefectura para hacer las denuncias y una vez que se le avisó, intervino. Acompañamos en la denuncia y en las actas labradas. En el Club de Río también se labró un acta de lo ocurrido”, confirmó a PRIMERA EDICIÓN el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, quien también pudo saber que la fuerza federal labró un acta al yate cuando volvía desde San Ignacio hacia Posadas porque quien lo timoneaba no tenía permiso para hacerlo.
“Se realizó la denuncia correspondiente y la causa se encuentra en el Juzgado Federal de Oberá” (a cargo del juez Alejandro Gallandat Luzuriaga), precisó el funcionario al ser consultado por las medidas de control y sanciones tomadas a partir del hecho difundido públicamente el último domingo.
Ahora los denunciados podrán ejercer su derecho a defensa y la causa seguirá el curso judicial que corresponde.
“Destino Seguro”
En paralelo, en las instalaciones del club mencionado también se había denunciado el incumplimiento del uso obligatorio del barbijo y del distanciamiento social, además de desmanes y desbordes por consumo de alcohol. Los hechos desencadenaron, como primeras medidas de parte del Club de Río, que ya no permitirá el ingreso de grupos de jóvenes menores de 25 años y tampoco de conservadoras de los visitantes para transportar las bebidas que consuman en el lugar.
“Se hicieron denuncias y las sanciones -si las hubiere- se determinarán con posterioridad, porque ahora se tiene que determinar hasta qué punto los dueños del complejo son responsables”, se excusó el ministro, aduciendo que las personas sindicadas como quienes estaban en incumplimiento llegaron hasta las inmediaciones en lanchas y no ingresaron por la entrada donde se hace el control del Club.
No obstante ello, el mismo propietario del predio reconoció días atrás en diálogo con este matutino que la situación “se le fue de las manos” y el intendente de San Ignacio, Javier Peralta, aseguró a la FM 89.3 Santa María de las Misiones que “hubo sanción para el empresario y se le pidió que cambie la forma de controlar ingresos y admitir clientes”.
“Por los videos quedaron bien identificadas las personas que incumplían el protocolo, está el registro de todo”, sostuvo al referirse a la continuidad de la causa.
“Costó mucho reactivar el turismo interno, algo que es muy importante para San Ignacio ya que hace a la economía de muchas familias que viven de ese rubro”, recordó el jefe comunal, quien por eso lamentó que “en este momento hay una inconsciencia social para prevenirse de los contagios. Tenemos que lograr que San Ignacio sea un destino seguro para la gente y en función de ello vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance”.
El ministro de Turismo provincial, José María Arrúa, también pidió cuidar el producto turístico que es San Ignacio, especialmente el complejo Club de Río en verano, y señaló que acompañará como organismo para ajustar el alojamiento y la admisión de visitantes para evitar que se repitan los hechos.
Mejorar los controles
Lo cierto es que el caso en San Ignacio reactivó un escándalo y un fuerte reclamo de parte de un amplio sector de la sociedad, que interpreta que para algunas actividades o en determinados lugares hay “drásticos” controles, pero no son parejos para todos, según dejaron traslucir en quejas a este medio.
Es que, como deslizaron algunas autoridades vinculadas al control policial, resulta mucho más fácil recorrer la costanera posadeña con un megáfono que trasladarse varios kilómetros a alguna estancia semiescondida en busca de presuntas fiestas clandestinas.
Respecto al “relajamiento” que se percibe en las calles, el ministro Pérez reconoció que “sí existe de parte de la sociedad, en algunos lugares, y de la juventud particularmente”. Por ello prometió que “vamos a reforzar todos los controles y vamos a seguir haciéndolo dentro de las posibilidades que se tienen”.
Apuntó que “fuimos cambiando el eje de los controles a medida que fuimos monitoreando el incumplimiento y hoy nuestros recursos están monitoreando las redes sociales para detectar eventos clandestinos y actuar en consecuencia”, aunque sobre todo se trabaja a partir de las denuncias que hacen los vecinos.
En cualquier caso, “necesitamos la responsabilidad social, especialmente el compromiso de aquellos que solicitan los protocolos para que después se encarguen de hacer que se cumplan. Cuidarse también es responsabilidad de los jóvenes y de sus padres”, pidió el funcionario.
“Un paraíso arruinado”
Paralelamente, un grupo de pobladores de las inmediaciones del Club de Río hizo llegar su amarga queja por el daño ambiental que las celebraciones masivas y fuera de control están causando en el Teyú Cuaré un imponente escenario natural que “tanto ha cambiado que ahora sólo aturde rebotando en ecos parlantes con música reguetonera, cumbias o algún hit que el Club de Río quisiera hacer sonar”.
Vecinos históricos del lugar, que optaron por mantenerse en el anonimato por temor a represalias, denunciaron a través de una carta dirigida a este Diario que “el mal manejo de un negocio millonario genera daño y más daño cada año. Se escudan en el turismo y sólo piratean el lugar: mega fiestas rompiendo y dañando todo el escenario natural, porque alguien decidió que este lugar es sólo para facturar”.
Organizadores de eventos reclaman ley pareja
En medio de “un proceso bastante complejo” en la negociación de los protocolos para volver al trabajo cuanto antes, después de siete meses de parate, los organizadores de eventos de Misiones recibieron como un baldazo de agua fría el escándalo del fin de semana pasado en el Club de Río, que se convirtió en emblema de las fiestas clandestinas que proliferan en la provincia.
“Las fiestas clandestinas que son de público conocimiento nos hacen la labor mucho más lenta a nosotros como empresarios (para la reapertura de los eventos sociales), porque hay un choque de realidades y a esa misma gente que estuvo en una fiesta clandestina después la tenemos que recibir en un evento formal y es ahí donde se rompe la trazabilidad de la pandemia. El caso del Club de Río nos ha hecho retroceder dos o tres pasos, no te digo que se ha tirado todo por la borda pero sí marca que parte de la sociedad no está tomando real dimensión de la situación, pese a que hay muchos que sí se están cuidando y dando un ejemplo a la sociedad”, explicó ayer a la FM de las Misiones el presidente de la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos (AMPROE), Gastón Jilek.
Por eso se mostró claramente “a favor de que se apliquen multas a los infractores.Tenemos dos maneras de entender la realidad: por experiencia propia (con la muerte de alguien cercano) o porque te cobren la multa”.
Con las fiestas clandestinas “primero estamos violando un DNU a nivel nacional, estamos violando el trabajo de muchas empresas en desmedro de otras, y estamos violando todo un sistema de salud en desmedro de todos los habitantes de la provincia. Entonces las multas tienen que ser ejemplificadoras, porque o te entra por el cuero propio o te entra por el bolsillo`”, planteó Jilek, quien sentenció que “si las cosas se hacen bien, no tendríamos que haber llegado a donde se llegó: ¿bajo qué protocolos se hizo, quién controlaba?”, se preguntó.
En otro orden, también lamentó que “se están llevando a cabo eventos en lugares que no son adecuados para ello. Por ahí se celebra un casamiento en un restaurante, cuando hay salones de eventos cerrados y empresas que no pueden facturar desde hace siete meses. No lo vemos mal, yo puedo tomar la decisión de festejar hoy con los protocolos vigentes; lo que ocurre es que de esa forma hay toda una industria detrás que no factura, siendo que bajo los mismos protocolos se podrían realizar perfectamente los mismos festejos en un salón de eventos, con decoradora, musicalizador, empresa de catering y los 35 rubros que en un restaurante no trabajan”.
