La diputada nacional eldoradense Cristina Britez (FpV) y el fallecido exsenador nacional Salvador Cabral Arrechea (FR) forman parte de una lista de unas 80 personas entre políticos oficialistas y opositores, periodistas y policías que habrían sido espiados en forma ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El hecho fue denunciado el martes por la titular de la AFI, Cristina Caamaño, en la Justicia penal como presunto espionaje ilegal. La información se obtuvo tras la recuperación de un disco rígido que había sido borrado en una computadora de la sede de Inteligencia.
En la denuncia se solicitó las indagatorias de Macri -“en su calidad de ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”- y del exdirector y la exsubdirectora de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
“No es sorpresa, pero es grave. Confirmar que fui espiada por la AFI de Macri y Arribas es también confirmar que tuvimos un gobierno al cual no le interesaba debatir con la oposición, sino perseguirla. Que se haga Justicia y que no se repitan nunca más esos métodos”, publicó Britez en su cuenta de Twitter.
Una vez anoticiada de la denuncia, Cristina Britez anticipó que va a presentarse como querellante en la causa contra Macri, Arribas y Majdalani.
La denuncia quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello, en los tribunales federales de Retiro, tras ser presentada de manera remota ante la Cámara Federal porteña, que realizó el sorteo correspondiente, según informaron a esta agencia fuentes judiciales.
Caamaño aludió a delitos vinculados a la “producción de inteligencia ilegal” en los términos de los artículos 4 y 43 de la Ley de Inteligencia Nacional durante la gestión en la AFI de su antecesor.
En la denuncia se alude a un presunto espionaje ilegal que se habría iniciado desde al menos el 2 de junio de 2016 sobre correos electrónicos privados de como mínimo 80 damnificados. La información fue recuperada de un “disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado”, se consignó en la denuncia.
“Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal”, sostuvo Caamaño en la denuncia.
Además aludió al hallazgo de “rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes y fuerzas policiales.
“Del análisis surge que se procedió al borrado de la información que el mismo contenía, pero ello no de manera segura, por lo que fue posible reestablecerla”, agregó.
