La crisis provocada por el aislamiento obligatorio ante la pandemia por COVID-19, genera una creciente preocupación para cientos de PyME afectadas por la parálisis y, en consecuencia, sus trabajadores. Especialmente para aquellas que no fueron exceptuadas para trabajar y sin recaudación no saben cómo pagarán sueldos, impuestos y deudas. Menos pueden tomar créditos que empeorarían la crisis.
En relación a esto, en diálogo con Primera Plana por la 89.3 FM Santa María de las Misiones, el abogado especialista en derecho laboral, Sebastián Garabito, consideró que en este momento el primero que debe dar respuestas y acompañar a las PyME, debe ser el Estado.
“El principal actor es el Estado. Es entendible que la Nación haya decretado la obligación de continuar pagando los salarios, porque el trabajador y su núcleo familiar quedan desprotegidos si no se garantiza su sustento. La prohibición de despidos y suspensiones es entendible en este marco, pero hay que pensar qué pasará después de la cuarentena. Primero porque vamos a tener que aprender a convivir con este tipo de enfermedades y, luego, habrá que ver qué empresas subsisten. Todavía no sabemos cuándo se levantará la cuarentena. No es lo mismo decirle a un empleador pagá los sueldos por 15 días aunque no produzcas. Pero 30, 60 o 90 días muchas empresas no van a poder ponerle el hombro a esta situación”, advirtió Garabito.
“No porque no quieran, porque ningún empleador quiere perder el capital y el esfuerzo de toda una vida que pone al servicio de una producción para ganar pero también para generar puestos de trabajo. Pero el Estado le sigue cobrando impuestos y continúa exigiéndole cargas previsionales”, remarcó.
Medidas de relativo alcance
Para relativizar la eficacia de algunas medidas oficiales, Garabito recordó el decreto que permitió en el inicio del aislamiento distinguir entre trabajadores esenciales y no esenciales.
“Además de establecer una guardia mínima podía considerar a los demás trabajadores como no esenciales, pagarles el salario no remunerativo (sin el pago de aportes y contribuciones) y así poder ahorrar algunos recursos. Eso inmediatamente fue dejado sin efecto y se generó otro decreto pero todavía no está reglamentado”.
Entonces, se preguntó “¿cuáles son los beneficios reales? Hasta ahora, el Estado viene diciendo al empleador ‘te doy un préstamo y te salgo de garante’. La tasa del préstamo es de un 24%, por ende, por cada millón que pida para pagar salarios o enfrentar el pago de gravámenes debe tener asegurada una rentabilidad de al menos 240 mil pesos para llevar adelante ese préstamo”.
Se debe buscar la protección del sector empresarial para garantizar que, una vez que salgamos de la cuarentena, exista la suficiente cantidad de empresas para poder reabsorber la mayor cantidad posible de trabajadores”, pidió el abogado.
Luego se refirió al impedimento por decreto de realizar despidos por causas de fuerza mayor o disminución de trabajo. Sin embargo, la ley permite a los empleadores la posibilidad de “suspender de la obligación del débito laboral al trabajador pero le tiene que pagar el salario, que será considerado como no remunerativo para ahorrarse las cargas previsionales”.
Pero no todo estuvo previsto para beneficiar a las empresas paralizadas o las exceptuadas del aislamiento.
Garabito recordó que para poder tomar la medida antes mencionada, “requiere la homologación del Ministerio de Trabajo y es el mismo Estado el que efectuó o decretó la licencia de la gente del mismo Ministerio, sin una guardia mínima. Entonces, el empleador que tiene este beneficio no lo puede usar y se sobrecarga de responsabilidades en esta contingencia. Convengamos que no todas las empresas son Pérez Companc para afrontarlo”.
“La fuerza mayor existe y lo que se suspende son sus efectos. Tampoco el Estado puede decirle al empresario ‘tenés que pagar’; y el empresario dirá que no tiene con qué. ‘Ah, es tu problema, tenés que pagar’, sin ver qué va a pasar después porque, si presionamos demasiado, lo que vamos a perder son precisamente puestos de trabajo. Entonces creo que la primera respuesta la tiene que dar el Estado, fundamentalmente a través del Ministerio de Trabajo”, reflexionó el letrado misionero.
“Cuando salgamos de la cuarentena o en este momento, el procedimiento preventivo de crisis le permitirá al empleador, en algunos casos demostrados y justificados con presencia del sindicato y de la autoridad administrativa sin versos, disminuir las cargas horarias o los montos salariales por un determinado período de tiempo, hasta que la empresa se pueda mover para solventar los gastos y salir de la crisis. Vamos a ver cómo se implementa desde Trabajo, qué alternativas habrá con planes que pretenden beneficiar a las PyME fundamentalmente, porque son las que mueven la economía. Muchas cosas van a quedar para el futuro y estaremos a la expectativa”, sostuvo Garabito.
Lamentó que “por un lado dan una solución pero la limitan por el otro lado, entonces el empleador se encuentra frente a una disyuntiva. El Estado va a tener que pensar un poco más en el sector productivo, en un contexto donde se espera una recesión internacional importante, en el que Argentina va a tener como mínimo una pérdida del PBI del 5,2%. Todos van a tener que poner su esfuerzo para generar consumo y trabajo. El Estado va a tener que dejar de hacer un análisis de clase y pensar un poco más en el sector productivo porque sin él no habrá capacidad de trabajo”, señaló.
Finalmente, Sebastián Garabito sostuvo que no será beneficioso para nadie “que aumente la litigiosidad en este tema porque, cada juicio, significará seguir afectando tanto al empleador como al trabajador”.
