Tras el primer mes de gestión de Alberto Fernández, la situación de la economía argentina continúa siendo compleja, con “mucha deuda, demasiada inflación y poca actividad”, según la consultora Ecolatina.
La entidad destacó la mejora del resultado fiscal primario que había iniciado la gestión de Cambiemos. Explicó que se logró pero se cambió el método: más impuestos y no -mucho- menos gasto.
Se endurecieron las retenciones, se fijó un recargo de 30% a la compra de dólar turista y para atesoramiento, y se incrementó la alícuota de bienes personales, entre otras novedades impositivas.
También siguió el ajuste de las erogaciones, al menos por ahora: el congelamiento de jubilaciones y pensiones -bono de $ 5.000 mediante- y la suspensión de la fórmula de movilidad, reemplazada por una suba discrecional atenuaría la suba nominal del principal componente del gasto primario.
En 2020 el resultado fiscal primario se acercaría al equilibrio, revirtiendo el leve rojo acumulado en 2019 (-0,7% del PBI), estimó Ecolatina. Además del impacto directo en términos macroeconómicos que tiene ajustar el déficit fiscal, en este escenario de elevados pagos de deuda, un sendero de superávits primarios es la principal demanda de los acreedores.
En este sentido, y como respuesta de los mercados privados a estas medidas, el riesgo país bajó casi 700 puntos básicos, pasando de 2.500 el 10 de diciembre pasado a la zona de 1.800 puntos actualmente.
Si bien a este nivel el financiamiento permanece cerrado, la tendencia arroja cierta esperanza, indica la entidad.
“Podemos afirmar que hubo algunos avances, no tanto en el plano concreto -las negociaciones formales no comenzaron- pero sí respecto de lo que aventuraban los tenedores de deuda y la incertidumbre desatada luego de las elecciones primarias de agosto 2019”, señaló.
Para desacelerar la inflación, el Gobierno congeló las tarifas de servicios públicos a lo largo del primer semestre de este año. El 1% del PBI de gasto que aumentarán los subsidios por este congelamiento será más que compensado por casi 2% del PBI que sumará el endurecimiento impositivo, de ahí el optimismo de los tenedores de deuda, indicó.
Señaló que el Banco Central está “manteniendo fijo al tipo de cambio oficial -es decir, el que usa el sector privado como referencia para las operaciones comerciales- en $60.
Precios
Estas medidas moderarían la inflación anclando dos de los principales costos de las empresas.
Pero advierte que pese a estas políticas, la suba de precios persistió elevada a lo largo de diciembre y enero, donde la inflación mensual no bajará del 3%, acumulando más de 6,5% en el primer bimestre de gestión del nuevo Gobierno.
Así, al menos durante los primeros meses del nuevo gobierno la inflación seguirá elevada.
Que la nominalidad siga en estos niveles en un contexto de tarifas y dólar anclados no es neutral en términos macroeconómicos: mientras que el resto de los precios suben y estas variables permanecen congeladas, se genera cierto atraso tarifario y cambiario, que provoca un mayor gasto en subsidios y deteriora la competitividad cambiaria.
Recordó que la principal estrategia mencionada en la campaña del Frente de Todos, el acuerdo de precios y salarios, todavía no se puso en marcha, al menos de manera oficial.
Optimismo
Por lo tanto, aunque el tiempo no está a favor de esta estrategia, es necesario ser cautos antes de afirmar que las políticas no están siendo efectivas. Ecolatina sostuvo que si la negociación de la deuda llega a buen puerto mejorará la credibilidad del Poder Ejecutivo y, con ella, las chances de éxito de implementar este acuerdo.
Si las perspectivas de cara a la negociación de la deuda son tibiamente optimistas y la baja de la inflación moderada, en materia de actividad es donde reposan las principales dudas.
El Gobierno está buscando reactivar la economía con el menor costo fiscal posible, dadas las limitaciones que imprime la negociación de la deuda, explicó.
En la misma línea, el cambio de sesgo en la política monetaria, que cada vez se torna más expansivo, puede chocar con el proceso de desinflación si la menor tasa de interés local y la mayor liquidez se traducen en mayores presiones cambiarias – en el mercado paralelo por las imposibilidades de acceder al oficial- y no en una reactivación de la inversión y el consumo.
Mapa de la crisis financiera
Las provincias adeudan unos US$ 26.000 millones de dólares, y ya son varios los distritos que mostraron su preocupación por la necesidad de reperfilar vencimientos, siguiendo el camino del gobierno bonaerense de Axel Kicillof.
Junto con las negociaciones que encara el Gobierno nacional con acreedores que tienen en su poder deuda argentina, en pesos y en dólares, emitida bajo ley nacional o extranjera, están las provincias de Buenos Aires y la de Chubut, las más complicadas con vencimientos que deben afrontar este año.
Detrás aparecen Córdoba, Santa Fe y Neuquén, que por ahora no han dado señales de necesitar ayuda.
Este año las tres deberán hacer frente a pagos por US$ 3.330 millones y $126.000 millones, según la consultora Economía y Regiones.
Los gobernadores Kicillof (Buenos Aires) y Mario Arcioni (Chubut) ya avisaron que no pueden hacer frente a los pagos en las condiciones originales y empezaron a tomar medidas para lograr un alivio consensuado con los acreedores.
Kicillof pidió postergar un pago de US$ 250 millones hasta mayo, pero este año la Provincia tiene que pagar 2.023 millones de dólares y casi 35.000 millones de pesos.
Chubut -con las cuentas provinciales en rojo- tiene que renegociar pagos que este año trepan a US$ 158 millones y $3.420 millones.
La provincia de Buenos Aires es la más endeudada, con un stock de deuda equivalente al 79% de los ingresos, de las cuales el 85% es en moneda extranjera.
Chubut tiene comprometidos en el pago de la deuda el 76% de sus ingresos y el 89% de su pasivo es en moneda extranjera.
Jujuy debe pagar en 2022 US$ 210 millones y Neuquén este año 161 millones de deuda. Entre Ríos se complica recién en 2023 cuando vencen cerca de US$ 167 millones de un bono.
En 2021 a Córdoba le vence un bono por US$ 725 millones y la Rioja tiene en 2022 vencimientos por 50 millones de dólares. Mendoza en 2022 afrontará US$ 170 millones y Río Negro tiene un pago recién en 2023 por US$ 100 millones de un bono.
Fuente: Agencia de noticias NA.
