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El dolor y los recuerdos tras una década de la Tragedia del Paraná

16 enero, 2020
SIEMPRE. Los familiares de las víctimas han mantenido a lo largo de los años una lucha pidiendo justicia.

Una herida que no cierra y tal vez no lo haga nunca. Cuando en 2014 el juicio contra el organizador de la competencia y el responsable de la Prefectura Naval Argentina de esta zona en su momento tuvo una sentencia de tres años y medio y cuatro de prisión parecía que llegaba cierto alivio. Pero no. En 2017 las condenas quedaron firmes y si bien tanto Alfonso como Lezcano fueron detenidos, al tiempo recuperaron la libertad, en distintas ocasiones y circunstancias. Eso trajo congoja, resignación y cuestionamientos por parte de los familiares de las ocho víctimas
Hoy se cumplen 10 años de la Tragedia del Paraná. Harán una misa y una ofrenda floral como cada 16 de enero. La libertad concedida durante el 2019 a Hugo Alberto “Tyson” Alfonso, organizador de la competencia y la prisión domiciliaria dictada en ese mismo año para Lezcano tras estar dos años en Marcos Paz, es como reavivar el dolor.

Más allá de contar las actividades previstas para hoy, PRIMERA EDICIÓN recolectó algunos testimonios de familiares de las víctimas que siguen pensando que no existió justicia. Franco Bacigalupi, hermano de Mauro, una de las víctimas y que ni siquiera estaba participando y que murió al intentar rescatar personas atrapadas en las famosas barcazas de soja, consideró que “los dos condenados debieron cumplir el tiempo de la condena. Sea poco o no, no estuvieron el tiempo que hubiéramos querido en prisión”.

Rodrigo Bacigalupi, abogado querellante durante el proceso y primo de Mauro y Franco, consideró que el proceso desde la tragedia en 2010 “se hizo mal y aún después de la condena y que el fallo quedara firme se siguieron haciendo mal las cosas. Prefectura por todos los medios nunca remedió el daño a los familiares y siempre se han puesto palos en la rueda mientras los familiares seguimos sufriendo”.

Cuando el reloj de hoy marque las 10, el punto de reunión será el monumento del Papa donde están las imágenes de las ocho víctimas: Víctor Darío Sessa, Fernando Solé Mases, Eugenio Raúl Seró, Sebastián Enrique Ruzecki, Ricardo Nicolás Levequi, Manuel Jacinto Leiva, Mauro Patricio Bacigalupi y Luis Saide. Allí sus familiares les harán una ofrenda floral para luego dar paso a una misa en la iglesia Stella Maris ubicada a pocos metros de ese lugar, siempre dentro de la capital misionera.

El año pasado cuando se cumplían nueve años y la libertad del organizador de la competencia estaba consumada, los familiares habían mostrado su descontento. Cabe recordar que fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión al ser encontrado culpable de “homicidio culposo”.

Pero cumplidos 15 meses de detención en la Unidad Penal Federal 17 de Candelaria, tras haber realizado cursos de Inglés, Operación Básica de PC, Secretariado Administrativo, talleres de Planificación, Gestión de Emprendimiento y Música, además de haber tenido buena conducta, la Justicia resolvió adelantarle la excarcelación.

Al respecto, Nicolás Ruzecki, hermano de Sebastián, consideró que esa decisión la tomaba como “una burla de la Justicia”.

“Acá murieron ocho personas. La condena de tres años y medio es un chiste”, se lamentó. Entendió que para la familia era como echar sal sobre la herida del dolor de la pérdida de su hermano. Al respecto, el entrevistado reflexionó: “Pienso que una persona que fue responsable de la muerte de ocho personas no puede ser que tenga un cumplimiento de pena tan liviano. Me parece que eso no es Justicia. Como sociedad deberíamos reflexionar sobre esto. Nuestra Justicia no está funcionando bien”, cuestionó.

Franco Bacigalupi sostiene firmemente que “aunque la condena fuera de 20 años, eso no nos iba a devolver a nuestro hermano. Pero lo más justo hubiera sido que cumpla el tiempo que decidió la Justicia en el fallo pero bueno… pasó así”, se resignó pero agradeció el apoyo de la gente siempre en esta década.

El juicio y las condenas

Pese a que el juicio se realizó en 2014, recién en 2017 la condena impuesta por el Tribunal Federal de Posadas a los acusados Alfonso y Lezcano quedaron firmes. El prefecturiano cumplió dos años de esa pena en el Penal de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires y luego le otorgaron la pena domiciliaria por cuestiones de salud, situación que se mantendría en la actualidad aunque no hay mayores precisiones al respecto. Lo concreto sí fue que “Tyson” Alfonso cumplió parte de la condena en la Unidad Penal 17 de Candelaria y fue beneficiado a principios del año pasado con la libertad condicional que incluso se le adelantó en cuanto a tiempos y plazos por buena conducta y la realización de los cursos mencionados anteriormente.

Tags: Tragedia del Paraná
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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