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Re: “Lo importante es que se sancionó a todas las empresas incumplidoras”

5 octubre, 2019

 

El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Alberto Re, contestó las críticas que recibió desde diferentes sectores, incluido el ministro del Agro José Luis Garay, por la decisión de reducir las sanciones a las empresas que no cumplen con el precio fijado para la hoja verde u otras irregularidades.

En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, Re defendió la modificación en la grilla de sanciones, que fue sancionada con el voto de los directores del organismo, y opinó que “se tomaron las mejores decisiones para la época y por la situación actual, con la idea de aplicar un código de sanciones más acorde con la realidad. Esto fue pensado hace muchos años, se evaluó durante varios meses, porque una de las críticas que escuché por ahí es que fue una cosa nueva que salió así nomás pero no es así. Se lo elaboró muy profundamente, se discutió durante varias semanas y punto por punto, para llegar a la conclusión que había que actualizarlo”.

Cabe recordar que la semana pasada los productores de las asociaciones y entidades de la provincia llegaron a exigir al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Etchevehere, la urgente investigación y la destitución de Alberto Re como presidente del Instituto Nacional, acusándolo de “haber ocultado información con respecto a la resolución 268/2019 del INYM”, publicada en el Boletín Oficial de la Nación, y que estableció la derogación de la resolución 464/2017 que contenía el Régimen de Determinación y Aplicación de Sanciones a quienes incumplen las normas del sector yerbatero.

Ante esto, el presidente del Instituto nacional aclaró que “el objetivo de la medida fue hacerlo más manejable y razonable, y poner penas acorde a la realidad y a la magnitud de los hechos que se sancionan”.

“Las multas tienen que tener dimensiones razonables, no puede ser que se fundan empresas, o que cueste muchísimo cubrirlas. Hay que pensar que en esta situación económica, tenemos que adaptar todas las circunstancias. Tenemos que preservar las instituciones y las empresas que son las que mueven la economía yerbatera”, consideró.

Al mismo tiempo subrayó la importancia de “no dejar de castigar estas situaciones, porque se sancionaron a todas las empresas incumplidoras, que habían hecho descuentos indebidos. Eso es lo más importante de todo, no la pena que se le puso después. El hecho es que se sancionó a todas, es decir que no se puede pagar menos del precio oficial, y no se pueden hacer los descuentos que se hicieron. Como instituto la responsabilidad que tenemos y lo que la ley nos indica es que tenemos que cumplir, y finalmente lo hicimos”.

Re también aclaró que “la modificación no es retroactiva. Las penas se ponen de acá hacia el futuro. Lo que se castigó atrás ya pasó. En todos lados es así, hasta en las leyes comunes es así”.

“Como incumplidoras hay empresas grandes, chicas, cooperativas, de capital privado, la base es muy amplia. Por eso, con esta modificación no se beneficia solamente alguna en particular, el régimen es para todos”, apuntó.

 

Negocios con el mercado paraguayo

En relación a la intención de tres firmas argentinas que consultaron precios en el vecino país, para comprar materia prima, según trascendió por parte del Centro Yerbatero Paraguayo, el presidente del INYM señaló que no tuvieron más información sobre eso. “Los contactos que hicimos nos indicaron que por el momento no hubo ningún intento concreto de realizar una compra al mercado paraguayo”, aseveró.

Al respecto también remarcó que “nuestro mercado está bien abastecido, la producción de hoja verde según los últimos indicadores es casi normal, vamos a terminar cerca de los 800 millones de kilos a fin de diciembre. Los números están sonriendo, al mercado interno estamos vendiendo muy bien y con las exportaciones también todo va muy bien. Los productores que vendieron hoja verde, cobraron, se acortaron los plazos de pago. Por eso esperemos que no sea necesario recurrir a un país vecino, creo que eso no es aconsejable porque estamos haciendo mucho foco en la yerba mate argentina, toda la propaganda está basada en la marca de calidad que tratamos de imponer en los últimos años, con todas propiedades y controles de calidad que defendemos y pedimos, con los cuidados que tenemos que tener porque en definitiva es un alimento y eso se realiza acá, no sabemos en otro lado si lo hacen. Tenemos que proteger eso y cuidar que lo envasado y la venta sea sobre lo nuestro, no con producto de otro lado”.

 

Asistencia a pequeños productores

Este viernes además se presentó el Programa de Asistencia Técnica a Pequeños Productores Yerbateros, impulsado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), buscando fortalecer ese eslabón de la cadena yerbatera.

El objetivo es brindar asistencia técnica directa a agricultores con producción menor a 60 toneladas de la hoja verde, para hacer más productivos y competitivos sus yerbales. En su etapa inicial, se brindará asesoramiento integral y personal a unos 600 pequeños productores.

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Tags: INYMMultasPolémica
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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