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Verde fuga

15 septiembre, 2019
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La economía argentina muestra una “dólar-dependencia” que, ante cada escalada cambiaria, conlleva una de la inflación en todos los rubros. En la cadena de comercialización, mayoristas y comerciantes de venta al público variaron los precios de los productos según se movió la moneda norteamericana, aunque el peso sea la oficial del país y que muchos de los artículos no tengan componentes importados.

Desde la instalación del cepo cambiario, hace un par de semanas atrás, cobraron fuerza cotizaciones del dólar por fuera del precio oficial, como “huecos” al freno -que intentó ponerle el Gobierno nacional- a la salida de dólares, que exprimen las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Es más usual hablar del “dólar blue” y ahora también sobre el “dólar contado con liquidación” al que se lo popularizó como el “dólar fuga” o “rulo”, cuyas cotizaciones acumulan subas de entre 15 y 25% por encima del mayorista. Solamente el viernes pasado este se cotizó un 8% arriba desde su aparición.

Para entender la incidencia, el economista José Piñeiro Iñiguez (MBA de Harvard, EEUU y exvicepresidente del Citibank) aseguró que “El cepo impuesto al dólar días atrás empezó a tener consecuencias en la vida real de la gente y de las empresas. Empezó a hacerse bastante más compleja la operatoria del día a día. (…) Lo que se empezó a ver para las empresas es la imposibilidad de efectuar determinados pagos. (…) Por un lado están las empresas que tienen los dólares en efectivo en Argentina y que tienen que darle esos dólares al banco agente que, a su vez, en el exterior le va a pagar a un montón de tenedores de bonos. Por el otro lado, las que tienen pesos y, con esos pesos, deberían comprar dólares y entregarlos a los bancos agentes para que paguen los compromisos en el exterior. Y se dieron cuenta ahora, que esa operación no la pueden hacer”.

Así, apareció “la solución para las provincias y las empresas: ir por la operación de contado contra liquidación. (…) Cuando esta medida se implementó valía lo mismo que el billete físico. Pero, el mercado al ver este dólar restringido empieza a tomar una brecha en el contado con ‘liqui’ contra el dólar spot que está en la ventanilla de los bancos”, explicó Piñeiro Iñiguez. “Esa brecha va ir creciendo con el tiempo. Nació con un 5%, se fue a un 10%, en el corto plazo superó los 20%, hoy -por el viernes pasado- cerró en 74 pesos y quizás para octubre o noviembre tengamos una brecha superior al 40%. (…) Cuando vas al día a día, empresas y provincias se encuentran que tienen que comprar un dólar que ya no vale 58 pesos para pagar los compromisos, va a valer 73 pesos o más, lo que valga en el momento de efectuar el pago”, explicó el economista.

Aunque el consumidor final lo ve alejado de su -de por sí dura- realidad del día a día, otro economista advirtió la gravedad que significará si las empresas que deben operar con alternativas al dólar oficial, empiezan a actualizar los precios de los productos al valor contado con liquidación. “En el día a día, uno todavía se maneja con el dólar oficial, pero el problema es cuando la diferencia se va ampliando. (…) Se empieza a correr el riesgo de que los precios comiencen a ajustarse por otros tipos de cambio y no por el oficial”, aseguró el también diputado nacional Marco Lavagna.

 

El desembolso no llega

El problema sigue siendo que Argentina dispone cada vez de menos dólares y la gestión Cambiemos se sigue debatiendo entre más controles o el riesgo de no tener con qué salir a contener las cotizaciones. Para colmo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) postergó el desembolso de los US$ 5.400 millones que se esperaban para este mes a la espera de una reunión con el ministro Hernán Lacunza para analizar las últimas medidas adoptadas por Mauricio Macri.

En paralelo, las reservas internacionales del Banco Central experimentaron acumularon una merma de US$ 4.015 millones durante septiembre. Según datos oficiales, el viernes pasado finalizaron en US$ 50.085 millones, con una pequeña porción de “físico” para salir al mercado a intervenir.

Así, desde que se realizaron las elecciones PASO tuvieron una caída acumulada de US$ 15.651 millones (tres veces más que el monto que Argentina espera del FMI).

A principios del mes se dieron caídas de casi US$ 1.000 millones en una sola jornada por la crisis financiera. Durante la semana pasada acumularon una caída de US$ 3.151 millones, con el nuevo esquema de restricciones cambiarias. El viernes la cifra descendió, en un contexto de continuos retiros de depósitos que expuso una caída de 30% de los mismos en moneda extranjera, desde las PASO.

 

La Justicia y el dólar

El Poder Judicial tiene otra mala noticia para los funcionarios del Gobierno nacional y para el presidente Mauricio Macri. Esta semana, el ministro de Transportes, Guillermo Dietrich, y el extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, fueron imputados por “ampliación ilegal e ilegítima del plazo de contrato de las concesiones por peaje”, en una causa iniciada por el sindicato de trabajadores viales, bajo la investigación del juez Sebastián Casanello y el fiscal Eduardo Taiano.

Hasta el cómico y excandidato a gobernador del PRO en Santa Fe, Miguel del Sel tuvo su revés judicial de la Cámara Electoral, que ratificó la condena a seis meses de inhabilitación del ejercicio de cargos públicos por irregularidades en la rendición de balances de su partido.

Pero, otro juez federal, decidió avanzar en una denuncia pública para saber si Macri propició la disparada del dólar y devaluación después de las PASO. Consecuentemente, Rodolfo Canicoba Corral hizo lugar al pedido de la fiscal federal Paloma Ochoa para investigar los acuerdos entre el Gobierno y el FMI.

Entre las medidas que solicitó la Fiscalía se encuentra el otorgamiento por parte del Ministerio de Hacienda de una copia de los acuerdos hechos desde 2018, además que se informe sobre reuniones entre el personal del Fondo y funcionarios argentinos.

 

Inflación y pobreza

Las advertencias se fueron convirtiendo en realidad pos-PASO. La inflación de agosto llegó al 4% en el promedio del país, acumulando en ocho meses del año un 30%. El rubro que tuvo el impacto más inmediato, y que se reflejó en los precios del mes pasado, fue el de alimentos y bebidas, que registró un alza del 4,5%; aunque la categoría que más subió fue Equipamiento del Hogar, con 6,1%. Si se observa la diferencia entre agosto 2018 y el mismo mes de 2019, la inflación trepa al 54,5%

Sin embargo, en el NEA donde se ubica Misiones, la inflación se duplicó con respecto a julio de este año: alcanzó 4,5%. Los economistas coinciden que en septiembre, habrá una suba igual o algo mayor tras la corrida cambiaria de fines de agosto pasado. Con lo cual, el impacto en la pobreza se sentirá con mayor fuerza en este postergado Norte argentino, donde vivir no sólo cuesta más caro sino que se va dificultando sobrevivir a la crisis mes tras mes.

 

Emergencia Alimentaria

Una importante reacción política dio la totalidad de los bloques que componen la Legislatura misionera, al declarar el jueves pasado la Emergencia Alimentaria en Misiones por unanimidad. Los sectores más vulnerables socioeconómicamente requieren de una presencia mayor del Estado y, para ello, la provincia necesitaba un instrumento legal que le permita responder con la mayor celeridad posible a los pedidos de asistencia.

Además de un programa específico de atención, se creó un Consejo de seguimiento de las acciones gubernamentales donde estarán, además de Ministerios a cargo, las organizaciones sociales con sus representantes para monitorear.

 

Él decide, otros pagan

En cuanto al -reiteradas veces anunciado- bono de $5.000 para los trabajadores privados, decidido por la Nación para que paguen los empresarios, se viene postergando el instrumento legal tras las duras críticas que realizaron las cámaras y federaciones a la medida.

Como acuse de recibo, el ministro de la Producción y Trabajo Dante Sica, comenzó a testear con los empresarios si en octubre podrán hacer frente a esa erogación. Se reunión con el sector Comercio y seguirá con otros en los próximos días.

La principal crítica de los privados fue que se trató de una decisión inconsulta, decidida por el Estado que no afrontará el pago. Por eso, pidieron que sea a cuenta de futuros aumentos o en compensación a aportes impositivos.

Por ahora, la última señal del Gobierno hacia los empresarios fue que no habrá decreto sino que esperan consensuar la implementación para octubre. No descartaron que se “libere” la decisión del monto a pagar a los trabajadores.

Tags: De Primera Mano 15-09-19
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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