En menos de un año la Justicia de la Segunda Circunscripción investigó y condenó a un hombre de 48 años que estaba acusado de promover la corrupción de menores. La desaparición temporal de dos niñas permitió saber lo que pasaba en la vivienda del acusado, ubicada en Villa Bonita.
El Tribunal Penal de Oberá lo halló responsable de permitir que se reunieran menores en su domicilio y facilitar delitos contra la integridad sexual.
La audiencia de este miércoles en sede judicial tuvo demoras debido a que varios de los testigos citados no se presentaron y debieron ser ubicados y trasladados para que prestaran declaración.
El debate se llevó a cabo a puertas cerradas debido a que se trataba de un caso que implicaba a menores. Por ese motivo se trató de un juicio oral, pero no público.
Como sucede en este tipo de juicios que refieren a delitos de abuso, las pericias realizadas a las menores junto con los registros fílmicos y fotográficos secuestrados de teléfonos, fueron claves a la hora de señalar la responsabilidad del acusado.
Luego de haber pasado los alegatos tanto del defensor como así también de la representante del Ministerio Público Fiscal, minutos después de las 13, los magistrados Francisco Aguirre, Lilia Avendaño y José Pablo Rivero regresaron a la sala para la lectura de la sentencia. Resolvieron condenar al acusado a la pena de ocho años de prisión, al hallarlo responsable de los delitos de “facilitación de corrupción de menores y contacto con menores de edad con propósitos delictivos contra la integridad sexual, artículo 125 párrafo 1 y 2 del Código Penal”.
Fue esposado y remitido nuevamente a la Unidad Penal en la que se encontraba alojado para purgar los años de condena restantes.
La investigación
El fin de su libertad y el pago de las consecuencias de los ilícitos que cometía, se remiten a la primera semana de septiembre de 2018.
Dos adolescentes de 14 y 16 años estuvieron desaparecidas durante varios días y si bien sus padres dieron aviso a la Policía, ellas regresaron por sí solas a la casa. Dijeron que nada más habían estado en la casa de una tía.
Sin embargo, a través de un audio de Whatsapp, la madre supo que su hija menor habría mantenido relaciones sexuales con un joven de 19 años y un adolescente de 16, en una vivienda de la zona, todo durante las horas en las que estuvo desaparecida.
Inmediatamente radicó otra denuncia en la Policía aportando detalles de lo que había escuchado y lo que había podía podido sacar en limpio de la charla que tuvo con su hija.
Según se pudo conocer, en esa vivienda era habitual que estuvieran menores de edad.
El hecho fue informado a la Justicia y se llevaron a cabo dos allanamientos. El primero fue en la casa de un joven donde encontraron prendas íntimas femeninas que hacían presumir que eran de menores de edad, como así también un teléfono celular.
El segundo allanamiento fue realizado en la casa donde se sospechaba ocurrían los hechos. El propietario no se encontraba en el lugar, por lo que debieron violentar la entrada.
Un hecho gravísimo fue descubierto dentro del inmueble. Dos niñas de 14 y 13 años fueron encontradas encerradas en una habitación.
Las pequeñas fueron rescatadas y rápidamente trasladadas al Hospital SAMIC de Oberá, donde constataron que no presentaban lesiones.
A las pocas horas, tras recibir contención psicológica, fueron entregadas a sus progenitores.
La primera versión apuntó a que habían abandonado sus casas unas pocas horas antes, razón por la que sus padres no habían radicado denuncia por desaparición, tal como había ocurrido en el caso anterior.
Los policías incautaron, entre otros elementos, nuevamente prendas de vestir femeninas íntimas de talle pequeño, lo que confirmaba las edades de las víctimas. Varias de ellas, incluso, tenían rastros de sangre.
El propietario de la vivienda fue detenido a las pocas horas y en la primera etapa de la investigación quedó imputado por “abuso sexual, privación ilegítima de la libertad, promoción y facilitación a la pornografía infantil”.
Si bien así se inició la causa en base a las denuncias recibidas por los efectivos de la UR-II, por lo menos en un principio las pruebas colectadas alcanzaron para que el sospechoso fuera imputado formalmente sólo por “corrupción de menores”.
Al momento de ser llevado a indagatoria, el acusado se desligó del hecho ante la jueza Alba Kunzmann de Gauchat, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Oberá y brindó su versión. Aseguró que la constante presencia de adolescentes en su vivienda guardaba relación con que justamente uno de sus hijos era menor y contaba con una importante vida social.
Aquello hacía que fuera común que en el lugar se reunieran menores de ambos sexos para compartir rondas de tereré o mate, escuchar música o jugar videojuegos. “Todas cosas sanas”, había mencionado el hombre.
Las menores involucradas fueron llevadas con profesionales psicólogos para que realizaran las pericias de Cámara Gesell.
Allí se pudo determinar que efectivamente en esa casa se reunían menores y el hombre permitía que ocurrieran situaciones de índole sexual para que se pudieran tomar registros fílmicos y fotográficos que después eran compartidos.
Identidad reservada
Para preservar la identidad de las niñas y adolescentes y evitar que vuelvan a ser revictimizadas, no se publicó el nombre, el rostro, ni el barrio en el que vivía el condenado, a fin de evitar que se vincule por edad y cercanía a quienes fueron sus víctimas.
