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En diez meses, fueron asistidas más de 15.000 víctimas de violencia

19 abril, 2019

Unas 15.402 víctimas de distintos tipos de violencia recibieron asistencia del Estado entre junio de 2018 y marzo de este año, se informó oficialmente este viernes. .

Las estadísticas indican que el 67,8% de los casos (10.443) corresponden a violencia sexual o familiar; el 15,1% (2.324) a los homicidios y femicidios; y, en tercer lugar, el 10,9% (1.678) a la trata de personas.

Las víctimas que son asistidas desde el CENAVID se encuentran bajo la órbita de los programas nacionales como Las Víctimas Contra las Violencias, Lucha Contra la Impunidad y de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, que son impulsados por la cartera de Justicia.

El Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), fue creado tras la sanción de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Ley 27.372) en junio de 2017.

Esta norma sirvió para situar en el centro de la escena a las víctimas y provocar un cambio de paradigma en la asistencia a las personas que atraviesan situaciones de violencia con un enfoque basado en los derechos humanos.

El decreto 421 que fue sancionado en mayo de 2018, puso en marcha la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas, con el fin de centralizar la atención de las víctimas de todo el país y poder brindar asesoramiento jurídico, psicológico y social.

Este órgano, que ya funciona en los 90 Centros de Acceso a Justicia, tiene como objetivo final dar contención, orientación y asesoramiento a las víctimas de delitos de competencia federal en toda la Argentina, y a las víctimas de delitos con competencia ordinaria de la justicia nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en colaboración, a través del requerimiento de jurisdicciones locales.

Además, la Ley 27.372, dio lugar a través de dicho decreto a la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos, destinado a revisar y analizar las políticas públicas implementadas con motivo de la instrumentación de la Ley de Víctimas.

De esta forma, para la asistencia a las víctimas de trata de personas interviene un equipo de psicólogos y trabajadores sociales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas; en tanto que para atender a víctimas de violencia familiar o víctimas de violencia sexual, tanto de niños, adolescentes o adultos interviene el equipo interdisciplinario del Programa Las Víctimas contra las Violencias.

Entre los nuevos canales de atención también se instrumentó la línea telefónica 149, que brinda asesoramiento las 24 horas del día los 365 días del año.

Asimismo, las víctimas también pueden recibir asesoramiento gratuito en todos los operativos semanales que brinda el Estado en tu Barrio en las distintas provincias.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: DENUNCIASVíctimasViolencia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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