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Entidades eléctricas advierten la necesidad de mejorar el VAD

5 marzo, 2019
PAGO. Hasta el 80% de los ingresos van destinados al abono de la materia prima y, el porcentaje restante es para los salarios.

Las cooperativas eléctricas se encuentran agobiadas, ya que no saben cómo harán frente a las abultadas boletas que recibieron este mes.

Algunas entidades intentarán juntar la plata para pagar a la empresa provincial EMSA. Mientras, otras optarán por usar sus reservas; sin embargo, la incertidumbre crece ya que no saben cómo se afrontará la facturas de los meses subsiguientes. Desde las entidades reconocieron que una opción favorable sería conseguir una mejora en el Valor Agregado de Distribución (VAD). Además, insistieron en que es necesario que se llegue a un punto de equilibrio entre la Nación, la Provincia y los usuarios.

Un ejemplo de la exuberante factura es la que recibió la Cooperativa Eléctrica de Leandro. N. Alem (CELA), ya que debe abonar a la empresa provincial $24 millones. Mientras, el mes anterior el abono había sido de $22 millones. En 2017, la entidad pagaba $4,4 millones, en igual período y similar consumo.

Por ello, con la idea de debatir sobre la situación actual y el panorama 2019, los referentes de los entes se reunieron la semana pasada.

En conversación con PRIMERA EDICIÓN, el presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones Limitada (FECEM), Ángel Kusuka, señaló que “la situación económica es muy compleja. Las cooperativas están (prácticamente) todas con inconvenientes, ya no se trata sólo de un problema financiero, sino que también es económico. Eso se debe al costo que tiene la compra de energía”.

En este punto, detalló que entre el 75 y el 80 por ciento de los ingresos de una entidad de este tipo van destinados al pago de la materia prima y, lo restante se reparte entre salarios, arreglos y compra de insumos.

En tanto, advirtió que “hay cooperativas que están usando sus reservas para pagar las cuentas y así se mantienen al día con EMSA. El problema está en las que no cuentan con ahorros y la única opción que tienen es endeudarse”. 

De esta manera, apuntó que una ayuda para seguir subsistiendo, sería a partir de la mejora del VAD. “Habría que aumentar un poco pero eso impactaría en las boletas de los usuarios. De igual manera, no estaríamos hablando de porcentajes altos como lo hace Nación”.

En este punto también coincidió el presidente de la CELA, Juan Carlos Jungengel, quien expuso que “la mejora del VAD sería ideal. Lo que pasa es que de mejorarse dicho valor, eso se dispararía a la boleta del socio”. Reconoció que “este mes se nos complicará bastante abonar los 24 millones de pesos. Se debe tener en cuenta que todavía no subió la energía, sino que sólo hubo más consumo”.

A la vez, remarcó que “así como estamos el panorama es malo. Esperemos que desde Nación razonen, porque el único que termina perdiendo es el usuario” y subrayó que “debe haber un equilibrio entre Nación, Provincia y los socios. Para eso el Gobierno nacional debe analizar los costos de la energía y la realidad de los usuarios”.

Más morosidad

Este último mes los cooperativistas notaron que hubo un aumento en la morosidad, por parte, de los socios.

“A los vecinos les costó pagar la boleta, eso porque hubo una quita del subsidio nacional”, dijo Jungengel.

Tags: #economíaCooperativasElectricidadServicios
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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