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Educación intercultural bilingüe: avance legal pero no en las aulas

5 diciembre, 2018

Se reconocieron derechos en las leyes, pero todavía falta trasladar esas ideas a la realidad de los más de 100 mil niños y adolescentes indígenas que asisten a la escuela en Argentina. Básicamente, esa es la conclusión del informe “A medias tintas” sobre la situación de la educación intercultural bilingüe en el país presentado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) ante el Senado de la Nación.

En Argentina hay 114.562 niños y adolescentes indígenas en el sistema educativo obligatorio y aunque en primaria la mayoría está escolarizado, la repitencia es muy alta. Menos de la mitad de los chicos indígenas que cursan la primaria siguen el nivel secundario y muchos menos llegan al nivel superior.

Conforme a la información proporcionada por el Ministerio de Educación, de acuerdo a los últimos datos nacionales, consolidados en el Relevamiento Anual Educativo se cuenta con un total 3.538 unidades educativas de los niveles obligatorios, que declaran matrícula indígena. A su vez, 114.562 niños, niñas o adolescentes se encuentran escolarizados: 31,174 en el nivel inicial, 58.832 en primaria y 24.556 en secundaria.

Desigualdad

Pero, según remarcó ENDEPA en su informe “la educación formal en contextos indígenas no se da en un pie de igualdad”. Para empezar, muchos niños indígenas tienen papás analfabetos. Conforme al Censo 2010 realizado en Argentina el analfabetismo a nivel país ronda el 2,4%, ascendiendo en comunidades indígenas a 3,4%. Pero si consideramos regiones especialmente vulnerables, como la chaqueña, los valores comienzan a ascender entre la población indígena: en Formosa el 6,1%; en Salta el 6, 6 % y en Jujuy el 7,9%. Si se considera la cuestión de género, arroja que de las personas indígenas analfabetas 2 de cada 3 son mujeres.

Los niños se encuentran escolarizados en el nivel primario en su mayoría, aunque con un alto nivel de repitencia. En el nivel secundario la oferta educativa es más acotada y por lo tanto el porcentaje de niños y niñas indígenas que asisten es menor y se presenta una fuerte deserción por diferentes motivos (desarraigo, adicciones, falta de recursos, formación de nuevas familias, insuficientes becas, etc.).

Una situación común en todo el país es la ausencia de escuelas (especialmente secundarias) en comunidades indígenas. Para estudiar deben trasladarse a otra comunidad, algunas a varios kilómetros. En términos generales, las escuelas son rurales, en áreas muy alejadas, la mayoría cuentan con albergues, aunque con infraestructura inadecuada. Es escasa la formación docente ofrecida a docentes en contextos rurales.

Mujeres en inferioridad de condiciones

En diálogo con PRIMERA EDICION, la coordinadora nacional de ENDEPA, María Josefa Ramírez, se refirió a la inferioridad de condiciones respecto a educación en la que se encuentran las niñas y mujeres indígenas en comparación con varones indígenas como en relación a mujeres no indígenas. “Las mujeres acceden menos a la educación, es decir por ser mujeres y ser indígenas tienen mucho más vedados sus derechos”, advirtió.

Los modernos medios informáticos están en general todavía ausentes, quedando relegados así de las nuevas tendencias educacionales. En el caso de emigrar para acceder a educación, también aumenta la vulnerabilidad de las mujeres estudiantes, ya que se encuentran solas en centros urbanos y se albergan en lugares a veces compartidos con varones. En las escuelas sin albergues, las niñas a menudo tienen que trabajar para pagar sus gastos básicos de supervivencia, como empleadas domésticas o niñeras, con salarios muy escasos y horas de trabajo muy largas. Se detecta además un aumento alarmante de embarazos adolescentes.

Mayor interés en formación superior

Por otra parte, ENDEPA advirtió sobre una creciente demanda para acceder a estudios terciarios y universitarios por parte de miembros de las comunidades indígenas. “Tienen mucho interés por estudiar disciplinas y ciencias de diverso tipo como las Bellas Artes, Abogacía, Filosofía, Medicina, Música, Informática, Biología, Enfermería, Ingeniería Forestal y otras. Sin embargo, pocos pueden ingresar y culminar carreras. En caso de poder acceder no cuentan con posibilidad de elegir libremente sus carreras. Las principales barreras son de tipo económico, bajo nivel de la educación primaria y secundaria en las comunidades indígenas, falta de universidades e institutos de educación superior en lugares cercanos, la persistente discriminación, dificultades propias del idioma en muchos casos, la inadecuación cultural, un sistema de enseñanza occidental que prioriza la lógica racional por encima de la simbólica, entre otros factores”, señaló.

Educación de la cultura hegemónica

Según constató ENDEPA, los contenidos de la educación destinados a la modalidad de EIB no tienen en cuenta la cultura de esos pueblos, “salvo excepciones, están referidos a la cultura hegemónica, a la historia oficial, y promueven la ciudadanía nacional, sin importarles el efecto desidentificatorio que esas prácticas provocan. Existen escuelas donde se incorporan algunos contenidos de la cultura indígena, pero siempre dependiendo de la voluntad del equipo directivo y docente. Una gran carencia señalada por los educadores indígenas es que, si bien se creó la Modalidad EIB, no se crearon cargos de supervisores específicos, lo que relaja la posibilidad de seguimiento de los lineamientos y acciones”.

Auxiliares indígenas: pocos y precarizados

“Los auxiliares indígenas padecen de una precarización laboral terrible en todo el país, en muchas partes del país figuran como becados y pueden pasar muchos meses sin cobrar. Además, se les reconoce muy pocas horas, en algunas escuelas hay un solo auxiliar indígena para varios grados”, señaló Ramírez.

El informe de ENDEPA advierte además que “las tareas que desempeñan no están explícitamente reguladas sino que depende del personal directivo y docente de cada escuela, muchos de ellos no cumplen con funciones en aula sino de maestranza o como cocineros. Salvo el caso de Chaco, Chubut y Formosa que avanzaron en formas de reconocimientos a los agentes indígenas del sistema educativo, no se detectaron otras leyes específicas que los amparen.

En términos generales se encuentran precarizados, cuentan con pocas horas cátedra en aula, sólo un porcentaje mínimo tiene más de 21 horas. En Misiones un 25% de los auxiliares docentes indígenas (ADI) están en situación regular, titularizados con 15 horas cátedra, el resto son interinos, o ad honorem con 8 a 10 horas promedio. Tampoco cuentan con asociaciones sindicales que los respalden”, detallaron.

Por ello, desde ENDEPA recomendaron reformas de los Estatutos Docentes provinciales para incorporar a los agentes indígenas que se desempeñan en el sistema educativo en la Modalidad EIB y garantizar derechos laborales y sociales; implementar la titularización urgente de los docentes indígenas actualmente en ejercicio, considerando antigüedad y trayectoria docente; instrumentar la regularización de cargas horarias para docentes indígenas; crear nuevos cargos para docentes indígenas para que todas las escuelas con matrícula indígena cuenten con ellos.

Tags: #EducaciónEducación intercultural bilingüeENDEPA
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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