Un proyecto de ley ingresado recientemente en la Cámara de Diputados misionera apunta a crear en el ámbito provincial un Servicio Público de Cremación Cadavérica, con el objetivo de disminuir la demanda de espacio en cementerios que ya están casi colapsados, promover un tratamiento más salubre y ecológico de los cadáveres y permitir a las familias de menores recursos el acceso a un adiós a sus deudos lo más digno posible.
La iniciativa, impulsada por el radical Ariel Pianesi, pasó a estudio de la comisión de Legislación General y, por la acotada agenda de los diputados en esta recta final del año, lo más probable es que su tratamiento quede para 2019, según fuentes de la propia Cámara.
La cremación es el proceso de incineración de cadáveres y/o de restos humanos.
Dentro del articulado del proyecto, uno de los puntos sobresalientes del pretendido Servicio Público Provincial tiene que ver con garantizar la realización de las cremaciones en “instalaciones adecuadas” en los suburbios de la ciudad donde se elija habilitarlas, respetando toda la normativa vigente en materia de salubridad pública del medio ambiente, y el cobro de las prestaciones a los interesados a “valores de mercado”, con la salvedad de “personas de bajos recursos en situación de extrema pobreza, abandono o desarraigo y que cuyos familiares no estén en condiciones económicas de acceder al servicio” y grupos familiares cuyo ingreso mensual conjunto no supere dos veces el salario mínimo, vital y móvil.
También se especifica que sólo se podrá cremar los cadáveres de aquellos fallecidos por causas naturales, impidiendo el servicio para muertes por homicidio (y sus equivalentes), negligencia o mala praxis.
Paralelamente, establece como “obligatoria” la cremación en determinados casos, como enfermedades epidémicas declaradas oficialmente por las autoridades sanitarias; enfermedades infectocontagiosas (siempre que no haya oposición formal y legal); los restos procedentes de necropsias de las morgues; cadáveres provenientes de hospitales estatales que no hayan sido reclamados por los deudos después de 180 días; y los NN hallados en los ríos, en mal estado y sin identificación, luego de todos los estudios pertinentes de ADN y necropsia.
Se incinera un solo cuerpo a la vez, asegurando a los familiares del fallecido su identidad.
La autoridad de aplicación, designada por el Ejecutivo, será la encargada de establecer las normas técnicas y sanitarias para la construcción, instalación, funcionamiento y características del horno crematorio, así como los parámetros de emisiones gaseosas de su funcionamiento y un reglamento interno.
Si bien el objetivo de partida es que la prestación esté a cargo del Estado, el proyecto autoriza al Ejecutivo provincial a concesionar el servicio, mediante licitación pública y con aval de la Legislatura.
“Las ventajas de seleccionar el método de cremación no es sólo económica, sino que provee a la familia de amplias posibilidades para guardar o esparcir los restos. Las cenizas pueden ser mantenidas en la casa, en una urna apropiada, esparcidas en el agua o en la tierra o enterradas en un cementerio, respetando la libertad de credo de todas las personas”, argumenta el autor del proyecto, Ariel Pianesi, quien remarca que “cada vez un mayor número de personas opta por cremar a sus allegados”.
Además, hace hincapié en que “los costos de funeral y sepelio son muy altos para las familias más postergadas y con este servicio podríamos ofrecerles una solución alternativa”.
Lea aquí el proyecto completo:
Crematorio Pianesi
