Los controles que realiza el SENASA sobre las frutas y verduras que se venden en todo el país arrojaron la presencia de 80 agroquímicos, entre ellos, cuatro sustancias que están prohibidas y otras seis que no están autorizadas. Lo que más llamó la atención es que en muchísimos casos se usan venenos en cultivos para los que no cuentan con permisos y en otros superan ampliamente los límites máximos autorizados. Una enorme cantidad de esos pesticidas, herbicidas y fungicidas termina en los platos de los argentinos.
Hasta el año pasado prácticamente no había información oficial sobre la presencia de veneno en frutas y verduras. Luego de que la ONG Naturaleza y Derecho presentara un recurso de amparo por el silencio oficial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informó que en el 63% de los controles realizados entre 2011 y 2013 se detectó la presencia de restos de agroquímicos. Y que el 7% de las muestras tomadas entre 2014 y 2016 tenían exceso de pesticidas, herbicidas y fungicidas, aunque en este último caso se cuestionó la metodología, ya que el 30% de los controles reportados fueron hechos en frutas secas, kiwis y bananas.
Esta vez, la ONG volvió a presentar un pedido de acceso a la información pública, pero solicitó que el SENASA detalle los niveles de agroquímicos detectados, algo que no había aclarado el año pasado. El organismo contestó hace pocos días y reportó que entre 2013 y 2016 hubo unos ocho mil controles positivos, pero no precisó cuántas muestras se analizaron en total.
Un ejemplo. En las distintas muestras de acelga se hallaron restos de 28 agroquímicos, 16 de los cuales no están autorizados para ese cultivo. Es lo que se conoce como “desvío de uso”: cuando se aplica un veneno para un alimento que no tiene permiso.
En la acelga también se detectaron tres sustancias prohibidas (DDT, endosulfán y metamidofos), además de diazinon, y varios agroquímicos con valores por encima de los límites autorizados. Tal el caso de la deltametrina: el máximo permitido es de 0,05 mg/kg, pero en una partida de Misiones se detectaron 2,2 mg/kg, es decir, 44 veces por encima del tope legal. Se trata de una sustancia “moderadamente peligrosa”, capaz de provocar coreoatetosis, hipotensión, daño prenatal y shock, según el registro de la Universidad Nacional de Costa Rica. Pero a la vez, hubo una inconsistencia: el SENASA reconoció la presencia en controles de lotes de acelga de cinco sustancias que no habían sido reportadas el año pasado, lo que puso en duda la credibilidad de sus respuestas. Son metomil, boscalid, DDT, procimidone y axozistrobina.
Comer veneno
Naturalmente, el SENASA no controla todos los lotes de productos -algo que sería imposible-, sino una porción que considera representativa, y solamente trabaja sobre los productos que tienen tránsito federal. Esto se traduce en que los argentinos consumen frutas, verduras y hortalizas con venenos prohibidos o no autorizados para esos productos, ya que sólo una pequeña porción es detectada.
Por otra parte, existe lo que se conoce como Límites Máximos de Residuos (LMR), que representan la mayor cantidad de restos de agroquímicos presentes en los alimentos que el SENASA considera que son inocuos. Más allá de que la metodología del organismo para determinar ese tope legal no está exenta de discusión, en los controles se detectaron muchísimos casos en los que los valores están por encima de esos límites.
¿Cómo se calculan esos límites máximos? El SENASA apela a una serie de profesionales independientes que evalúan los estudios sobre los agroquímicos y establecen la dosis sin efecto adverso observado, conocida como NOAEL, que es el nivel fitosanitario de un producto que no produce daño. En base a ello determinan la llamada Ingesta Diaria Admisible (IDA), a partir de la cual se establecen finalmente los límites máximos de veneno que pueden tener los productos.
Sin embargo, desde el sector agroecológico hace rato que se viene planteando que el SENASA calcula mal esos LMR y el propio organismo por primera vez sugirió que la metodología podría cambiar. ¿Qué ocurre? Según los ambientalistas, por un lado, los LMR son para todos iguales, por lo que no toma en cuenta si se trata de hombre, mujer, adulto o niño, u otras variables como puede ser un problema de salud preexistente. Y por otro lado, no calcula la acumulación de sustancias en el organismo y el efecto sinérgico, es decir, la interacción de los distintos agroquímicos dentro del cuerpo.
En la contestación al pedido de información de la ONG, el SENASA admitió que “la evaluación de sinergia o efectos acumulativos de residuos no es formalmente realizada”. Pero aclaró que la Unión Europea está encarando planes piloto para medir la acumulación, cuyos resultados se esperan para finales de este año, lo que “permitirá evaluar la adopción de dicha metodología (en Argentina) en la medida que se valide y reconozca”.
Esto quiere decir que el SENASA admitió, indirectamente, que es posible que los argentinos estén consumiendo alimentos que el Estado considera seguros para la salud humana, pero que no lo son, lo que contradice cualquier principio precautorio en materia sanitaria y ambiental. Por eso la pregunta es “si hay dudas o dificultades técnicas para el análisis de un producto se debería autorizar su consumo?
Controles
¿Qué sucede cuando una partida es rechazada? “A través de los datos del acta del producto se identifica y visita al productor, y se le indica que el resultado no es satisfactorio con la norma. Este productor pasa a estar dentro del proceso de muestreo dirigido o vigilancia, en el que se le toman muestras a cinco lotes distintos durante un tiempo. No puede vender hasta que estén los resultados de los análisis. En el caso de que los resultados no sean conformes a la norma, se destruye la mercadería y no puede volver a comercializar. Si los niveles de los cinco muestreos dirigidos dan bien, el productor puede volver a comercializar”, aclararon desde el SENASA a Infobae.
En cuanto a los controles, explicaron que “la principal estrategia es la prevención”. Para ello realizan capacitaciones constantes a los productores en el cumplimiento de las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Y creen que están dando sus frutos, ya que “desde hace años viene en caída la presencia de muchos residuos de fitosanitarios en la producción agrícola”.
Por otra parte, en el organismo resaltaron, entre otras cosas, la prohibición del uso de productos como el endosulfán en 2012 o la restricción del diclorvós este año (que todavía no está vigente), ambas cuestionadas por la gran demora del SENASA en reconocer su toxicidad. Además, realiza otras medidas como la exigencia de documentación y rotulado que los lotes deben llevar, por ejemplo, para conocer su ruta o localizar a los productores.
