Pareciera que hay una conducta común que se empezó a descubrir, y estaba oculta, en la alianza Cambiemos. Primero aparecieron aportantes truchos en la campaña encabezada por María Eugenia Vidal el año pasado en Buenos Aires. Después denuncias similares pero en la campaña presidencial de Mauricio Macri, y ahora se conoció que la Justicia inhabilitó por seis meses para ocupar cargos públicos al humorista santafesino, Miguel del Sel, por no poder justificar el origen y destino de los aportes de campaña públicos y privados del año 2011.
El frente político que lidera Humberto Schiavoni también tuvo problemas en Misiones por irregularidades en sus aportes de la campaña del año 2015. Después de varios trámites judiciales, pudo lograr que la Justicia le apruebe la rendición de gastos, luego de hacer numerosas correcciones.
El hecho fue confirmado por el expresidente del PRO, Jorge Ratier Berrondo, quien dijo en declaraciones a Radio República que “nos habían hecho observaciones (…) le llamaba la atención que se gastaba mucho en combustible, no había problemas formales, sólo consideraba que le parecía mucho”.
“Acá se tomaron varios testimonios, se eligieron al azar aportantes para verificar que lo hayan hecho y como en la provincia decidimos que todo sea con cheques no se encontró nada raro y se aprobó”, explicó.
En el listado de aportantes que se presentó ante la Justicia, el PRO de Misiones tenía incluidos a sindicatos y empresas, dos figuras que tienen prohibido realizar aportes de campaña según la Ley 26.215. Sin embargo, luego, en la investigación se constató que esos aportes eran del “Partido” y fueron recibidos antes de que se inicie el proceso de la campaña electoral, por lo tanto, no entraron en las restricciones de la ley.
Los apoderados del PRO (principal partido de la alianza Cambiemos) aportaron dos soportes digitales conteniendo los informes completos para las Categorías de Parlamentarios del MERCOSUR y Diputados Nacionales. Se indicó en el fallo que la agrupación ha incluido correctamente los ingresos cobrados como fondos propios del partido en “Contribuciones y Donaciones Privadas” y los egresos pagados por “Transferencia a Otros órganos o Distritos” realizada en efectivo el día 21 de julio de 2015 hacia la alianza “Frente Cambiemos” de Misiones, ambos rubros por 242.000 pesos. Después de recibir todos los documentos y el descargo del PRO, la jueza María Verónica Skanata dio por aprobado el informe financiero de la campaña.
Ratier intentó minimizar el problema: “Esto no le pasó solo a Cambiemos, sino a todos los partidos políticos”.
Un hecho que llamó la atención y despertó suspicacias fue que uno de los aportantes fue designado como funcionario después de las elecciones de 2015. Se trata de Enrique Díaz Esmendi, quien fue gerente de la empresa Servicios Urbanos SA, que se encargaba de gestionar toda la información de la tarjeta SUBE en el sistema de transporte público de pasajeros de la capital misionera. Vinculado al Grupo Z, Díaz Esmendi luego fue designado como director de Obras Complementarias de la Entidad Binacional Yacyretá en la gestión de Humberto Schiavoni.
El artículo 66 de la Ley de Financiamientos de los Partidos Políticos especifica que será sancionada con multa de igual monto que la contribución o donación y hasta el décuplo de dicho monto, la persona física o jurídica que efectuare donaciones a los partidos políticos en violación a las prohibiciones que establece el artículo 15 “entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales y municipales”.
Entre otros aportantes figuraron: Norma Blanco, Javier Fiore, y Diego Barrios, actual concejal de Posadas. Además, la Ley de Financiamiento Político (Ley 26.215), en su artículo 15, prohíbe que las empresas constructoras de obra pública, los sindicatos de trabajadores o las organizaciones empresarias realicen aportes a los partidos políticos y establece duras sanciones para los partidos que reciban los aportes como también para las empresas que realicen los aportes de campaña.
El escándalo crece
El diario digital El Destape publicó un listado de casi mil personas que figuran como aportantes a la campaña de Cambiemos en Buenos Aires, durante el año pasado, los cuales negaron haber entregado dinero. La Justicia investiga una maniobra para lavar dinero “sucio”, que no se sabe de dónde proviene, en la campaña. Lo peor es que muchos son beneficiarios de planes sociales, con lo cual se presenta otro delito: falsificación de documento y uso de información del Estado, ya que los supuestos aportantes figuran en listados de la ANSeS.
El portal reveló que unas 250 personas que figuraban en las listas de financiamiento presentadas ante la Cámara Electoral eran en realidad beneficiarias de planes sociales que no tuvieron ni intención ni capacidad económica de aportar dinero.
A la investigación de El Destape se sumó otra del año 2015 y que salpica directamente al presidente Macri. La Fundación Alameda recibió cientos de denuncias en pocos días de personas que figuran entre en el listado de aportantes entregado por Cambiemos a la Justicia electoral, que nunca se enteraron de la maniobra ni aportaron. La investigación avanza y se desparrama a otros puntos del país.
