POSADAS. Se conocieron esta semana los considerandos del fallo del juez federal José Luis Casals, en los que ordena a Anses la devolución en un plazo de treinta días, de las asignaciones familiares retenidas a un grupo de tareferos de Oberá. “En el caso que nos ocupa está en juego el interés superior del niño, personas estas que están especialmente protegidas en razón de su edad para que puedan gozar efectivamente de todos los derechos reconocidos tanto por nuestra Constitución Nacional”, dijo. Agregó en sus fundamentos los pactos internacionales que entienden, especialmente, en la protección integral del niño y niña. En total son siete los amparos judiciales presentados por los tareferos. Las dos primeras sentencias favorables alcanzan a expedientes que se tramitaron en el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de Posadas. Los asesores legales de los obreros, Roxana Rivas y Gustavo Haene, esperan que antes de la feria judicial también haya sentencias favorables en los demás expedientes, cuatro de ellos en Eldorado. “Estas son sentencias definitivas, en dos de los siete expedientes, el juez declara a los descuentos como ilegales e ilegítimos y ordena que la Anses devuelva lo retenido actualizado a tasa de interés activo del Banco Nación. Es un fallo muy importante no sólo por lo que resuelve sino por los fundamentos”, apuntó Rivas.De los 770 tareferos aproximadamente que informaron descuentos de las asignaciones familiares y ayudas escolares, 119 pudieron judicializar el reclamo. En total son 552 hijos menores a cargo los que aparecen en los amparos, un promedio de cinco hijos por trabajador, lo que permite hacer una proyección que eleva a unos 3.850 niños y niñas afectados por la medida de la Anses en toda la provincia.Según el descargo del organismo nacional, que menciona Casals en el fallo, “se corroboró que los ‘empleadores’ solicitan a sus trabajadores un monto dinerario de las Asignaciones Familiares que estos perciben para asegurarles la inclusión en la DD JJ como trabajadores dependientes, logrando así, mano de obra gratis en los meses de la cosecha y, generar ingresos mensuales, que con el correr del tiempo en algunos casos ascienden a cifras millonarias para sus empresas; ocasionándose un perjuicio a esa administración en concepto de AAFF indebidamente abonadas: por lo que toda esta investigación ha sido girada a la Gerencia de Asuntos Jurídicos a fin de radicar la correspondiente denuncia penal”. Lo que no pudo explicar Anses es por qué decidió practicar los descuentos sobre los beneficios de los tareferos, cuya participación en el fraude que denuncia nunca se acreditó. Ninguno de estos trabajadores fue siquiera informado de la investigación del organismo, no tuvieron derecho a defensa alguna y además no aparece en las inspecciones que Anses realizó en la provincia. En tanto, Casals sostiene que “habiendo eventualmente fallado el debido contralor estatal o, en todo caso habiéndose burlado el mismo desde una arquitectura jurídico-contable pergeñada por el empleador y destinada a la evasión de estos, no parece justo pretender responsabilizar económicamente al trabajador, a través de descuentos o suspensiones en los pagos de las asignaciones familiares tal como se han sucedido históricamente los hechos”.Considerado “ilegal e ilegítimo” por los trabajadores y ahora corroborado por la Justicia, se espera la respuesta del organismo nacional que podría apelar el fallo, aunque en noviembre del 2010 se comprometió ante los tareferos, que llevaron la protesta hasta el Obelisco porteño, a devolver siempre y cuando hubiera una sentencia judicial, que ahora existe. “Esta es una deuda moral con los tareferos y sus hijos y la Anses no debiera hacerlos esperar más y pagar lo que ordena el juez”, opinó Roxana Rivas que asesora al Sindicato de Tareferos, organización que impulsó el amparo judicial que originó este fallo. “La Justicia falló a favor del que no es culpable, ojalá podamos recuperar lo que nos han descontado lo más rápido posible porque ya pasó mucho tiempo”, remarcó Cristóbal Maidana secretario general de este sindicato. Las consecuenciasEl juez Casals entendió que el descuento de las asignaciones familiares afectó gravemente la integridad física de los tareferos y sus hijos. De “las probanzas arrimadas a la causa, de los ticket emitidos por el Banco de la Nación Argentina, agregados a la misma, surge que la Anses descuenta las asignaciones familiares y la ayuda escolar perteneciente a los actores, lo que unido a los magros salarios que perciben les implica una grave afectación económica imposibilitándoles a cubrir las más elementales necesidades familiares”, destacó el magistrado federal. “Fue muy importante el informe socio-ambiental del municipio de Montecarlo, elaborado en ese momento por la propia intendente Elba Auzmendi, era un informe desgarrador que mostraba la situación de emergencia en la que se encontraban estos trabajadores y sus familias, a tal punto que el municipio declara la emergencia alimentaria y en ese contexto se estaba realizando lo que fue aún mucho más grave”, recordó la abogada Rivas. “Mucha gente quedó endeudada por mucho tiempo, muchísimos problemas nos trajo a todos los que trabajábamos asegurados”, sostuvo Maidana y agregó: “Mi caso no se puede recuperar más, perdí muchísimo, nosotros teníamos hijos en la universidad que manteníamos con esas asignaciones familiares, lastimosamente con los descuentos ya no pudimos mandarlos más, eso ya no se recupera”.“Hemos quedado muy mal con la gente, con otras empresas con la sociedad, Anses tomó a nuestras personas como estafadores juntamente con los empleadores. Nosotros fuimos realmente trabajadores honestos que trabajamos toda la vida y para que la Anses nos tome como estafadores no sólo de los empleadores sino también del Estado”, apuntó Rubén Domínguez, tarefero de Oberá a quien la Anses le descontó durante 28 meses la totalidad de las asignaciones familiares y ayudas escolares por diez hijos menores. “En la situación que estábamos en esa época que los trabajos pagaban poco, se nos complicó todo en la familia, la salud de nuestros hijos, la escuela. Tengo dos hijos que no pudieron seguir estudiando, en ese momento las familias fuimos muy maltratadas en todo sentido”, agregó.
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