BUENOS AIRES (NA). El juez federal Norberto Oyarbide citó a indagatoria a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y a la hija de Hebe de Bonafini, María Alejandra, en la causa por presunta defraudación en la construcción de viviendas sociales por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que estalló hace un año.Schoklender, ex apoderado de la Fundación y responsable del programa de construcción de viviendas Sueños Compartidos, inaugurará la ronda de indagatorias el 15 de mayo, mientras que dos días después lo hará su hermano Pablo y el 29 será el turno de Alejandra Bonafini.Así lo confirmaron fuentes judiciales, las que precisaron que las indagatorias, que continuarán hasta el 12 de junio, alcanzan a un total de veinte personas de las más de sesenta que habían sido pedidas por el fiscal federal Jorge Di Lello en diciembre.También fueron citados el contador sindicado como mano derecha de Schoklender, Alejandro Gotkin; el ex ministro porteño Enrique Rodríguez, la ex esposa de Sergio, Viviana Sala, el empresario Daniel Laurenti y Gustavo Serventich, socio minoritario de Meldorek.El listado se completa con Patricia Alonso (secretaria de Sergio), Leonardo Hubscher, Mauro Colina García, Hebe Coria, Alberto Marcelo García, Mariana Tercero, Daiana Troncoso, Gustavo Martínez, Walter Cavagliato, Daniel Gillert, Manuel Camet (mano derecha de Pablo) y Hugo Omar Gallardo (un abogado que llegó de la mano de Pablo y terminó como apoderado durante algunos días).En mayo el caso cumplirá un año. Fue llevado a tribunales a partir de una pelea entre los hermanos Schoklender.El juez investiga si fondos aportados por el Estado para el programa Sueños Compartidos fueron desviados por Schoklender a través de las empresas Meldorek SA y Antártica Argentina para la compra de bienes y la realización de emprendimientos privados.El 27 de diciembre Di Lello pidió la indagatoria de los hermanos Schoklender, Alejandra Bonafini y de otras más de sesenta personas al dar por probado el manejo irregular de fondos públicos destinados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.Mediante un dictamen de 190 carillas que presentó ante el juez federal Oyarbide, el fiscal pidió que cite a todos ellos por los delitos de administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de dinero, entre otros, y remarcó que los Schoklender formaban una organización compleja destinada a cometer delitos.El fiscal imputó a Alejandra Bonafini pero dijo que a la dirigente de derechos humanos le cabe una responsabilidad civil y no penal: según el fiscal, contribuyó “a despojar de fondos públicos a la fundación” y está sospechada por la venta a la empresa Meldorek SA de “la Unidad Funcional 15 ubicada en el pisos 4° y 5° de la calle 44, número 1324, en La Plata, y por la suma de 25.000 dólares, que no sería el precio real de mercado. El control de obras del juezA fines de marzo, el juez federal Norberto Oyarbide encabezó en la localidad salteña de Tartagal la inspección ocular en un centro de salud que construyó la Fundación Madres de Plaza de Mayo con el programa “Sueños Compartidos”, en el marco de la causa que investiga si hubo malversación de fondos públicos en ese plan.También había estado en Santiago del Estero para realizar el mismo trámite en un complejo habitacional construido mediante ese programa. En Salta, Oyarbide recorrió el predio, donde nunca funcionó el servicio de salud, junto con el juez federal salteño Juan Reynoso y el abogado denunciante, Sergio Heredia. “Nuestra presencia obedece a tomar contacto directo con el centro de salud y conocer lo que se ha realizado y lo que podemos recoger testimonialmente de diferentes personas”, dijo el juez.Además, se reunió con su par santiagueño Guillermo Molinari, a quien le requirió la presencia de especialistas de la Policía Federal para que efectuaran pericias de lo construido para evaluar el avance de las obras y compararlo con el desembolso de fondos que se hizo para esos emprendimientos.
Discussion about this post