La Justicia dio lugar al amparo solicitado por una suplente

POSADAS. La Justicia Laboral dio lugar al amparo solicitado por una docente suplente desafectada en febrero por resolución del Consejo General de Educación (CGE) y ordenó a este organismo a pagar todos los sueldos caídos y los meses que se devenguen en el futuro como maestra de grado, turno tarde, de la Escuela 5 de esta ciudad.    Este es el primer caso que llega al ámbito judicial de los 1.500 suplentes a los que el CGE les otorgó en 2009 “estabilidad laboral” por Resolución 633/09 , homologada por la Secretaría de Trabajo de Misiones; y en febrero de este año los corrió de ese mismo cargo a través de la otra resolución, la 15/12. El abogado representante de la docente en cuestión es Pablo Isaac Lenguaza, quien confirmó a PRIMERA EDICIÓN que el jueves 13 de abril el juez Laboral Nº 1 de primera instancia, Manuel Ángel Silva Dico, hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó al CGE a que depositara a la suplente todos los sueldos adeudados desde febrero y pague sus haberes futuros “bajo apercibimiento de aplicar astreintes para el caso de incumpliento”.      Diez años como suplenteLa docente en cuestión ejerció como suplente al frente como maestra de grado, turno tarde, de la Escuela 5 a lo largo de diez años en forma consecutiva. Es decir que durante ese período la titular del cargo estuvo con cambio de tarea y por ello permaneció ausente (con autorización del CGE) para enseñar frente al aula. Por esa razón, fue una de las suplentes beneficiadas en 2009 por una resolución del CGE donde se otorgó estabilidad laboral a suplentes que no podían ser titularizados en los cargos respectivos porque estos ya tenían titulares pero a los que se hizo “acreedores de la estabilidad laboral en las mismas condiciones que los interinos”, según estableció ese documento. El caso de la docente amparada por la Justicia, no sólo era “acreedora de estabilidad laboral” sino además estaba en proceso de titularización (Resolución 554/09 del CGE). Pese a ello, en febrero se quedó sin trabajo en la Escuela 5. Según relata la damnificada en el pedido de la medida cautelar, “esta nueva resolución (15/12) también afectó mi situación laboral, habiéndoseme privado abruptamente del goce de los sueldos en el cargo donde me desempeñé por diez años consecutivos (…). Con esa medida unilateral y repentina de las nuevas autoridades del Consejo General de Educación (CGE) se está afectando el goce a mi medio de subsistencia, el sueldo docente en el cargo donde conforme la lucha de docentes, se llegó a la estabilidad laboral, ahora suspendida por la nueva resolución proveniente de ese organismo, contrariando la doctrina de los actos propios y derechos adquiridos”.   Herencia pesadaEl Frente Gremial Docente fue el único que advirtió en febrero de este año las implicancias de que el CGE no reconozca la estabilidad laboral que otorgó tres años atrás a un grupo importante de suplentes, a quienes aconsejaron que no abandonen el cargo aunque regresara el titular. Alrededor de 1.500 docentes suplentes a los que en 2009 -a través de la resolución 633 del Consejo General de Educación (CGE)- se les otorgó “estabilidad laboral” por reemplazar a titulares o interinos en situación de retiro voluntario, con cambio de tareas (artículo 92) y licencias médicas por largo tratamiento (artículo 44) y se los hizo “acreedores de la estabilidad laboral en las mismas condiciones que los interinos”, se encontraron en febrero con el regreso de los titulares que -según la misma resolución- habían iniciado trámites jubilatorios o la patología que originaba su licencia establecía su imposibilidad de retomar su actividad laboral”. Esta resolución del CGE -opuesta a la letra y espíritu de la Ley del Estatuto Docente- estuvo precedida de un acuerdo entre el que por entonces eran presidente del CGE, Fernando Dasso; el ministro de Educación, Hugo Passalacqua; y secretaria general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), Stella Maris Leverberg. Este acuerdo fue homologado por la Secretaría de Trabajo de Misiones. Ahora, no sólo el Frente Gremial exige al CGE que “se haga cargo de la situación”. También la Justicia Laboral apunta a ese mismo sentido.