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Cooperativas eléctricas piden suba de tarifas o bajar precios de venta de Emsa

14 abril, 2012

POSADAS. Pasadas las elecciones en la mayoría de las instituciones y, como prueba, el primer cuatrimestre de 2012, las cooperativas eléctricas agrupadas en la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (Fecem) volvieron a la carga para lograr reflotar sus cuentas en rojo. Como era de esperar, solicitaron una audiencia al gobernador de la provincia, Maurice Closs, a fin de analizar las alternativas que el Ejecutivo está dispuesto a habilitar para que las entidades cooperativas recauden más. En primer término, este diario pudo saber que aparece como propuesta la suba de las tarifas en un 10% (cifra similar a la autorizada el año pasado). Pero como existe una restricción por parte de la secretaría de Energía de la Nación para la suba de tarifas, la alternativa sería que la deficitaria Electricidad de Misiones SA (Emsa) rebaje entre un 15 y 20% el costo al que vende la energía a las cooperativas, algo que el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Bacigalupi, se encargó de descartar en diálogo con este diario.“La solución hoy está en manos de la Nación”, dijo Bacigalupi.Una tercera alternativa que se analizó es la de percibir un subsidio anual. “Pero hoy, recibir dos millones de pesos como el año pasado no alcanza para nada al distribuirlo entre las cooperativas. Eldorado debe tener una masa salarial de tres millones de pesos y para pagar los aumentos de sueldos necesitan cerca de 700 mil pesos. Y recibir 300 mil pesos les significa la mitad de lo que necesitan. Algo similar le pasa a la CELO. Para las cooperativas, no es un subsidio lo que buscamos, sino ingresos mes a mes”, explicó un reconocido cooperativista de la Zona Norte.Cabe recordar que a Fecem está integrada por nueve cooperativas: Agua y Energía de Dos de Mayo; Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada; Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá; Cooperativa Luz y Fuerza Ldor. Gral. San Martín; Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda; Cooperativa de Electricidad de Cainguás; Cooperativa del Alto Uruguay de 25 de Mayo; Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda. de Leandro N. Alem; Cooperativa de Electricidad Urbana, Rural y Otros Servicios Públicos de Concepción de la Sierra.Crisis que no tiene finEs que la crisis para las entidades encargadas de distribuir la energía en el interior misionero, no pasó y se agrava con el correr de los meses. “Ya no solo se hace difícil cumplir con los pagos de provisión de energía a proveedores de materiales, al personal y de mantenimiento de líneas. Más difícil nos resultará absorber los aumentos que se esperan para los meses de mayo y junio para el personal agremiado en Luz y Fuerza”, explicó una fuente confiable del sector cooperativo.Según trascendió ayer, habría entidades cuyo déficit alcanza los 200 mil pesos mensuales.En la última reunión del pasado miércoles, la conducción de la Fecem motorizó el pedido de audiencia entregado ayer, a pesar de mantener en forma constante encuentros con Bacigalupi. Pretenden exponer “la situación real que atravesamos. Vamos a ir con un planteo concreto de que, así como la provincia trata a Emsa, colaborando permanentemente con fondos, de la misma manera que lo haga con nosotros. Queremos un tratamiento igualitario Emsa-cooperativas porque la situación energética es general. Nosotros tenemos claro que la provincia tiene otro tipo de beneficios, por eso proponemos que Emsa nos baje el costo de la energía. A la Provincia le ingresa dinero por energía, a nosotros no”, detalló la misma fuente. Si bien el aumento de tarifas forma parte del petitorio, la dirigencia sabe que una resolución de la Secretaría de Energía nacional prohibe cualquier suba de las mismas y la Provincia acata la resolución, a tal punto que se estudia cómo hará Emsa para pagar los aumentos a los empleados.“En el caso de Emsa, hay otros ítems que se pueden tocar sin contradecir la resolución nacional”, habría revelado un funcionario.Negociación por salariosA pesar que la Fecem viene pidiendo que se regionalice la discusión paritaria, este año la decisión quedaría en manos de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) en forma unánime, que deberá sentarse con la Federación de Empleados de Luz y Fuerza a definir el monto del acuerdo salarial. Hasta ahora, el gremio habría planteado negociar un porcentaje al mes de junio, donde ellos prevén que puede darse en el país “un pico de inflación”. Con esa premisa, FACE ofreció un 2% acumulativo de marzo hasta junio, pero la FATLyF pidió un 13,8%  para el mismo período. Con las dos ofertas presentadas, la semana que viene habría otra negociación y antes de fin de mes una definición.Cabe recordar que, en silencio, Luz y Fuerza de Misiones acordó un 15% de aumentos salarial escalonado con Emsa para el inicio del año, retroactivo a marzo.  “Estamos evaluando”El subsecretario de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Marcelo Bacigalupi, explicó a PRIMERA EDICIÓN que en el reclamo cooperativo en materia tarifaria “no hay nada en concreto, es un tema que todavía estamos evaluando”.Sobre una rebaja en el costo de venta de la energía de Emsa a las entidades, Bacigalupi dijo: “No, no. no creo. Desfinanciaríamos a Emsa y no solucionamos el problema real. Estimo que a nivel nacional, y así lo hablamos con otros ministros de Obras Públicas de las provincias, que la Nación tendría que dar no muy lejanamente las instrucciones de cómo actuar con el aumento de tarifas. Estamos en la puerta de un aumento salarial de los trabajadores de Luz y Fuerza que es significativa para las prestadoras y sobre todo para las cooperativas del interior”.Recordó que “hay una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación donde se indica que todo aumento que se realice en las provincias será descontado en subsidios. Por eso estamos esperando definiciones por parte de la Nación”. Según el funcionario, ya hubo  multas para Santa Fe y Córdoba que subieron las tarifas.Este año, se esperan precisiones para saber si las tarifas conseguirán bajar en invierno el monto que subieron por razones “estacionales” en los meses de verano.Finalmente, el subsecretario Bacigalupi advirtió que “de no tener instrucciones claras, las cooperativas estarán seriamente comprometidas, no creo que lo puedan hacer, por eso esperamos para cualquier momento las instrucciones. Las provincias las pidieron, pero no hay nada en concreto”. 

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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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