POSADAS. La segunda jornada de testimonios en el juicio que se tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas aportó nuevos vínculos respecto al carácter sistemático de la represión ilegal lanzada en Misiones a fines de 1976, tras el golpe militar, y a la participación activa que tuvo en las operaciones de secuestro, torturas y detención de personas la Policía de la provincia de Misiones.En la ronda de testigos que prestaron declaración ayer, en la que los denunciantes repasaron el relato brindado en la primera etapa de instrucción -hace varios años- dos de los declarantes reafirmaron haber identificado a dos acusados; uno al agente sumariante Julio Argentino Amarilla y el otro a Carlos Alberto Pombo; el primero acusado por 41 hechos y el segundo por 10. Los nombrados comparten el banquillo de los acusados con el ex coronel Carlos Omar Herrero -que fue jefe de la Policía de Misiones- a quien se juzga por 42 hechos; al ex jefe de Informaciones de la Policía provincial, Felipe Giménez, también presunto responsable por 42 hechos; y el médico policial Guillermo Roque Mendoza; indagado por tres hechos; en la causa “Herrero y otros”, acumulada y recaratulada bajo el número 87/2010, del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.El ex preso político Ángel Dionisio Fleitas recordó en su declaración efectuada en la mañana de ayer que oyó con claridad la voz de Pombo durante una sesión de torturas: “Individualicé a la voz que conocía bien de una persona que era jugador de fútbol profesional y a la que después llamaron por su nombre”, precisó, en referencia a la actuación de Pombo en el Club Atlético Posadas.Por su lado, Ricardo Cáceres, un ex militante del Partido Auténtico, y empleado entonces de la tienda “El Triunfo”, ubicada en el centro posadeño, recordó que la única vez que, luego de someterlo a salvajes torturas, le bajaron la venda para interrogarlo “pude ver con claridad a Amarilla, anotando todo en una Olivetti”, describió, aludiendo así a la condición de sumariante del acusado, quien habría tenido a su cargo la elaboración del expediente que se elevaría al comando central en Buenos Aires.El testimonio de Fleitas, de un impresionante realismo al describir las torturas y vejamenes sufridos, mostró los abismos de deshumanización en que habían caído los integrantes del aparato represivo, a la vez que corroboró detalles y procedimientos que -al repetirse en diferentes exposiciones- dibujan la trama de un circuito del terror férreamente diseñado y ejecutado.Circuito del terrorLas dependencias de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial aparecen una y otra vez en el relato de los testigos siendo usadas como centros clandestinos de detención, donde se repiten procedimientos de secuestro, interrogatorios y métodos de tortura, como las sesiones intensivas de picana eléctrica o la precaución de mantener siempre vendados a los prisioneros para evitar ser reconocidos y hasta un automóvil Taunus blanco, con techo vinílico negro, usado para los secuestros y detenciones ilegales.Las declaraciones de los testigos difieren en el tono y el grado de precisión de la evocación de lo vivido, hace 36 años, pero del relato surge con nitidez que se actuaba en base a un circuito prefijado, en el que figuraban la Jefatura, la llamada “Casita del Rowing”, el Regimiento y la sede de la Policía Federal, entre otros sitios, algunos de organismos que mostraban una fachada presuntamente legal, pero escondían detrás los peores crímenes. El testigo Francisco Dominika, quien consideró que las consecuencias de la represión ilegal se pueden ver hasta hoy en el distanciamiento de la gente con instituciones como la policial. Subrayó que “proporcionalmente, con respecto a otras provincias, Misiones ha sido sumamente castigada, sumamente sometida al miedo y el terror”.Firmas falsas y ampliacionesLa Fiscalía insiste en hacer reconocer a cada testigo el expediente en el que figura su presunta firma, de la que todos relatan que les fue arrancada bajo la presión de la tortura, el miedo o la semi-inconsciencia. La confección del expediente con declaraciones falsas indica, se presume, el carácter ilegal de la operación represiva.En tanto, los imputados Pombo, Amarilla y Herrero se mantienen generalmente en un impenetrable silencio, especialmente el último de los nombrados, y sus abogados esperan el momento procesal adecuado para hacer sus alegatos.No ocurre lo mismo con los acusados Mendoza y Giménez, quienes volvieron ayer a pedir que se les dé la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa en juicio ampliando sus declaraciones iniciales.Mendoza no agregó demasiado a la defensa que ya había ensayado en la última audiencia y Giménez, quien sistemáticamente se retira del recinto judicial cada vez que declara un testigo, se dedicó a refutar las declaraciones del testigo Fleitas, al que dijo desconocer absolutamente, y acusó de “estar pagado por la señora Franzen (Graciela) y la Secretaría de Derechos Humanos”. Como ya lo había hecho en la audiencia anterior, el ex jefe de Investigaciones trazó su defensa impugnando en términos políticos a la acusación, con declaraciones del tipo: “Estamos bajo el aparato represor del estado, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”.El presidente del tribunal, el formoseño Rubén Quiñones, se ciñe con rigurosidad a la ley que ordena dar amplias garantías a los acusados, actitud que aprovechó el abogado Ortellado, defensor de Mendoza, para interceder en el debate en momentos en que no debería hacerlo.Ortellado no aportó nada nuevo a la defensa de Mendoza, que se defiende invocando que su actuación siempre se mantuvo dentro del profesionalismo médico, pero dice a quien quiera escucharlo que en su momento insistirá en la línea maestra de su defensa, alegar que el decreto del Gobierno provincial que en 2004 eliminó los archivos remanentes de la actuación policial durante al dictadura le impide ejercer la adecuada defensa.A 36 años de los hechos, los ex presos políticos, que constituyen la mayoría de los más de sesenta testigos que comparecerán en este cuarto “juicio por la verdad”, se muestran dispuestos a -por una vez- ser oídos por la Justicia, pero no ocultan cuán doloroso es, además de reparador, este ejercicio de la memoria. “Actuaban en la impunidad”El empleado administrativo de la UNaM Eugenio Francisco Dominika describió con precisión el &am
p;ldquo;modus operandi” y los objetivos y consecuencias de la represión ilegal durante la dictadura, que -a su juicio- continúan generando efectos hasta el día de hoy en la sociedad y en la propia institución policial. “Surge tanto de la declaración testimonial en sede judicial como ahora interrogados por el Tribunal Oral que se ha determinado bien detalladamente, en forma identificada, que el móvil, el automóvil, y el personal que me secuestró correspondían a la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia de Misiones”. “Las maniobras propias de un secuestro, de tirarlo al piso, de hacer circular el automóvil por lugares para desorientar, llevarlo a un lugar no oficial, todo ya con la pretensión de realizar hechos fuera de la ley, para quedar cubiertos por la impunidad, para que no se pueda ubicar por dónde fue llevado, por quién fue llevado, adónde fue llevado”, remarcó el ex preso político que declaró ayer en el “Juicio por la Verdad”. Agregó que el fin era “dejar un manto de olvido, ya sea sobreviva la persona, o no”. Habló también de “la ferocidad y su complicidad con las torturas que ellos mismos han practicado a mansalva, sacando de sí lo peor de la condición humana, sin tener mayor información, más que los ideales que uno siempre ha tenido y los sigue manteniendo, esperando una sociedad mejor y un país más justo. Con el miedo y la inanición que han instalado en la sociedad, la tortura y la represión, han acentuado la desigualdad en la sociedad, que en aquella época no estábamos tan lejos de lograr nivelar hacia arriba. En los años 70, la Policía ha perdido el crédito que tenía en la sociedad, desde entonces, el policía -que era el vecino más que nos cuidaba- pasó a ser el elemento del que la sociedad tiene que desconfiar, y por eso hay sectores en los que la Policía no puede entrar, lo que no pasaba en los 70”.
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