BUENOS AIRES (NA). Luego de denunciarlo públicamente la semana pasada, el vicepresidente Amado Boudou formalizó una presentación judicial contra el procurador general de la Nación, Esteban Righi, y el titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, en medio de la investigación por presunto tráfico de influencias en el caso Ciccone.El abogado y amigo del vicepresidente, Eduardo Durañona, presentó la denuncia formal poco después de las 9 ante el juez Ariel Lijo y bajo la tramitación del fiscal Jorge Di Lello.La presentación no impidió una catarata de denuncias de dirigentes de la oposición y abogados contra el vicepresidente por no haber llevado antes esas acusaciones a los tribunales. En la acusación, Boudou ratificó lo dicho en conferencia de prensa el jueves pasado, cuando acusó al estudio jurídico de Righi por supuesto tráfico de influencias y a Gabbi por ofrecerse como nexo para una coima, al defenderse de las acusaciones en torno a la investigación que lleva adelante el juez Daniel Rafecas.Hoy el magistrado Lijo le enviará al vicepresidente una notificación para comunicarle que puede ratificar la denuncia a través de un escrito.Es que, según el artículo 250 del Código Procesal Penal, los funcionarios públicos no están obligados a ratificar sus presentaciones de forma personal ante el juzgado.La semana pasada, luego de que el juez Rafecas autorizara un allanamiento de un departamento de su propiedad, Boudou cuestionó al magistrado y apuntó a Righi y Gabbi.Dijo que el estudio García, Labat, Musso y Righi se había ofrecido ante él para aceitar sus vínculos con la Justicia Federal, que funciona en Comodoro Py. Esas propuestas, según señaló el titular del Senado, se dieron en 2008, 2009 y 2010.En ese marco, Boudou también acusó al titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por proponerse como intermediario entre él y la empresa Boldt, a cambio de una suma de dinero. Contra denuncia por la “omisión” Diputados nacionales, el ex legislador Juan Carlos Morán y un abogado denunciaron por triplicado al vicepresidente Amado Boudou por haber omitido la presentación ante la Justicia de presuntos intentos de extorsión y de soborno de los que dijo haber sido objeto.Las acusaciones contra el número dos del Ejecutivo nacional fueron radicadas el mismo día en el que finalmente Boudou denunció aquellos hechos.Las denuncias, surgidas en el marco de la causa Ciccone Calcográfica, son por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que estaba obligado por su cargo a presentarlas.Según confirmó Noticias Argentinas, Graciela Ocaña, Manuel Garrido y Ricardo Gil Lavedra, diputados de Udeso y la UCR, respectivamente, efectuaron en los tribunales la denuncia.“Es una situación muy grave y se trata de hechos que debieron ser oportunamente denunciados ante la Justicia. Todo funcionario público tiene la obligación de denunciar hechos ilegales. Él ha dicho que intentaron sobornarlo”, explicó Ocaña. El kirchnerismo denunció al juez Daniel Rafecas por el caso Ciccone El representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, presentó ante el cuerpo una denuncia contra el juez federal Daniel Rafecas, sobre la base de los cuestionamientos que recibió por parte del vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone.Según pudo saber Noticias Argentinas, la presentación de oficio ingresó a las 15.30 y será analizada desde hoy por la Comisión de Disciplina y Acusación, presidida por el kirchnerismo, que tiene como competencia proponer al plenario del Consejo sanciones disciplinarias a los magistrados por cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia.Las sanciones van desde advertencias, apercibimiento y multas de hasta un 30% de sus haberes, hasta la elevación al plenario de los dictámenes de remoción y o suspensión.“Si el vicepresidente de la Nación, que es el segundo en la línea sucesoria del Ejecutivo, hace una denuncia de tal calibre es obvio que el Consejo de la Magistratura se tiene que abocar a la investigación. Los dichos del vicepresidente implican una gravedad institucional que el Consejo no puede soslayar”, sostuvo Ordiales.El integrante del cuerpo argumentó que el allanamiento de una de las propiedades del ex ministro de Economía en Puerto Madero “estaba avisado”, en línea con la acusación contra Rafecas realizada por Boudou, aunque indicó que no puede “afirmar que haya sido el propio magistrado” quien puso al tanto a la prensa sobre el operativo.“El vicepresidente duda de la imparcialidad del magistrado y eso es lo que está en tela de juicio, no la agencia de noticias, que puede ser una metáfora, que puede ocultar algo más profundo”, resaltó Ordiales al analizar las declaraciones de Boudou del jueves último en el Senado.Aclaró, en este sentido, que esa situación “no implica un imputación concreta al juez”, a cargo de la causa en la que se investiga a Amado Boudou por el caso Ciccone, sino que “se va a investigar y luego de la investigación” se analizará si corresponde acusar al magistrado. Piden comisión de juicio político La diputada nacional de Unión por Todos, Patricia Bullrich, reclamó al oficialismo que se conforme la comisión de Juicio Político para poder “esclarecer las sospechas que pesan” sobre el vicepresidente Amado Boudou, a través de la citación de distintos actores en el caso de la ex Ciccone.En la nota, Bullrich pidió que se convoque al cuerpo a una decena de personas: al ex gerente general del BCRA, Benigno Vélez; Katya Daura, titular de la Casa de Moneda; la Presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; además de “funcionarios y directivos involucrados por el cual aquella institución le otorgó una moratoria excepcional a la ex Ciccone.
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