POSADAS. Pocas voces del interior se animaron a expresarse por la disparatada valuación fiscal que aplicaron las direcciones de Rentas y Catastro a partir de este año, y que elevó entre 10 y 50 veces el valor de las propiedades de toda la provincia si se las compara con los precios del año pasado. En todas las ciudades hubo reacciones adversas y las impugnaciones presentadas por contribuyentes ante las oficinas responsables llegan a cuatro mil.Ricardo Domínguez es un martillero público domiciliado en Montecarlo, responsable de la inmobiliaria RD Propiedades. Hace algunos días atrás le envió una carta al intendente local, Julio “Chun” Barreto, en la que le pide su “intervención e intermediación ante el ente oficial Dirección General de Rentas de la provincia para reclamar a ese organismo la urgente corrección en las cifras de precios mínimos y máximos fijados en los valores del metro cuadrado de predios urbanos y rurales de nuestra ciudad, según resolución 42/11”.La carta, a la que accedió PRIMERA EDICIÓN, le señala con detalles al “señor intendente” las “injustas y descabelladas” valuaciones que “no guardan relación con ningún parámetro, índice inflacionario, valor del dólar ni precio de la construcción de obra nueva”.“Menos aún con ítems que gravitan a la hora de tasar una propiedad: nuestra ciudad, desarrollada a lo largo de una sola arteria, carece de los beneficios de proximidad en los servicios, elevando costo y tiempo en cualquier trámite. Se cuenta con dos arterias paralelas con tramos inconclusos, parte empedradas, asfaltadas, incluso terradas”, agrega el inmobiliario.Domínguez continúa: “De aplicarse la medida decretada por Rentas, en lo que nos atañe implicaría la disminución o desaparición de la actividad del corretaje inmobiliario, pilar importante del desarrollo de una ciudad, y con ella toda su actividad concomitante de servicios y la inversión en construcción de obras”.Aspectos más gravesCon total certeza y conocimiento, el inmobiliario además advierte al intendente Barreto que “el valor fiscal, que significa el 70% del valor real, incide directamente a la hora de realizar una transferencia que conlleva el 1,5% de impuesto por dicho trámite; 3,0% de ganancias; 2,5% de impuesto de sellos; 3,42% de ingresos brutos; y 0,4% de tasa de inscripción en el registro de la propiedad; haciendo una suma superior en cada operación al 10% del valor de la transacción”.“Es decir del valor de una propiedad de $ 300.000, que antes del decreto valía $ 60.000, la mitad ($ 30.000) solo corresponde a impuestos, sin sumar honorarios profesionales de escribanos, martilleros, etc, lo que demuestra señor Intendente la imposibilidad material de lo apuntado más arriba”; explicó el martillero.Y añade “otra cosa muy importante es que se cercena el derecho a más del 60% de los poseedores de lotes a regularizar su situación dominial. Este punto debería tenerse en cuenta para la ampliación de la base tributaria, y no el aumento desmedido del tributo en cuestión”.“Por último -recalca el contribuyente- quisiera señalar la inequidad manifiesta entre los municipios vecinos en la aplicación de las subas mencionadas. Respecto a ello quiero creer que sólo existe un error tipográfico de corrimiento de una coma pues entiendo que correspondería ser $18,00 el mínimo y no $ 180,00 y de $ 72,00 el máximo y no $ 720,00. Conociendo que el decreto fue emitido el día 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, tal vez esté allí la broma”, finaliza con ironía la nota. “En la seguridad de que el tema se trata de un error y confiando plenamente en su gestión, aguardo pronta solución al caso planteado”, se despide el martillero.
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