Rodríguez y otras seis personas fueron sentenciadas a penas de hasta trece años por lavado. Se conocieron los fundamentos del fallo. El insólito hallazgo de un Manual para la Prevención del Lavado en RRVip. La pesquisa por el origen de un lote en La Eugenia.
Pese a la complejidad superlativa, el Tribunal Federal de Corrientes resumió las 7.400 fojas de la investigación en apenas una frase. Los imputados hicieron de la actividad delictiva un modo de vida.
Esa fue una de las conclusiones que se conocieron ayer, tras la divulgación de los fundamentos del fallo que estableció condenas de hasta trece años por lavado de dinero en la narcoconcesionaria?RRVip y otras dos empresas afincadas en Misiones.
El santafesino Roberto Rodríguez (38), al decir de la Justicia, cabecilla de la organización, junto a los otros seis sentenciados en la provincia vecina fueron artífices de una red que incorporó en el circuito legal un monto aún no establecido de dinero -serían 158 millones de pesos- proveniente del ilícito.
Tal como PRIMERA?EDICIÓN informó en su momento, la sentencia se conoció el jueves 15 de marzo y derivó en trece años de condena para Rodríguez; 10 años para su madre, Santa Elba Aquino (66); Griselda Romina Sosa (37), exmujer del cabecilla; y José Rafael Glibota (65), socio comercial de Rodríguez; ocho años para Rosa Gladys Ramos (45), cuñada de Rodríguez; seis para Daniela Rocío Villalba (32), ex de Rodríguez; y cuatro años y medio para María Herrera (43), pareja de Glibota.
La del santafesino fue la sentencia más alta en la historia del país por lavado de dinero. Rodríguez es el único que permanece detenido, ya que sobre sus espaldas pesa una condena a nueve años por narcotráfico -pagaba los cargamentos con vehículos de alta gama- dictada en Buenos Aires en 2017.
El resto aguarda en libertad hasta tanto la sentencia -que incluyó embargo para todos y la cancelación de la personería jurídica de las empresas pantalla- adquiera firmeza.
Tres años bajo la lupa
Los argumentos de los magistrados Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas de Badaró se dieron a conocer ayer y, en los mismos, los jueces coincidieron en que?Roberto Rodríguez era quien mantenía vínculos con personas directamente ligadas al narcotráfico, actividad esta última que le producía una innumerable cantidad de dinero y bienes que, luego, eran ingresados al circuito financiero legal con la participación de los demás imputados a través de diversas actividades, pero esencial y básicamente a partir de la compra-venta de vehículos de alta gama y la explotación comercial del Corralón Cerro Corá y el complejo turístico Tangará, estas dos últimas también radicadas en Misiones (una en Cerro Corá, la otra en Montecarlo).
En virtud de la trascendencia que tuvo el caso, sabido es cómo operaba la banda: a través de esas firmas simulaban actividades comerciales mediante las cuales blanqueaban?capital proveniente del tráfico de estupefacientes.
No obstante, varios detalles se conocieron ayer en los fundamentos, documento de 110 páginas. En el mismo se desprende que la investigación se inició en enero de 2012 después de que cayera un cargamento de tres toneladas de marihuana en Mendoza. Esa droga había salido de Misiones en un camión que era antecedido por dos automóviles puntero, uno de los cuales era un Audi Q5 que estaba a nombre de Glibota, socio comercial de Rodríguez.
Durante tres años de investigación, Gendarmería pudo comprobar los nexos del cabecilla con el narcotráfico y cómo este, a través de su círculo íntimo, tejió la red para el lavado de dinero. La investigación se inició, incluso, cuando RRVip -la narcoconcesionaria de la avenida Quaranta de Posadas- aún estaba en construcción.
La modalidad delictiva con la que operaban suponía entablar relaciones y/o vínculos con personas ligadas desde sus lazos parentales, filiales y/o conyugales; quizás porque ello le garantizaba a la asociación mayor protección, hacia adentro y hacia afuera, motivado en una mayor cohesión de los asociados, explicaron los jueces sobre el entretejido de la organización, tras ratificar que Rodríguez era quien poseía un rol preponderante en la organización.
Los jueces reiteraron en el fallo que los imputados hicieron de la actividad ilícita un modus vivendi y ejecutaron las acciones propias del lavado a partir de un proceso que se extendió durante un extenso período de tiempo (cerca de tres años).
Todo terminó en octubre de 2014, cuando los acusados fueron detenidos y se allanó RRVip. Surgió con los fundamentos un detalle no conocido hasta el momento: el secuestro en la escena de un Manual para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, elemento que, al decir del tribunal, nos permite tomar una real dimensión de la información que poseían los encausados a fin de eludir el control de los respectivos organismos del Estado.
Acorralados por las pruebas, los siete imputados finalmente fueron condenados y se ordenó, además, investigar a cuatro misioneros vinculados con el transporte de estupefacientes.?Sin embargo, el fallo también exige a la Justicia Federal otra investigación en suelo misionero para establecer el verdadero origen de un lote emplazado en el barrio privado La Eugenia de Garupá, donde la banda se habría reunido más de una vez.
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