El defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Miguel Molina instó a Salud Pública, Derechos Humanos, Desarrollo Social y Asuntos Guaraníes a proteger los derechos de los niños mbya en situación de calle. 
La imagen de la niña mbya tomando agua de un charco que recorrió los medios de todo el país visibilizó la situación de estas familias guaraníes en Misiones. Esta mediatización generó un revuelo en el Gobierno provincial que, pese a los rumores, no pidió la renuncia del responsable de Asuntos Guaraníes, Arnulfo Verón, un funcionario que está hace más de 20 años en ese puesto pese a las innumerables veces que los propios guaraníes demandaron su alejamiento.
Con Verón incluido, el Gobierno provincial convocó ayer a una reunión a los referentes de Salud Pública, Desarrollo Social, Municipalidad de Posadas y al defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Miguel Molina.
Antes de entrar a la reunión, Verón desmintió que vaya a dejar el cargo en una entrevista radial. Una foto azarosa hizo que estas 20 familias mbya que mendigan en Posadas condenen a las más de 2.110 familias guaraníes que viven en Misiones, remarcó el funcionario.
Al término de la reunión, el defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Miguel Molina, indicó a PRIMERA EDICIÓN que hay niños mbya guaraní en situación de calle en esta ciudad (no tienen sanitarios, ni garantizada una nutrición adecuada y están en un lugar peligroso) y por ello esa Defensoría dictó este miércoles una resolución (la 144/2017) de protección de esos niños.
Instamos a los distintos organismos del Estado (los ministerios de Salud Pública, Derechos Humanos, Desarrollo Social y la Municipalidad) a que intervengan para que cese de inmediato la situación de riesgo de los niños; a Salud Pública que brinde abrigo y protección a través del Hogar de Día a los niños en situación de calle, también a Derechos Humanos y Desarrollo Social para que trabajen en el fortalecimiento de estas familias, indicó.
Molina advirtió que no podemos tolerar que los niños sean tratados como propiedad de alguien, son sujetos de derechos y no podemos tolerar si vemos que son expuestos a la mendicidad que es una de las peores formas de trabajo infantil, según lo estableció la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Siempre, detrás de un niño pidiendo monedas hay un adulto que lo regentea, esas monedas no van al niño sino a un adulto. Por eso, la manera de sacar a un niño de la calle es no dándole monedas pero también el fortalecimiento de las políticas públicas específicas dirigidas a la infancia.
Una mirada hacia el ombligo
El defensor de los niños solicitó al referente de Asuntos Guaraníes que haga una revisión de las políticas públicas actuales, que se vea cuáles están dando resultados y cuáles son distorsivas o inadecuadas.
Para Molina hay mucho juicio y prejuicio hacia la comunidad mbya guaraní, hay que tener una actitud más fenomenológica, analizar los datos reales y objetivos: la situación de pobreza, de marginalidad, ver si realmente llegan a los mbya esa cantidad de recursos que se dicen que se asigna a las comunidades… hay organismos municipales, provinciales, nacionales e internacionales que se ocupan de los pueblos originarios y los tenemos en esta situación, fundamentó.
Judicialización, última opción
Ante la actual situación de mendicidad de los niños mbya, apuntamos al fortalecimiento familiar y a la revisión de las actuales políticas públicas. Por ejemplo, se dice muy alegremente que se gasta el dinero de la tarjeta social en el casino pero ¿acaso no puede ponerse una orden de restricción en el casino cuando se da el caso de una persona ludópata? Pero si el dinero que reciben estas familias para alimentos es insuficiente, también hay que resolver esa situación, planteó Molina.
Por otra parte, advirtió que la protección de los derechos de los niños es competencia del Poder Ejecutivo, para eso existe una Dirección de Infancia o un Ministerio de Salud para resolver los problemas sanitarios. Se recurre a la judicialización en últimas instancias, cuando hay que separar al niño de sus padres o tutores. Por supuesto, si existe la comisión de un delito habrá que reprimir ese delito y se pasará a la instancia judicial, pero en materia de protección de derechos, el Ejecutivo tiene amplias competencias.
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