El jueves 4 de mayo, el presidente Mauricio Macri firmó un histórico acuerdo con su par paraguayo, Horacio Cartes, en torno a la deuda por la represa hidroeléctrica de Yacyretá. “Estamos dejando atrás 30 años de incapacidad para entendernos” aseguró el líder argentino. Si se concreta el anuncio, la Argentina producirá 10% más de energía eléctrica. El objetivo es reprogramar una deuda a 20 años por 5.000 millones de dólares. Los antecedentes de las relaciones de ambos países, en relación con la central hidroeléctrica, son nefastos.Martes 3 de abril de 1990. Carlos Menem regresaba de Paraguay, donde había mantenido un encuentro con su par Andrés Rodríguez Pedotti. Muchos periodistas fueron testigos de una de sus frases célebres. “Si aquí hay un monumento a la corrupción, es Yacyretá”. A renglón seguido, blanqueó sus intenciones de paralizar la obra y privatizar la represa.Así comienza el anteúltimo capítulo del último libro del periodista Luis Gasulla, "El negocio político de la obra pública", en el que el autor asegura que en Yacyretá “fueron todos” y que es el símbolo más grande de corrupción de los últimos 30 años. <a href="http://www.infobae.com/">Infobae</a> publicó el lunes un fragmento exclusivo del libro:Aunque el expresidente –Menem- tatuó el estigma de la corrupción en el corazón de Yacyretá, a principios de esa década, recién se empezaba a esbozar el capítulo sobre las represas más polémicas de la historia nacional. Años más tarde, en 2005, las palabras de Menem se transformaron en un augurio: Transparencia Internacional ubicó a Yacyretá entre los diez “monumentos a la corrupción más grandes del mundo”. En plena crisis del petróleo, el 3 de diciembre de 1973 se firmó el acuerdo con Paraguay que creó el Ente Binacional Yacyretá (EBY). La rúbrica fue de los cancilleres, con la presencia del dictador Alfredo Stroessner y de María Estela Martínez de Perón. Ambos países soñaban, a principios de los setenta, con invertir 1.800 millones dólares en obras civiles para tener la represa en funcionamiento en 1979. Cuando en 2011 empezó a operar en plenitud, había demandado entre 11 mil y 13 mil millones de dólares, según quien cuente la historia. Habían pasado casi cuatro décadas de sobreprecios, obras, licitaciones, paralizaciones, nuevas obras, anuncios, cortes de cinta, retornos, reembolsos debidos e indebidos, adjudicaciones y más cortes de cinta. La enorme mayoría del dinero no fue destinada a la construcción. Unos 7 mil millones se usaron para financiar la obra. Otros mil millones se esfumaron en consultoras y estudios externos. Se llegaron a pagar 100 mil dólares para que una consultora paraguaya evaluara cómo refuncionalizar las oficinas de Puerto Madero. Aconsejó sacar una mampara y poner luces dicroicas, entre otras cosas. Los más pesimistas estiman que hay unos 1.800 millones de dólares que alguien “se los quemó”. El resultado fue escasa energía. Y cara.La construcción no se suspendió, como pretendía Menem. Tres años más tarde se terminaron las obras civiles. El 2 de septiembre de 1994 fue habilitada la primera turbina, aunque los veinte generadores empezaron a funcionar recién el 7 de julio de 1998, pero con el 62,77% de la potencia total, ya que el caudal del dique no era suficiente. La central había sido proyectada con una cota de 83 metros sobre el nivel del mar, pero tenía 76 metros, lo que provocaba una pérdida de 7345 GWh.Para poder realizar cualquier dique se necesita inundar tierras. Para la segunda etapa faltaba adquirir 38 mil hectáreas sobre un total de 56 mil a anegar, cuyo costo estimado era de 38 millones de dólares, pero se montó un verdadero negocio inmobiliario de grandes políticos a pequeños especuladores. Una de las primeras bombas estalló en 1990, cuando el contador Antonio Roque Casabona denunció que el consorcio Empresas Reunidas, Impregilo, Dümez y Asociados Para Yacyretá (ERIDAY), a cargo de la construcción de la represa, cobró la friolera de 2 mil millones de dólares en concepto de reembolsos indebidos. En otras palabras, dijo que el grupo de empresas se había llevado ilegalmente un plus equivalente al 100% de lo que era el presupuesto original para la obra. ERIDAY estaba encabezado por la italiana Impregilo y la franco-germana Dümez. Yacyretá no solo no exigía un porcentaje mínimo para capitales locales, sino que en su afán de destruir la industria nacional, Martínez de Hoz decidió que el consorcio ganador fuera internacional y estuviera liderado por una empresa extranjera. Impregilo y Dümez sumaron a varias empresas argentinas. Con excepción de Benito Roggio, que tuvo el 3,03% de la participación, las demás se quedaron con el 1,63% cada una. No obstante, la mayor tajada la sacó SOCMA, ya que sumó dos empresas: Sideco Americana y Supercemento. Los otros integrantes del consorcio fueron Techint, Sade, Conevial, Impsa, EACA, Codi, José Cartellone, Petersen, Thiele y Cruz, Polledo, Sollazo y Tecnomatter. El consorcio también incorporó tres empresas paraguayas, Conempa, CIE y Cepaya, todas, propiedad del expresidente Juan Carlos Wasmosy.El contador Casabona había sido contratado para conseguir los reembolsos que correspondían a todos los insumos y bienes de origen nacional en virtud de la ley 20.852. Había estimado que conseguiría un 2,5% del total del valor de las obras, pero lo reemplazaron por la empresa Dicmar SA, cuyo director, Guillermo Arturo Henin, se había comprometido a gestionar el cobro de reembolsos de 15% del total. Despechado, el 26 de julio de 1990, Casabona presentó una denuncia por defraudación al fisco que terminó sumándose a otro expediente que ya estaba abierto, impulsado por el exdirector de la EBY Alberto Aseff, quien había denunciado sobreprecios y pagos indebidos al consorcio constructor.ERIDAY se ofendió y comenzó una serie de reclamos judiciales por obras y servicios a Yacyretá.El día que Menem dijo que Yacyretá era un “monumento a la corrupción” se ganó el odio de Juan Carlos Wasmosy, quien luego fue presidente y era dueño las empresas paraguayas que formaban parte de ERIDAY y que querían su parte del millonario reclamo, un 15% que correspondía a sus firmas. El director ejecutivo de la EBY era Jorge Pedreira. Entre 1996 y 1998 se dedicó a ordenar la ruina administrativa en la que estaba sumida. Logró elaborar un dictamen sobre todos los reclamos del contrato llamado YC-1, es decir, la primera parte, de los cuales rechazó 38 y mostró sus reparos sobre otros 17. Solo aceptó pagar 101 millones de dólares y revisar otros 155 millones. También advirtió que solo reconocía el 20% de la supuesta deuda que reclamaba ERIDAY. La consecuencia es que tuvo que resistir un intenso cabildeo en su contra, que incluyó al exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, a Gianfranco Rizzo (gerente de Er
iday) y al verborrágico Wasmosy. Rizzo en julio de 1997 le dio una entrevista a La Nación en la que admitió haber pagado sobornos. “En el 90 por ciento de las empresas públicas de nuestro país hubo corrupción”, confesó. Admitió ser parte de ese grupo. “La coima que se hacía era para lograr algo debido, no algo indebido. Era para conseguir la certificación que estaba cajoneada hacía meses o apurar una habilitación. La empresa privada debía sobrevivir”, se justificó. Entre idas y vuelvas, en 1999 ERIDAY ya exigía 1.500 millones de la moneda estadounidense. Tres años antes, el Banco Mundial había entregado 900 millones de dólares para realizar obras en Posadas y, literalmente, no se había puesto ni un ladrillo. A esa altura ERIDAY tenía 55 reclamos exageradamente mensurados, improcedentes y absurdos. La Sigen solo reconocía una deuda real en torno a los 300 millones de dólares. La deuda no se saldó. El kirchnerismo metió una inauguración detrás de otra y en mayo de 2008 se denunció que “las tres últimas adjudicaciones de obras en la represa duplican el presupuesto original, con un sobreprecio promedio del 90 por ciento”. En total superaban los 750 millones de dólares. Julio De Vido tenía control total y Oscar Thomas era el director Ejecutivo. Los sobres de las licitaciones se abrieron en secreto y el 27 de febrero de 2011 la cota llegó a los ansiados 83 metros. Blas Medina, un lobbysta de Siemens que habría cobrado una rebanada de la coima fue testigo de una discusión entre Zulema Yoma y Carlos Menem en la Residencia de Olivos. El Presidente le explicó a su esposa cómo era el pago de sobornos en Yacyretá: “El promedio de coimas oscila entre el 10 y el 15%, que se reparte la mitad para cada país”. Zulema se lo contó al diario La Nación pero la fecha coincidió con la muerte de su hijo “Carlitos”, entonces sus palabras no resultaron creíbles.
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