Llamativamente, el Gobierno fundamentó la necesidad de la reforma, que acordó con la dirigencia de la CGT dialoguista, en la judicialización excesiva que se producía, y al mismo tiempo, al sortear el tratamiento legislativo que exigen la Constitución y los tratados internacionales a los que adhiere la Argentina; abrió un flanco para un inevitable cuestionamiento judicial. El propio Héctor Daer, dirigente cegetista que apoyó la propuesta del Gobierno, alertó sobre esta paradoja al declarara Radio Nacional, que le quedaba el “sabor amargo” de que la norma resulte inaplicable “por haberse terminado resolviendo a través de un decreto de necesidad y urgencia”.La anticipación del gremialista es razonable, partiendo del carácter excepcional de los DNU, tanto como es poco entendible la explicación del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien argumentó que “era tan inminente la necesidad de atención” del problema de la industria del juicio en el área laboral, que justificaba la vía del DNU. La explicación no ayuda a comprender porqué se procedió al margen de la ley cuando no existía una razón de urgencia suficiente que legitime tal procedimiento y asegure que las reformas se apliquen en el futuro sin tropiezos. Se dijo que el apuro del Gobierno se debe a su preocupación por bajar el costo laboral, si así fuera, se equivoca el camino al pretender que un decretazo apresurado, y sin una clara justificación, puede ser la respuesta idónea a los problemas de competitividad de la economía argentina. La recesión y las tensiones en el mercado de trabajo no se resolverán si se suplanta el consenso por la imposición.
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